Un par de expresiones violentas en unos chats de excompañeros de colegio son toda la evidencia que el Ministerio Público tuvo para acusar a unos hombres, que no se conocían entre sí, de conspiración terrorista e intento de magnicidio en un caso con un evidente trasfondo político. El encarcelamiento sigue pasando factura económica y psicológica a los capturados, mientras que las autoridades, que antes hicieron fiesta de declaraciones públicas en las redes sociales y medios de comunicación, hoy se esconden para no hablar sobre este montaje que se cae a pedazos.
Dayana Palacios, Lissy Serén, Carmen Mejía, Eduardo Vargas, Stephany Pineda, Ana Paola Ávila y José Quezada
Editor: Óscar Martínez
Ilustraciones: Diego Orellana
Días antes de ser capturado el 14 de agosto de 2025, justo afuera de su casa en Tegucigalpa, Arcadio López Estrada había sido avisado por los guardias de seguridad de su residencial privado que un carro sospechoso merodeaba su vivienda. Pero Arcadio no le dio importancia y siguió en sus actividades laborales como siempre, yendo a su pequeña empresa de ingeniería eléctrica.
Por aquellos días, como suele ocurrir en un año electoral, Honduras estaba agitada. La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica y la Confraternidad de Iglesias Evangélicas habían convocado a una marcha por la paz para el 16 de agosto en más de 50 ciudades del país. Aquello fue interpretado por algunos sectores del oficialismo como una intromisión en el proceso electoral que los dejaría mal parados a solo días de que se iniciara la campaña que culminaría en los comicios presidenciales del 30 de noviembre.
Entonces, el fiscal general Johel Zelaya, enfundado en un saco color crema y rodeado por el jefe de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), del subdirector policial de la lucha contra el narcotráfico y de la fiscal jefe de la Fiscalía de Protección a la Constitución, dijo que estaba ahí para “informar sobre un caso sin precedentes en la historia reciente” de Honduras, un “caso que no solo expone delitos graves, sino que confirma la existencia de una conspiración… Dicha conspiración tiene por objetivo paralizar al Estado, alterar el orden constitucional y poner en riesgo la paz social y la democracia misma, es decir, que no se realicen las elecciones generales… Con el respaldo de pruebas técnicas, científicas y documentales, se ha procedido este día a la captura de los señores Arcadio López Estrada, Perfecto Jesús Enamorado Paz, Antonio David Kattán Rivera. Estas personas han sido acusadas por los delitos de terrorismo y tentativa de asesinato… Su objetivo es atentar contra la vida del expresidente de la República José Manuel Zelaya Rosales… Este atentado forma parte de un plan mayor. Según su propia voz: botar al gobierno… impedir la celebración de las elecciones generales”.
Y así, como una absoluta sorpresa y a poco más de tres meses de las elecciones, el fiscal colaba en el ambiente preelectoral a tres “terroristas”, a un poderoso político oficialista que estaba por ser víctima de una conspiración asesina y a unas elecciones que estaban por ser dinamitadas. Todo ello, según el funcionario, sustentado en “pruebas técnicas” e, incluso, en audios donde se podía escuchar a los “terroristas” urdir su plan de desestabilización nacional.
Los funcionarios del oficialismo -incluyendo a Xiomara Castro, entonces presidenta y esposa del objetivo del supuesto atentado terrorista- y sus páginas de difusión en redes sociales inundaron la conversación virtual hondureña con declaraciones de repudio al plan de magnicidio y boicot electoral. Usaron palabras como “conspiración”, “golpe de Estado”, “pruebas científicas”, “fascismo”. Incluso crearon rápidamente un eslogan: “Si tocan a Mel, nos tocan a todos”. “Yo espero que la Fiscalía continúe la investigación y que no solo se señalen a los que salen en el audio, sino también a los que están detrás de esa trama”, escribió en sus redes sociales la presidenta, asumiendo que había autores intelectuales detrás de los tres “terroristas”.
Manuel Zelaya Rosales, más conocido como “Mel”, no era para agosto de 2025 una figura política cualquiera: era el expresidente derrocado en 2009 y principal líder del partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE). Su influencia seguía siendo determinante en la conducción política del país, incluso más allá del cargo que ostentaba su esposa, la entonces presidenta Castro. Zelaya era el articulador del poder político, con ascendencia directa sobre estructuras partidarias, incluidos los llamados “colectivos”, que actuaban como grupos de presión y choque en favor del oficialismo. En un contexto preelectoral tenso, su figura centraba tanto lealtades como antagonismos, lo que lo convertía en un actor central en la narrativa de amenaza o estabilidad que distintos sectores proyectaban sobre el país. Es decir, el “plan de asesinato”, revelado por el fiscal general, atentaba contra un símbolo del oficialismo.
