La Mesa Permanente por la Justicia Laboral, junto al Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, rechazaron las recientes declaraciones del Ministro de Trabajo, Rolando Castro, sobre el supuesto avance para sacar a El Salvador de la “lista corta” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por. Redacción
Lejos de representar un avance real para el país, las organizaciones sociales y sindicatos señalaron, en conferencia de prensa, que la pretensión de eliminar a El Salvador de la lista corta de la OIT constituye un intento deliberado de evadir el control y el escrutinio internacional de organismos encargados de velar por la protección de los derechos laborales y sindicales.
La “lista corta” agrupa a países señalados por incumplimientos a convenios de la OIT. Los casos son evaluados por la Comisión de Aplicación de Normas de la organización.
En entrevista televisiva, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó que la salida de El Salvador de la lista corta posicionaría al país en un escenario de plena confianza internacional y garantiza estabilidad laboral.
Tomada de redes sociales de Frente a Frente
Sin embargo, las organizaciones señalaron que dichas declaraciones contradicen los despidos masivos ejecutados desde 2019 por el Gobierno salvadoreño, que —según sus registros— superan las 41,000 personas despedidas en instituciones públicas, municipalidades y entidades autónomas.
Además, denunciaron que al menos 561 directivos sindicales han sido despedidos arbitrariamente, vulnerando garantías especiales como el fuero sindical.
“La permanencia de El Salvador en la ‘lista corta’ de la OIT responde a reiteradas violaciones a derechos laborales y sindicales, especialmente en temas relacionados con la libertad sindical y la negociación colectiva. Además, el informe de expertos de 2026 volvió a señalar observaciones al Estado salvadoreño por incumplimientos en esta materia”, señaló Ovidio Hernández, representante de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral.
Las organizaciones también señalaron el uso de figuras como la “supresión de plazas” para justificar despidos arbitrarios en el sector público. Indicaron que, principalmente durante 2025, en el sector salud se registran alrededor de 7,700 trabajadores y trabajadoras despedidas, sin respetar el debido proceso ni brindar información sobre indemnizaciones. Según denunciaron, varios de estos despidos ocurrieron después de que el personal señalara sobrecarga laboral, falta de insumos y otras irregularidades dentro del sistema de salud pública.
En ese contexto, las organizaciones denunciaron el caso del doctor Rafael Aguirre, secretario general de SIMETRISSS y miembro de la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA), quien actualmente enfrenta un procedimiento administrativo de despido. Según señalaron, la medida responde a su actividad sindical y las denuncias públicas que ha realizado sobre la situación del sistema de salud, por lo que consideran que se trata de una acción antisindical orientada a debilitar la organización de las y los trabajadores y desconocer la protección que le otorga el fuero sindical.
Añadieron que estas prácticas contradicen los compromisos asumidos por El Salvador al ratificar los convenios 87 y 98 de la OIT relacionados con la libertad sindical, la negociación colectiva y la protección de las personas trabajadoras del sector público.
Asimismo, señalaron retrocesos en materia de derechos laborales para las mujeres, particularmente por el debilitamiento de instituciones y programas orientados a su atención y protección. Entre estos se mencionaron los despidos masivos registrados en 2019 y 2024 dentro del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), así como el cierre o reducción de espacios vinculados a la Secretaría de Inclusión Social y al programa Ciudad Mujer, que brindaban atención integral y oportunidades de formación y autonomía económica para las mujeres.
Las organizaciones también recordaron la importancia del Convenio 190, el cual obliga a los Estados a prevenir y atender la violencia y el acoso en el área laboral, incluyendo la violencia basada en género. En ese sentido, advirtieron que la precarización laboral y los despidos afectan de manera diferenciada a las mujeres trabajadoras.
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“Que El Salvador continúe señalado por incumplimientos a convenios relacionados con los derechos laborales de las mujeres refleja que aún existen deudas históricas en materia de protección y garantías. Esto permite que persistan situaciones de violencia y acoso laboral, manteniendo a miles de mujeres en condiciones de precariedad y desprotección” .
Además, mencionó que persisten deudas históricas con sectores laboralmente precarizados, como las trabajadoras del hogar remunerado, quienes continúan enfrentando condiciones de desprotección y falta de garantías laborales. Las organizaciones indicaron que el Estado salvadoreño mantiene pendientes compromisos relacionados con la protección de sus derechos y el reconocimiento pleno de su trabajo.
Ante este panorama, las organizaciones exhortaron a la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo a mantener a El Salvador en la “lista corta” por graves violaciones a derechos laborales y sindicales, hasta que existan reformas estructurales verificables y mecanismos efectivos de protección para la población trabajadora.
