Mientras la Asamblea Legislativa volvió a aprobar una nueva prórroga del régimen de excepción, el pleno rechazó la solicitud para incorporar y enviar a comisión la propuesta de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, una iniciativa construida junto a las familias, incluyendo regulación para promover el trabajo articulado entre instituciones.
Por. Redacción
Durante la plenaria #95 de la Asamblea Legislativa, la diputada Cesia Rivas, del partido VAMOS, presentó la propuesta con el objetivo de que la desaparición de personas sea abordada desde un enfoque de derechos humanos y no como una disputa política, en atención a las miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos.
La propuesta de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, presentada, ha sido construida a partir de consultas y procesos de escucha con familiares de víctimas. El anteproyecto consta de 40 artículos y establece la obligación del Estado de buscar, encontrar y garantizar justicia, mediante un sistema de búsqueda, un registro único de personas desaparecidas, así como principios y mandatos claros para las instituciones responsables.
Rivas subrayó que los casos de personas desaparecidas deben ser de interés de toda la sociedad, al tiempo que insistió en la responsabilidad del Estado frente a las familias que siguen buscando a sus seres queridos. “Las desapariciones no deben ser vistas sólo como un tema político; debe abordarse desde lo humano, y como legisladores debemos garantizar justicia para las familias”, afirmó. Asimismo, cuestionó el discurso oficialista en materia de seguridad, al señalar que mientras se destaca el supuesto éxito de jornadas con cero homicidios, se ha registrado un repunte en las desapariciones, lo que evidencia —dijo— un vacío institucional en la atención y búsqueda de personas desaparecidas.
Sin embargo, no es la primera vez que se ignora una propuesta de ley de reparación de víctimas, en febrero de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, la cual fue vetada por el presidente Nayib Bukele.
Asimismo, en octubre de 2021, la Mesa contra la Impunidad, el Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica elaboraron el proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en El Salvador.
La propuesta se sustentaba en los pilares de verdad, justicia, reparación, memoria histórica y garantías de no repetición, con el objetivo de que el Estado garantizará una reparación integral a las víctimas e investigará las graves vulneraciones a los derechos humanos. No obstante, la iniciativa fue archivada por unanimidad de votos de la fracción oficialista, bajo el argumento de que el expediente no cumplía con las exigencias de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia.
La diputada hizo referencia a casos emblemáticos como los de Carlos Abarca, Paola Arana y Josué Elíazar, y denunció la impunidad, así como el poco interés de instituciones como la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil para establecer protocolos de búsqueda temprana.
Pese a estos señalamientos, la bancada oficialista de Nuevas Ideas negó sus votos a la propuesta y en la misma sesión plenaria, aprobó nuevamente la prórroga del régimen de excepción.
La decisión del pleno también generó reacciones entre organizaciones que trabajan en la búsqueda inmediata de personas desaparecidas. Desde Alerta Raquel, una de las plataformas que emite alertas tempranas, se cuestionó la falta de voluntad de la Asamblea Legislativa para atender esta problemática, en un contexto marcado por la prórroga del régimen de excepción.
“La Asamblea les vuelve a fallar a las madres y, sobre todo, a las familias que tienen un hijo, una hija o un familiar desaparecido; con esta decisión, nuevamente se quedan solas”, afirmó una de las representantes.
Señalan como “contradictorio» que se apruebe una nueva prórroga del régimen de excepción mientras se niegan los votos a una ley orientada a la búsqueda de personas desaparecidas y una de las problemáticas históricas no resueltas en El Salvador.
Asimismo, las madres buscadoras expresaron su dolor y frustración ante la falta de interés de las y los legisladores por estudiar una ley que responda a la crisis de desapariciones en el país. Lamentan que, pese al alto número de personas desaparecidas y al sufrimiento constante de las familias, las instituciones continúen mostrando poco compromiso con esta problemática. No obstante, aseguran que, a pesar del abandono institucional, no pierden la esperanza y continúan con la búsqueda de sus seres queridos por sus propios medios, reafirmando la lucha por encontrarles.