Cuando aquel 14 de agosto de 2025 los policías allanaron la casa de Arcadio y lo sacaron de ella, él no entendía nada. Le dijeron que solo era una formalidad, lo subieron al carro. Se lo llevaron. Fue hasta una hora después cuando, aún en el vehículo, uno de los policías le dijo que estaba acusado de terrorismo.
Fue hasta horas después cuando se enteró que estaba acusado de un intento de magnicidio junto a dos personas a las que nunca en su vida había conocido.
Fue hasta semanas después, cuando su hijo tuvo que abandonar su beca de estudios en Italia y regresar al país para encargarse de la empresa familiar y cubrir los gastos de la defensa, cuando Arcadio entendió que estaba acusado de “un caso sin precedentes” por haber escrito unas líneas en un chat donde había otros 88 excompañeros de colegio.
El caso presentado por el Ministerio Público, en resumen, es este: una acusación de actos preparatorios punibles y asociación terrorista contra cuatro imputados. Tres de ellos, los ya mencionados, y quienes están en el centro de esta historia periodística, fueron capturados el 14 de agosto de 2025 y acusados con base en conversaciones en dos chats: uno de mensajes políticos entre 265 personas donde estaban Arcadio López y Perfecto Enamorado y otro de exalumnos de un colegio de San Pedro Sula, al norte del país, bautizado como “La Salle 88”. Otro acusado más, Gerardo Enrique Galeano Hernández, fue capturado el 1 de septiembre de 2025, acusado de los mismos delitos, porque según la Fiscalía su voz aparecía en unos audios incitando a “parar el país” y planificando acciones violentas, entre ellas atentar contra el expresidente Manuel Zelaya. Galeano también compartía el chat de “La Salle 88”.
Durante tres meses, un equipo de siete periodistas hondureños reconstruyó el caso de terrorismo presentado por el Ministerio Público. Logró determinar que la evidencia se centra en unos comentarios principalmente en el chat lúdico de exalumnos del colegio y que las instituciones rehúyen a dar declaraciones sobre un proceso que prefieren se mantenga en secreto, en el ámbito de la discusión política y no técnica.
“Por eso nosotros no nos hemos referido al tema. Únicamente se ejecutó la captura de estas personas porque eran “órdenes”, nos dijo la portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones. “Es que detectamos todas las irregularidades. Ahí no había absolutamente nada conforme a derecho”, nos dijo Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras.
“Asociación terrorista”
El equipo de Ciclos CAP obtuvo el requerimiento fiscal que dio origen a las capturas y allanamientos de agosto de 2025. Es un documento de ocho páginas, muchas de ellas gastadas en los formalismos literarios de una acusación judicial, en el que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado acusa a tres ciudadanos -Arcadio Corrales Estrada, Perfecto Jesús Enamorado Paz y Antonio David Kattán Rivera- de los delitos de actos preparatorios punibles y asociación terrorista en perjuicio del orden público.
La base probatoria del caso se centra en el contenido de dos memorias USB entregadas de forma anónima a la Policía, que contenían audios e imágenes de conversaciones en grupos de WhatsApp. En su acusación inicial, el Ministerio Público (MP) transcribe fragmentos donde los imputados discuten escenarios de violencia política, incluyendo frases como “puta verga a verga hay que matar a Mel Zelaya (sic)”; “Mire mi colega vino aquí a limpiar esta mojosa para ir a la marcha (sic)” -refiriéndose a un arma y a la caminata de oración por Honduras promovida por la iglesia católica y la confraternidad evangélica-; o “Mire esos colectivos cuando vean caer unos cinco con tres píldoras en el pecho no vuelven a verlos en las calles (sic)”.
El documento sostiene que estas expresiones constituyen más que opiniones: las interpreta como evidencia de una conspiración orientada a ejecutar actos violentos, generar terror y alterar el orden constitucional. El delito de asociación terrorista implica la coordinación entre varias personas con el propósito de cometer actos que provoquen alarma social o desestabilización; mientras que los actos preparatorios punibles sancionan acciones previas que, aunque no se hayan concretado, evidencian una intención delictiva.
Estos delitos conllevan penas que superan los cinco años de prisión, por lo que la Fiscalía logró justificar las capturas y allanamientos simultáneos en contra de los imputados. El MP consideró, al leer esas frases escritas en un chat con decenas de personas que no se conocían, que había en marcha una conspiración para planificar un atentado terrorista.
Sin embargo, el mismo documento revela que la evidencia central no corresponde a planes operativos concretos, sino a intercambios de mensajes, algunos en distintos chats.
