El primer año de la nueva legislatura 2024-2027 ha estado marcado por cambios significativos en la estructura y funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Ante la reducción del número de diputados y diputadas de 84 a 60, la mayoría abrumadora de Nuevas Ideas ha redefinido el panorama político del país. Sin embargo, estos cambios también han generado cuestionamientos sobre la representatividad y las prioridades legislativas, especialmente en materia de derechos de las mujeres.
Por. Eugenia Olán
Uno de los primeros actos de la legislatura que tomó posesión el 1 de mayo de 2024, fue eliminar comisiones legislativas clave como la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, lo que dibujó para organizaciones de mujeres una señal clara del desinterés institucional en atender problemáticas estructurales como la violencia de género.
La eliminación de estos espacios ha tenido consecuencias prácticas. Temas como los derechos de las mujeres, la violencia basada en género, el acceso a la salud sexual y reproductiva, entre otros que refieren a derechos de las mujeres se estarían evaluando en la nueva Comisión de Niñez e Integración Social que también integra temas de otras comisiones eliminadas: Cultura y Educación; Familia, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad; Juventud y Deporte.
Esta reestructuración, según la bancada de Nuevas Ideas, responde a la necesidad de simplificar y agilizar el trabajo parlamentario, al fusionar comisiones que anteriormente tenían competencias similares.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, explicó que esta reorganización viene acompañada de reformas al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, otorgando a la presidencia del Órgano la potestad de convocar a las comisiones de forma ordinaria o extraordinaria, dependiendo de las necesidades legislativas del momento.
Sin embargo, a pesar de su nuevo marco, esta comisión sesionó únicamente diez veces de las veinte convocadas durante el año y no presentó reformas a la legislación ni propuestas concretas de ley para avanzar en la protección y promoción de los derechos de las mujeres. Este hecho ha sido señalado por organizaciones de la sociedad civil como un retroceso en la lucha por la igualdad de género.
En lo que va del año , sólo se han emitido dos pronunciamientos relacionado con el tema de mujeres, uno en el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama y el otro en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer fuera de estas declaraciones simbólicas no se han promovido iniciativas legislativas que respondan a las múltiples problemáticas que enfrentan las mujeres salvadoreñas.
Los dos informes trimestrales presentados por la Comisión presentan una inactividad. En ambos documentos se destacan el trabajo relacionado con la Ley de Registro Familiar, mientras que 36 expedientes continúan pendientes de revisión.
Además, la participación de mujeres en política ha experimentado una disminución preocupante. Un ejemplo claro de este retroceso es la desaparición de la llamada tríada legislativa, que en el pasado representaba una estrategia de unidad entre las diputadas de todas las fracciones políticas para desarrollar leyes que beneficiaran a las mujeres en todas las etapas de su vida.
La eliminación de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género marcó un punto de quiebre en la construcción de legislación después de los acuerdos de paz, según Keyla Cáceres, activista feminista y analista política. «La Comisión de Mujer e Igualdad de Género tenía un papel clave en nuestra democracia», agregó.
Su función era clara: estudiar y dictaminar todas aquellas mociones y expedientes relacionados con los derechos de las mujeres y la búsqueda de la igualdad de género.
Además, la comisión armonizaba los compromisos internacionales de conferencias y convenciones que demandan la institucionalización de mecanismos que garanticen el avance de los derechos de las mujeres.
Su desaparición ha tenido efectos concretos, como la supresión del presupuesto destinado específicamente a la prevención de la violencia de género, así como una creciente parálisis del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, el ente encargado de implementar y supervisar las políticas y leyes en esta materia.
Las diputadas Marcela Villatoro de ARENA y Claudia Ortiz de VAMOS, durante este periodo han presentado propuestas para implementar mecanismos de protección integral a las víctimas de violencia, con el objetivo de prevenir y destinar recursos específicos para cada caso.
También, ha promovido iniciativas orientadas a proteger a las mujeres en el ámbito laboral frente a la discriminación y el acoso que enfrentan.
