En el marco del Día Internacional de la Clase Trabajadora, hablar de empleo en El Salvador también implica preguntarse quiénes quedan fuera -o en los márgenes- de ese derecho. Para las personas LGBTIQ+, el acceso al trabajo no solo está atravesado por las condiciones económicas del país, sino por desigualdades estructurales que limitan sus oportunidades, precarizan sus trayectorias laborales y, en muchos casos, las empujan hacia la informalidad o la exclusión.
A pesar de estos desafíos, sus experiencias siguen siendo poco visibles en las estadísticas oficiales y en las políticas públicas. En un contexto reciente de recortes de financiamiento y restricciones a organizaciones sociales, las condiciones laborales de esta población enfrentan nuevas tensiones.
Por. Redacción
En los últimos meses, se han cerrado los pocos espacios laborales donde históricamente las personas LGBTIQ+ han encontrado oportunidades y acompañamiento. Cuando estos se reducen, no solo se pierden empleos: también se debilitan redes de apoyo en un mercado laboral que ya era excluyente.
Benjamín, un hombre gay de 31 años, recuerda que antes de encontrar una espacio donde podía nombrarse sin miedo, buscar trabajo significaba enfrentarse a constantes evaluaciones que iban más allá de sus capacidades. No siempre se trataba de cumplir o no con los requisitos, sino de cómo su identidad era percibida en una entrevista, en una línea de producción o incluso entre compañeros y compañeras de trabajo.
Su experiencia cambió cuando llegó a la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES), donde dice, aprendió a reconocer sus derechos y a exigir respeto. Pero fuera de ese espacio, la historia es distinta para muchas personas LGBTIQ+ en el país.
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La reducción de fondos provenientes de cooperación internacional, particularmente de agencias como USAID, impactó directamente en las organizaciones sociales que durante años han sostenido programas de formación, acompañamiento y defensa de derechos. La disminución de estos recursos ha derivado en despidos, cierre de programas, incluidos aquellos enfocados en la formación profesional de las mujeres trans y la reducción de servicios como la salud.
Un informe de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), publicado en 2018, señalaba que esta exclusión no puede entenderse sin considerar la persistencia de una cultura patriarcal y heteronormativa que limita el acceso a derechos, incluido el empleo.
En ese mismo contexto, también se registraron algunos avances institucionales. Ese año se impulsó la Política del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para la atención de la población LGBTIQ+, un instrumento que buscaba establecer lineamientos para garantizar el acceso a servicios y justicia, resultado del trabajo articulado entre organizaciones y el Estado.
De acuerdo con un análisis del Servicio Social Pasionista (SSPAS), cerca del 49% de las personas LGBTIQ+ se encontraban desempleadas entre 2020 y 2021, evidenciando que las barreras de acceso al trabajo ya eran profundas incluso antes de los recortes recientes.
Para Carmen Urquilla, coordinadora del Programa de Justicia Laboral y Económica de ORMUSA, esa precariedad laboral que hoy enfrentan muchas personas LGBTIQ+ no es un fenómeno reciente. Distintos informes de organizaciones sociales han documentado, en los últimos años, que el acceso al empleo para esta población ha estado limitado por barreras estructurales que van más allá de la formación o la experiencia.
Los datos de Nuestra Mirada, el Observatorio de Derechos Humanos de las personas LGBTIQ, muestran que una parte significativo de la población LGBTIQ+ enfrenta dificultades para insertarse en el mercado laboral, incluso cuando cuenta con niveles educativos que podrían facilitar su acceso a un empleo formal.
Así se ve reflejado en el informe de 2024, una parte de las personas encuestadas cuenta con estudios de educación media e incluso superior. Sin embargo, estos niveles de formación no garantizan oportunidades reales de empleo. Esta brecha entre educación y acceso laboral evidencia que las limitaciones no responden unicamente a la preparación academica, sino a factores como la discriminación, los prejuicios y la falta de politicas inclusivas en los espacios de trabajo.
*Datos recopilados de encuesta de 2024 del Observatorio de Derechos Humanos de las personas LGBTI+
Entre las principales razones del desempleo, las organizaciones identifican factores como el rechazo basado en la orientación sexual o identidad de género, la falta de oportunidades laborales inclusivas y entornos laborales hostiles. El acceso al empleo no garantiza necesariamente condiciones dignas, sino que muchas personas deben sostenerse en trabajos marcados por la incertidumbre, la rotación constante o la falta de protección laboral.