En su escueto requerimiento, el MP omite decir que los imputados no se conocían, que no había ningún indicio de que tuvieran un plan o equipo para perpetrar un magnicidio y, mucho menos, boicotear unas elecciones. Lo único que la Fiscalía tenía eran unos comentarios muy pasados de tono en un chat de gente que tenía en común haber estudiado en algún momento en el mismo colegio.
La discusión sobre esto nunca alcanzaría las preguntas lógicas: ¿Es un acto preparatorio de terrorismo si en un chat familiar de diez personas alguien dice que habría que pegar un tiro a tal político? ¿Es un acto de conspiración para el terrorismo si en una cantina donde se reúnen 20 excompañeros de colegio uno dice que hay que armarse porque tarde o temprano la situación política será insostenible y habrá que tirar bala? ¿Cuánta gente debe haber en ese chat o en esa reunión para que se considere un complot? ¿Cuál es el límite entre un comentario violento hecho en un espacio privado y una conspiración articulada para cometer un magnicidio sin precedentes en un país? ¿Qué entiende el Ministerio Público por “conspirar”? ¿Cuál es la diferencia entre un comentario estúpido, violento, pasado de tono, y un acto de conspiración asesina?
Ninguna de esas preguntas entró durante meses al debate judicial. Sin embargo, las acusaciones coparon las redes de inmediato.
El uso político de un caso vacío
La reacción en redes sociales ocurrió el 14 de agosto de 2025, inmediatamente después del anuncio del fiscal general. Funcionarios y dirigentes del oficialismo difundieron mensajes que coincidían en un mismo enfoque: presentar el caso como un intento de magnicidio y una amenaza a la estabilidad política y electoral.
El entonces director de Aduanas, Fausto Cálix, afirmó que en el país operaban sectores que “han mandado a matar” a figuras públicas. El exdiputado de LIBRE, Rasel Tomé, calificó la actuación del Ministerio Público como un “paso firme” frente a una conspiración criminal. Rixi Moncada, candidata presidencial del oficialismo, vinculó el supuesto plan con intentos de generar caos y afectar el proceso electoral.
Apenas 15 minutos después del pronunciamiento del fiscal, comenzó a difundirse el lema: “Si tocan a Mel, nos tocan a todos”.
Ese mismo día, el fiscal general dijo que la sociedad debía “tener la confianza” en que el Ministerio Público garantizaría “elecciones limpias y democráticas” y reiteró que la institución estaba decidida a combatir la criminalidad. Ninguna de las frases dichas por los acusados en el chat tenía nada que ver con boicotear las elecciones, pero el fiscal lo incluyó dentro de su alarmante conferencia de prensa. Antes de que cualquier prueba fuera hecha pública, el caso de los “terroristas” se convirtió en el centro de una polémica nacional que ponía en riesgo la estabilidad institucional del país.
Tras el anuncio del Ministerio Público, la presidenta Xiomara Castro dijo que esperaba que la investigación continuara “no solo contra los que salen en el audio, sino también contra los que están detrás de esa trama”, introduciendo la figura de posibles autores intelectuales, sin puntualizar a quiénes se refería.
El secretario privado de la Presidencia e hijo de ‘Mel’ y de la presidenta Castro, Héctor Manuel Zelaya Castro, calificó las capturas como un “paso firme y responsable” para desarticular un plan criminal contra su padre. En su pronunciamiento, vinculó la denuncia con una narrativa de persecución sostenida desde el golpe de Estado de 2009.
El vicecanciller en Política Exterior, Gerardo Torres, repitió el eslogan en sus redes sociales: “Si tocan a Mel, nos tocan a todos”, acompañado de consignas de respaldo político.
Ese mismo día, horas después de que el Ministerio Público compartiera en sus cuentas oficiales el requerimiento fiscal contra tres de los implicados, el excanciller Javier Bú, quien asumió el cargo en junio de 2025 en sustitución de Enrique Reina, condenó el atentado y proyectó el caso hacia el ámbito internacional.
El titular de la Secretaría de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, afirmó, sin presentar prueba alguna, que los audios evidenciaban un “plan de magnicidio y golpe de Estado” y vinculó la denuncia con supuestos intentos de sabotear las elecciones. Incluso hizo arengas y comparaciones para reforzar su argumento: “Alerta todos: al fascismo debemos parar. Recuerden a Colin Powell (quien fue secretario de Estado de George W. Bush) en la ONU con sus ‘pruebas’ de armas de destrucción masiva. ¡Vamos todos con el comandante! ¡No detendrán las elecciones! Patria o muerte”.
Desde otra dependencia del Ejecutivo que no tenía nada que ver con el ámbito de la seguridad, el secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, se refirió a la existencia de sectores que creen que “silenciando” a Mel Zelaya se detiene un proyecto político.
Y así, en un solo día, el oficialismo en pleno puso en el centro del debate, además de un supuesto intento de magnicidio, un boicot electoral en ciernes.
La candidata presidencial de LIBRE, Rixi Moncada, ante la avalancha de declaraciones de los políticos que la rodeaban, tuvo que aclarar que “van a haber elecciones”. “De rodillas no vamos a estar jamás”.
El propio Mel Zelaya se pronunció en X con grandilocuencia tras las detenciones: “Los audios revelan una conspiración criminal para derrocar al Gobierno de Xiomara Castro, evidenciando las perversas intenciones de sectores oscuros que buscan sabotear el proceso electoral y consumar el magnicidio planificado desde el golpe de 2009. Ahora tampoco podrán lograrlo, porque nos cubre el pueblo y la sangre de Cristo”.
En contraste, apenas surgieron voces pidiendo cautela, como la del exvicecanciller Antonio García, que exigió una investigación exhaustiva y rápida, pero señaló que, hasta ese momento, las pruebas divulgadas se limitaban a audios sin contexto y a un chat grupal, lo que introducía interrogantes sobre la solidez del caso.
«Los policías gritaban que había un incendio en la casa»
Perfecto Jesús Enamorado Paz tardó varios días en aceptar la entrevista para este reportaje. Tenía miedo. Al final la concedió el sábado 21 de febrero de 2026, 192 días después de su captura, desde su casa en Comayagua, donde hacía 161 días que se encontraba bajo arresto domiciliario. Prefiere reservarse algunos detalles de su relato para no agravar una situación legal que le ha costado demasiado. A sus 70 años, este hombre —padre de tres hijas, originario de Comayagua, excomisionado del Comité Permanente de Contingencias durante nueve años y militante retirado del Partido Nacional— terminaría una madrugada de agosto siendo fotografiado por policías en el portón de su casa, en ropa de dormir, acusado de terrorismo y tentativa de homicidio.
«Primero salió mi señora y luego me dijo a mí: ‘Mirá, vienen los policías y vienen a ayudarnos porque dicen que hay un incendio en la casa'», cuenta Enamorado desde su sillón. Eran las 5:45 de la madrugada del 14 de agosto de 2025. Unos diez agentes rodeaban la vivienda, gritando desde afuera del portón. Para él y su esposa, la lógica era simple: policías que gritan que hay un incendio vienen a salvarnos. Bajaron al porche. Desde ahí hablaron con los agentes que exigieron que abrieran la puerta o que la tumbarían.
«Al momento de que mi esposa quitó el seguro de la puerta, ellos empujaron tan fuerte que golpearon su mano. Y ya una vez acá nos dijeron que se trataba de un allanamiento y que iban a hacer un registro general de la casa». El motivo: una orden judicial por cargos de conspiración terrorista. Buscaban armas, explosivos, lo que fuera. Lo único que se llevaron de esa casa, como cuenta la esposa, fueron los cuchillos de cocina, con los que es difícil pensar que alguien puede planificar un acto de terrorismo.
A él lo sacaron al portón del garaje en calzoneta y camiseta y le tomaron fotografías. Pidió que le dejaran ponerse un pantalón. Le dijeron que no se moviera. Lo montaron en un picop. Iba en el asiento del centro, entre dos soldados. Durante todo el camino hacia Tegucigalpa, le mostraron, unas ocho veces, las fotos de dos hombres desconocidos. “¿Los conoce?” “No”. “¿Sabe dónde viven?” “No”. “¿Cómo iba a saber, si ni siquiera los conocía?», contó Enamorado. Los agentes llevaban pasamontañas. Nunca pudo ver sus rostros.
Lo llevaron a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en la colonia Kennedy. Lo mantuvieron dentro del vehículo. El registro en su casa había durado unos 45 minutos —porche, habitaciones, sala, comedor, cocina, patio— y no encontraron nada que permitiera concluir que se preparaba para un magnicidio y para boicotear unas elecciones. Pero eso no cambió lo que vino después.
A las dos de la tarde, en la sede de la DPI, sacaron a Enamorado, lo pusieron junto a los otros dos hombres con los que supuestamente había conspirado y les sacaron fotografías. “Hasta ese momento, yo en mi vida había visto esos rostros. Nunca”. Entre ellos no intercambiaron ni una palabra, recuerda.
En el requerimiento fiscal, las frases atribuidas al grupo de exalumnos de La Salle aparecen en el apartado de los chats y audios. Allí se consigna que Antonio David Kattán, miembro del grupo La Salle 88, escribió:
“Puta verga a verga hay que matar a Mel Zelaya pero ya disculpen el francés (sic)”.
En el mismo documento, se señala que Enamorado escribió:
“Mire esos colectivos cuando vean caer unos cinco con tres píldoras en el pecho no vuelven a verlos en las calles aclaro que no es lo que conviene para Honduras pero ellos lo piden a gritos… (sic)”.