Esta realidad no es ajena a lo que vivió Benjamin. Desde su experiencia, acceder a un empleo no siempre ha significado estabilidad. En sectores como las maquilas, señaló, las condiciones laborales pueden ser inciertas desde el inicio.
“En las maquilas te ponen a prueba un mes, pero en ese tiempo no depende solo de tu trabajo, sino de cómo te evalúa el jefe. Si no le parecés, simplemente dicen que no diste el ancho. Además, muchas veces en entrevistas prácticamente me dejaron claro que no estaban buscando a alguien como yo. No tenía que ver con mi experiencia, sino con cómo me veían”, mencionó.
Trabajar no siempre garantiza derechos
Incluso para quienes logran insertarse en el mercado laboral, el acceso a derechos no está garantizado en condiciones de igualdad.
“El sistema de seguridad social en El Salvador no reconoce a las parejas del mismo sexo. Incluso si una persona tiene un empleo formal, no puede incluir a su pareja como beneficiaria, lo que genera una exclusión directa en el acceso a servicios de salud”, explica Urquilla.
Frente a estas barreras, organizaciones como FEASIES han impulsado procesos de diálogo con empresas para ampliar el acceso a derechos laborales. A través de estos espacios, han logrado que algunas empresas incorporen medidas internas que permiten extender beneficios, como la seguridad social a parejas del mismo sexo.
Sin embargo, estos avances dependen de la voluntad de cada empresa y no de una garantía legal.
“No es por falta de capacidad, es por quiénes somos”
Henry Martínez, técnico en Educación y encargado del área LGBTIQ+ de FEASIES, señaló que, en espacios como las maquilas, dinámicas de discriminación no solo provienen de decisiones individuales, sino también de prácticas que se reproducen dentro de las empresas. En algunos casos, la discriminación puede escalar a sanciones que derivan en un despido, especialmente cuando las identidades o expresiones de género no se ajustan a lo esperado.
Aunque muchas de estas fábricas trabajan con marcas textiles internacionales que cuentan con estándares y cláusulas de diversidad, estos no siempre se aplican en la práctica. “Las marcas tienen protocolos claros sobre cómo deberían tratarse estos casos, pero muchas veces no se conocen o no se cumplen en las fábricas”, advirtió.
Pero incluso dentro de estas experiencias, las desigualdades no afectan a todas las personas de la misma manera.
En el caso de las mujeres trans, el acceso al empleo formal sigue siendo una de las principales deudas. La discriminación no solo se manifiesta en los procesos de contratación, también en la forma en que son leídas sus identidades en espacios donde el reconocimiento legal y social es limitado.
Carolina lo ha vivido desde distintos momentos y espacios. Como mujer trans, en los años 90 intentó buscar trabajo en Santa Ana antes de venir a San Salvador, pero no le dieron la oportunidad por su identidad de género. “Apliqué al primer restaurante de pollo frito que iban a abrir en Santa Ana y me seleccionaron, pero cuando llegué y me vieron, dijeron que ya habían entregado la plaza. También, apliqué a una tienda como recepcionista pero me dijeron que por como yo era no me podían contratar”. recordó.
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Años después, fue parte de la organización ASPIDH Arcoíris. Más adelante, con la implementación del proyecto Ciudad Mujer durante el funcionamiento de la Secretaría de Inclusión Social, se abrieron oportunidades laborales para mujeres de la diversidad sexual, lo que le permitió incorporarse a este espacio como mujer trans. Esta experiencia marcó un hito, ya que, por primera vez, personas LGBTIQ+ accedían a puestos más allá de los históricamente asignados, como labores de ordenanza u otros.
Ese espacio, no solo representó una posibilidad de empleo, sino también un cambio en la forma en que se concebía la participación de las personas LGBTIQ+ dentro de las instituciones públicas. Por primera vez, sus capacidades podían ser reconocidas más allá de su identidad.