Sobre lo que escribió en el chat, la supuesta prueba contundente según la Fiscalía, Enamorado argumenta que fue una opinión política, no una incitación a la violencia. «Nada tenemos en contra más que lo que inventaron de nosotros», dice. Lo que se ventilaba en ese juzgado, asegura, «era la farsa más grande que se puede haber dado”.
En septiembre de 2025, durante el proceso en contra de los supuestos terroristas, la Fiscalía citó como testigo de cargo al director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy. Él, lejos de aportar pruebas contra los acusados, declaró que “las redes sociales son basura que entra y basura que sale”, en referencia a todo lo dicho acerca del caso. Además dijo que tenía asuntos más importantes que atender —un conflicto en el Aguán y las elecciones del 30 de noviembre—. De acuerdo con Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODE) quien acompañó una de las audiencias, el juez a cargo del caso, aparentemente frustrado con el trabajo probatorio de la Fiscalía, se tapó la cara con las manos.
Pero antes de que eso ocurriera y de que el caso empezara a desmoronarse por todas partes, la tarde que los capturaron tras fotografiarlos, los llevaron a los juzgados frente al Seguro Social de La Granja. Esa noche durmieron en el suelo de una bartolina, sin baño. Al día siguiente los trasladaron a la cárcel de máxima seguridad de Támara. Cuando ya habían pasado por los escáneres y estaban en fila, Jesús Enamorado recuerda que un policía militar se acercó a uno de los soldados y le dijo algo al oído. Momentos después, los separaron del grupo. Afuera, en la calle, estaba el director de la penitenciaría con cuatro hombres de seguridad. Los miró bajar las gradas. Los miró acercarse. Rió. «Ustedes son los terroristas», dijo. Se volvió a reír, nos puso contra una pared, tomó una foto y se despidió.
Mientras los escoltaban, los oficiales comentaban entre ellos y reían: «No, hombre, qué barbaridad. ¿Cómo es posible que ustedes estén metidos con esto?». Uno le mostró a Enamorado una foto que circulaba en TikTok en la que alguien había modificado su imagen, poniéndole una barba larga hasta el pecho y un fusil de palo, y le dijo entre carcajadas: «esta barba es la de Bin Laden”. “Era una mofa total», recuerda. Cuando llegaron a las celdas de máxima seguridad, volvieron a pasar por otro escáner. Les rompieron la pasta dental y les quitaron el desodorante. “Nadie entendía qué era lo que estaba sucediendo con nosotros. Nadie creía. Nadie creía”, recuerda Enamorado.
Al cabo de unos días, los trasladaron al módulo de mínima seguridad, tras una petición de los abogados defensores y de representantes de derechos humanos que argumentaron que los acusados podían estar en peligro. El cambio fue notorio. En la prisión de máxima seguridad no podían moverse de la celda. En la de mínima, había un patio donde caminar. Los tres hicieron mejoras al espacio donde los ubicaron: instalaron un lavamanos, pusieron una cortina en el baño, compraron un barril de 55 galones para el agua, repararon el desagüe, consiguieron las tapaderas del sanitario. Cuando Enamorado salió a prisión domiciliaria, tras 30 días encarcelado, ya había nueve personas viviendo en ese mismo espacio que los tres habían acondicionado.
Durante el mes de encarcelamiento, su familia lo visitó tres veces los fines de semana. Le llevaban lo que podían: pollo, arroz, puré de papas, fruta. Él lo compartía siempre con los otros dos. Pero cada despedida era difícil. «No sabíamos qué nos esperaba estando ahí, si cuando regresaran íbamos a estar todavía para recibirlos», recuerda.
La noticia del cambio de medidas llegó un viernes al mediodía, mientras almorzaban. Antonio Kattán estaba hablando por teléfono al fondo del comedor. De repente pegó un grito, cruzó corriendo el salón y abrazó a Enamorado frente a todos los presidiarios. “Ya estuvo”, le dijo. “Hicieron el cambio de medida”. Después de 30 días de haber sido capturados y mostrados a todo el país como delincuentes y de que el oficialismo en pleno creó incluso una consigna para acuerpar a Mel Zelaya, los tres “terroristas” eran enviados a su casa para continuar desde ahí con su defensa.
Desde entonces y hasta el 29 de abril de 2026 permanecieron en arresto domiciliario, con la prohibición de salir sin autorización y recibiendo visitas periódicas de la Policía. Ese día, un juez les cambió las medidas de arresto domiciliario por medidas sustitutivas que les permiten, en adelante, enfrentar su proceso en libertad.
Ni armas ni movimientos sospechosos
El abogado Hector Durán, representante legal de Arcadio Corrales, cuestionó la acusación presentada por el Ministerio Público contra su cliente y otros tres imputados por actos preparatorios y asociación terrorista. Según explicó, la acusación se basa en fragmentos de mensajes de chats grupales —uno de ellos con más de 200 personas— sacados de contexto. “¿Cómo se puede suponer que se pretende realizar una acción delicada en un chat de 265 personas que ni siquiera se conocen entre ellas?”, cuestionó.
Otro de los acusados, Antonio Kattán, describió lo escrito como un exabrupto verbal, como una “conversación espontánea” que surge cuando uno cree que habla en confianza. Asegura que el tema no volvió a surgir en ese chat. Que fueron “comentarios sueltos”.
Para la defensa, el análisis completo de las conversaciones demuestra que no hubo planificación ni intención real de cometer un delito. “No existe estructura criminal, coordinación entre los acusados, ni elementos materiales que respalden la hipótesis de terrorismo”.
En la misma línea se pronunció el exjuez Kenneth Madrid quien, consultado para este reportaje, explicó que la acusación no encaja en el tipo penal de “asociación terrorista” que establece el artículo 587 del Código Penal hondureño.
El apoderado de Arcadio Corrales enfatizó la ausencia de pruebas periféricas, necesarias en cualquier investigación penal. Explicó que tras vigilancias y allanamientos, las autoridades no encontraron indicios relevantes como armas ilegales o movimientos sospechosos. De acuerdo con los propios investigadores que dieron seguimiento a los acusados previo a su captura, ellos no hacían sino ir de sus casas a sus trabajos.
Otro de los puntos clave de la defensa es el perfil de los imputados. Se trata de adultos mayores de entre 60 a 70 años, sin antecedentes penales y con rutinas “comunes y corrientes que no representan ningún peligro”. Además, cuestionan irregularidades en el manejo de la evidencia, como la ruptura de la cadena de custodia de una memoria USB que contenía los chats. “Esta memoria fue abierta y revisada, cuando la norma jurídica establece que al recibirse un dispositivo electrónico con información, de inmediato tiene que ser asegurado y embalado para garantizar que es la misma memoria. A esto se suma la falta de peritajes técnicos, como pruebas fonéticas que confirmen la autoría de los audios”.
El abogado también denunció las consecuencias humanas del proceso. Calificó el arresto domiciliario como una “pena anticipada” y relató el impacto en la familia de su cliente, incluyendo la interrupción de los estudios universitarios y la pérdida de la beca en Italia del hijo de su defendido. “El daño es irreparable”, lamentó.
Durán afirma que los acusados son “presos políticos, no criminales”. Confía en que el Ministerio Público rectifique: “está a tiempo de que el daño no siga aumentando”.
“No sé cómo comenzaron a armar un juego de expediente en el cual se le nominó el delito de terroristas y cómo comenzaron a armar un expediente de humo, de la nada… Admiro esa destreza del Ministerio Público, prestarse para una situación de esa naturaleza”, dijo para esta investigación Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH).
Maldonado estuvo en una de las audiencias contra los supuestos terroristas. Cuando le preguntamos sobre las pruebas, su respuesta fue tajante: “Nada. Para nosotros esos son casos de humo, les armaron el tamal, como decimos, el expediente, sin haber absolutamente nada de nada. Fue terrible. Les robaron la paz y la tranquilidad que tenían como familia y les propiciaron trastornos psicológicos a sus hijas, a sus nietos, a sus esposas”.
“Esta acusación no encajaba en el tipo de asociación terrorista. El artículo 587 del Código Penal establece que las organizaciones terroristas pueden ser constituidas de forma temporal o permanente, por dos o más personas, para cometer un delito con finalidades específicas. Entre ellas: subvertir gravemente el orden constitucional, lo cual no aplica en este caso”, sostiene Kenneth Madrid, exjuez de los tribunales de justicia.
“La evidencia de chats de WhatsApp no es suficiente, porque no se cumple ninguna de las finalidades del artículo 587 del código penal. No se puede considerar una asociación terrorista, ni siquiera transitoria. En un chat cualquiera puede decir cosas, pero eso no significa que exista intención real de cometer un delito. Para hablar de conspiración o proposición, deben existir actos inequívocos dirigidos a ejecutar el delito, y eso no ocurrió”, agregó.
De un chat de excompañeros a los tribunales
Eran las 5:45 de la madrugada del 14 de agosto de 2025 cuando agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) llegaron a la vivienda de Antonio Kattán, un empresario sampedrano que se define como «100 % apolítico». Los agentes ejecutaron una orden de captura y allanamiento sin explicarle el motivo de su arresto, como ocurrió con los otros capturados. Tampoco le informaron a dónde sería trasladado. A mitad del trayecto hacia Tegucigalpa le permitieron hacer una llamada telefónica a su hermano. Fue entonces cuando supo de qué se le acusaba: conspirar para asesinar al expresidente de Honduras.