“En ese tiempo se quería mostrar que éramos capaces de hacer otro tipo de trabajo que no fuera trabajadoras sexuales o cosmetólogas o cosa de limpieza, sino que podíamos llegar a formar parte como técnicas de una institución de gobierno”, recordó.
Del acceso al retroceso institucional
Con la llegada de Nuevas Ideas al gobierno en 2019, los espacios institucionales clave para la promoción de derechos, como la Secretaría de Inclusión Social, Ciudad Mujer y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, fueron desarticulados o debilitados, lo que redujo significativamente las oportunidades laborales y programas para personas de la diversidad sexual dentro del sector público.
En ese contexto, Carolina se integró a la Unión Sindical de Trabajadores y Trabajadoras del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (USTTISDEMU), su participación en el ámbito laboral también se transformó defendiendo derechos laborales, pero en un escenario cada vez más adverso.
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En el ISDEMU comenzaron cambios drásticos, incluso en la atención y los servicios dirigidos a las mujeres. Los despidos no fueron aislados. “Se hizo una gran cantidad de despidos… la mayoría éramos personas de la diversidad sexual y, en algunas sedes, casi el 50 % del personal fue cesado”, señaló. En su caso, recuerda que solo quedaron ella y otra compañera.
Las señales, recordó, comenzaron antes. Desde la indicación de retirar materiales dirigidos a población LGBTIQ+, hasta cambios en sus funciones dentro del trabajo. “Me quitaban actividades que eran parte de mis labores y se las daban a otra compañera”. Semanas después, llegó su despido.
El 23 de diciembre, en cuestión de horas, la jornada derivó en ceses masivos. Carolina estima que entre 110 y 125 personas fueron despedidas del ISDEMU, muchas de ellas vinculadas a procesos organizativos o identificadas como parte de la diversidad sexual.
Más que un hecho aislado, su salida se inscribe en un contexto más amplio de reducción de espacios laborales y retrocesos en políticas de inclusión dentro del Estado, donde las oportunidades que años atrás comenzaban a abrirse volvieron a cerrarse.
Un ciclo de exclusión que combina discriminación laboral
Desde su experiencia, tanto Benjamín como Henry coinciden en que, en algunos contextos, los hombres gay logran insertarse en distintos espacios laborales, aunque no necesariamente en condiciones libres de discriminación.
“Hay hombres gay trabajando en áreas como finanzas, en el sector salud como médicos e incluso dentro del gobierno. Sin embargo, su presencia no siempre implica reconocimiento pleno, sino, en muchos casos, la necesidad de adaptarse a entornos que siguen siendo excluyentes”. añadió Henry.
Esta realidad contrasta con la de las mujeres trans. Desde la experiencia de Carolina, las barreras no solo son más visibles, sino también más difíciles de superar. La falta de oportunidades laborales y de acceso a procesos de formación ha empujado a muchas a buscar alternativas de subsistencia en contextos de alta precariedad.
Entre ellas, el trabajo sexual aparece no como una elección, sino como una respuesta ante la exclusión estructural. Otras optan por el comercio informal, como la venta en espacios públicos, sin embargo, en los últimos meses los desalojos en el Centro de San Salvador las expone a una nueva forma de violencia y les limitan aún más sus posibilidades de generar ingresos.
Lo que no se mide, no existe
A pesar de la magnitud de estas desigualdades, la situación laboral de las personas LGBTIQ+ sigue siendo sin registrarse en los datos oficiales.
En El Salvador, instrumentos clave como la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), que mide empleo, ingresos y condiciones de vida, no incluyen variables que permitan identificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas económicamente activas.
Esto implica que las brechas que afectan a esta población no quedan reflejadas en las estadísticas estatales, limitando la posibilidad de diseñar políticas públicas específicas, esto se traduce en una forma de invisibilización. Sin datos, las desigualdades no sólo son más difíciles de medir, sino también de reconocer institucionalmente.
En un contexto donde, además, el discurso oficial ha cuestionado enfoques relacionados con género y diversidad, la ausencia de información adquiere un peso aún mayor, al restringir las herramientas necesarias para comprender y atender estas problemáticas.
Las historias de Benjamín y Carolina no son aisladas. Hablan de un mercado laboral que sigue marcando límites, porque cuando la identidad se convierte en filtro, el derecho a trabajar deja de ser universal.