Mientras recuerda el momento de la captura, Kattán hace una pausa para contar que parte de su vida la ha dedicado a estar al frente de su empresa de reciclaje en la ciudad de San Pedro Sula. Cuenta que no ha sido fácil seguir adelante con su empresa, pues la situación le obligó a trabajar virtualmente desde casa, donde guardaba arresto domiciliario.
El origen de la acusación se remonta al 29 de julio de 2025, en el grupo de WhatsApp «La Salle 88», integrado por egresados de ese colegio. Uno de sus miembros, Gerardo Galeano, envió un mensaje sobre la situación política del país. Antonio respondió con comentarios, a través de una nota de voz, en los que hacía alusión a la muerte del expresidente Zelaya. Él mismo reconoce haber participado en ese intercambio -cuatro notas de voz-. Lo describe como una conversación espontánea, un exabrupto verbal como los que cualquier persona puede tener cuando piensa que habla entre un grupo de confianza. Asegura que el tema no volvió a surgir.
“Todo se arregla matando a ese hijo de la gran puta de Mel Zelaya, hermano. Hay que matar a ese hijueputa, brother. A mi me vale verga que digan lo que yo soy. Matando el perro se acaba la rabia, hermano (sic)”, dijo Kattán en uno de los audios de voz presentados por el Ministerio Público como prueba de la planificación del atentado. Según Kattán, que no quiso extenderse al respecto, aquello solo era un comentario pasado de tono en un entorno en el que él creía estar en confianza.
Tras el alboroto, el silencio oficial
Si el oficialismo hizo fiesta de declaraciones públicas tras la captura de los hombres que supuestamente planificaban un magnicidio, meses después de aquello optaron por el silencio.
Tras varias insistencias vía mensaje, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se pronunció mediante una de sus portavoces, quien señaló de manera escueta que la actuación de la institución en el caso se circunscribe estrictamente a la ejecución de órdenes emitidas por el Ministerio Público, sin brindar detalles ni referirse a las pruebas recabadas contra los tres capturados.
“La DPI únicamente se limitó a ejecutar las órdenes del Ministerio Público”, afirmó la subinspectora Dunia Palma, portavoz de la institución, evadiendo cualquier responsabilidad sobre el caso.
Se insistió en preguntarle por la evidencia recabada, pero sostuvo su respuesta: “Nosotros cumplimos con nuestra parte del trabajo hasta donde nos correspondía… Nosotros no podemos referirnos más allá de eso”.
Palma dijo que no sabe si la participación de la DPI se dio por iniciativa propia o a solicitud directa de la Fiscalía: “Lo único que sé es que se ejecutó una orden de captura. Más allá de eso, no puedo confirmar ni desmentir otros aspectos, porque no contamos con documentación oficial que lo respalde”.
La portavoz explicó que dentro de la estructura jerárquica institucional, las declaraciones deben contar con autorización previa: “Allí determinan quién puede hablar, qué puede decir y en qué casos corresponde brindar información. Por mi parte, no podría agregar nada más”.
Otra de las voces institucionales que no rehuyeron a hablar sobre el caso fue la portavoz de los Juzgados de lo Penal, Bárbara Castillo. Se le preguntó sobre la evidencia con la que el proceso avanzó, y su respuesta fue que “en esta etapa, con el mínimo indicio racional de participación en un delito ilícito, el juez puede dictar el auto de formal procesamiento”. Cuando habla de “mínimo indicio racional” se refiere a lo que los acusados de magnicidio dijeron en los chats de WhatsApp.
“Llegó como testigo el director de la Policía y presentó una USB con lo que ellos habían escrito en un chat”, detalló, obviando que ese mismo funcionario fue el que durante la audiencia dijo que en las redes circulaba mucha basura y que él tenía cosas más importantes que hacer que atender el supuesto caso de “terrorismo”.
Desde el anonimato, un alto mando policial reconoció que se trataba de un tema “político” y que, por esa razón, ningún miembro de la institución estaba dispuesto a declarar, para no “enlodar” la imagen de una entidad que se define como apolítica.
Para este reportaje también se envió una solicitud formal de entrevista al entonces ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, pero nunca fue respondida. Además se buscó al vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, pero no atendió llamadas ni mensajes.
El dirigente de LIBRE y exasesor presidencial de Comunicaciones de la expresidenta Castro, Gilberto Ríos, dijo en entrevista para este texto que el caso de los supuestos terroristas no fue puesto bajo la lupa por miembros del partido, sino por “actores externos”. No explicó quiénes, omitió contestar todas las preguntas que se le hicieron, así como la evidencia de que en redes sociales fueron miembros de LIBRE quienes elevaron el tema a asunto nacional y se refirió a los acusados como “delincuentes”.
El impacto familiar, económico y emocional
“Me sentía totalmente deshecho, moral, espiritual y físicamente”, dijo Enamorado al recordar los 30 días que pasó encarcelado antes de ser enviado a prisión domiciliaria. Perdió 24 libras, su hija Jeimmy colapsó al amanecer del día siguiente a la captura, y su esposa —con problemas cardíacos— tuvo que enfrentar sola a los agentes que irrumpieron en la casa.
Fue ella quien abrió el portón y recibió el empujón que le golpeó la mano. Fue ella también quien, cuando los policías revisaban la casa buscando armas, explicó a uno de los agentes que el dinero que encontraron en una gaveta —unas 28,000 lempiras (alrededor de 1,050 dólares)— era de la iglesia donde ella ejercía como tesorera.
Las consecuencias económicas fueron igualmente devastadoras. La familia calcula haber gastado cerca de medio millón de lempiras (casi 19,000 dólares) entre abogados, traslados, combustible y costos del proceso. Ninguna de las tres hijas tenía ese dinero. Los primeros dos abogados a los que llamaron rechazaron el caso: uno preguntó si querían que el expresidente Zelaya los mandara a matar; el otro dijo que navegar contra el sistema era una causa perdida, cuenta Enamorado. Al final, encontraron representación legal a minutos de la primera audiencia y pagaron 50,000 lempiras (unos 1,900 dólares) por esa sola representación. Meses después, los compromisos económicos siguen sin saldarse.
El daño se extendió más allá de su hogar. El hijo de Arcadio López, otro de los acusados, abandonó Italia y regresó a Honduras cuando su padre fue capturado. Era el único que podía sostener económicamente el hogar, y la situación legal de su padre lo obligó a desistir de su sueño: una beca que había conseguido y que perdió.
Kattán compareció meses después, el 25 de marzo, ante una comisión del Congreso Nacional, como testigo en el juicio político contra el fiscal general suspendido Johel Zelaya, quien los acusó públicamente en la conferencia de prensa tras sus capturas. Sus palabras ante los diputados fueron directas: “No tenían nada, señores diputados. Ellos simplemente necesitaban a alguien para llamar la atención de lo que les estaba diciendo la fiscal general de Estados Unidos… Me siento que nos capturaron como trofeo, como desviación de un tema que les estaban diciendo en Estados Unidos y que tenían que ver cómo lo desviaban para desviar la atención de los medios de comunicación”.
Kattan se refiere a las declaraciones de la entonces fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, ofrecidas el 13 de agosto a la cadena estadounidense Fox News, en donde aseveró que el entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pagaba por tener acceso al espacio aéreo libre para el trasiego de drogas en países como Honduras, Guatemala y México.
Las capturas de los tres acusados ocurrieron pocos días después de las declaraciones de Bondi. En su interpretación, el caso fue una operación de distracción mediática, destinada a mostrar una respuesta rápida del gobierno hondureño frente a las acusaciones internacionales.
“No los conocía ni por referencia, ni por grupo, ni por ningún momento”, dijo Kattán ante los diputados, sobre los otros acusados. “Mi familia sufrió un daño moral increíble”, concluyó.
El exfiscal general Johel Zelaya fue suspendido de su cargo en marzo de 2026, tras un juicio político por una serie de denuncias que incluyeron abuso de autoridad y manipulación de casos de alto perfil, entre estos el proceso del supuesto complot para asesinar al expresidente Zelaya. La comisión especial del Congreso Nacional evaluó su desempeño y recibió el testimonio de Kattán como parte de la evidencia para suspender al fiscal.
Enamorado escuchó desde su casa el testimonio ante la comisión del Congreso Nacional, a la espera de recibir la autorización judicial para recibir tratamiento médico. Desde que la institución de Derechos Humanos recomendó que tuviera una evaluación permanente cada 15 o 30 días, su abogado interpuso varios recursos ante el juzgado para que le autorizara salir y hacerse los exámenes necesarios —glucosa, presión, evaluación cardiovascular— pero ninguno había sido contestado hasta la liberación de la medida de prisión domiciliaria que ocurrió a finales de este abril. “Lo que siento por ellos es lástima”, resume Enamorado. “Creyeron que tomando ese tipo de acciones iban a callar a un pueblo”.
El caso de los terroristas de WhatsApp ya parece parte del pasado hondureño. Para todos, menos para los acusados que continúan bajo un proceso que no tiene más pruebas que unos mensajes de chat.
Este reportaje se realizó como parte del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia y Autoritarismos en Centroamérica.