No han agendado esas propuestas que nosotros presentamos en infinidad de temas, por ejemplo, salud mental para protección a la mujer entre otros que tampoco han sido tomadas, qué es lo que se ve en esta Asamblea ahorita que no les importa la vida de la mujer no hay nada ningún expediente que promueva leyes. Y las mujeres siguen siendo víctimas de violencia, no solo física, no solo psicológica no solo económica”,
Por su parte, Ortiz de Vamos, señala que no debería ser un dilema crear políticas públicas o programas de ley que protejan a las mujeres y sancionen las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan en el campo laboral. Destacó que cuando las propuestas no provienen del partido oficialista de Nuevas Ideas, suelen ser desestimadas o ignoradas en el debate legislativo.
Para las legisladoras, en el contexto actual, la bancada oficialista ha defendido una agenda que no refleja los intereses y decisiones del pueblo salvadoreño, convirtiéndose en , instrumento para cumplir las decisiones de otros, específicamente del poder Ejecutivo.
Revista La Brújula documentó en un reportaje periodístico cómo en los últimos años se desmanteló todo un sistema de protección de los derechos de las mujeres, incluido el ISDEMU. La Asamblea Legislativa no ha sido una excepción.
Para Cáceres, el desmantelamiento institucional en la Asamblea ocurre en un contexto legislativo donde, desde el período anterior, ya se evidenciaba una falta de discusión sustantiva en las comisiones de trabajo.
Sin embargo, en la legislatura actual esta dinámica se agudizó “La diferencia de esta legislatura ha sido que hoy no solo reina la dispensa de trámite si no que se suma el tiempo que duran las plenaria, evidenciando que no hay nada que discutir y que la oposición es un voz sin eco en medio de las decisiones”.
Legislar con dispensa de trámite
A lo largo de este año legislativo, se ha evidenciado un patrón: el poder legislativo ha operado como una extensión del Ejecutivo, sin debate público ni contrapesos reales.
Las plenarias se han caracterizado por la sistemática aprobación de préstamos y reformas con dispensa de trámite, es decir, sin discusión en comisiones ni participación ciudadana. Este mecanismo se ha normalizado como práctica legislativa, vaciando de contenido el debate democrático y reduciendo la función parlamentaria a un simple trámite burocrático.
El 29 de abril de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al artículo 248 de la Constitución, modificando el proceso para la modificación de la Carta Magna. Anteriormente, las reformas requerían ser aprobadas en una legislatura y ratificadas en la siguiente. Ahora, una reforma puede ser aprobada y ratificada en una misma legislatura con el voto de las tres cuartas partes de los diputados y diputadas electas, es decir 45 de 60.
El oficialismo justifica la reforma como una necesidad para enfrentar «las realidades sociales que demandan los salvadoreños ante los cambios constantes que el mundo enfrenta de manera veloz». Sin embargo, personas expertas en derechos humanos han denunciado estas reformas por seguir concentrando el poder en un pequeño grupo que gobierna y por constituir un ataque más a la democracia.
En la sesión plenaria del 17 de septiembre de 2024, la diputada Marcela Villatoro presentó una propuesta para reformar el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de prohibir las dispensas de trámite en la aprobación de préstamos, emisiones de bonos y acuerdos que involucren garantía soberana. Hasta esa fecha, la actual legislatura había aprobado más de $3,300 millones en préstamos y emisiones de títulos valores con dispensa de trámite, es decir sin discusión adecuada.
La propuesta fue respaldada únicamente por la fracción de ARENA y la diputada Claudia Ortiz de VAMOS. Mencionaron que todas las propuestas relacionadas con endeudamiento deben ser estudiadas por la Comisión de Hacienda, permitiendo un análisis detallado sobre cómo se pagarán, qué instituciones serán responsables y sobre todo asegurando transparencia.
Otros de los temas más polémicos ha sido la reforma a la Constitución y la aprobación de la nueva Ley General de Minería Metálica. Ambas medidas han generado un amplio rechazo por parte de sectores sociales, iglesias, organizaciones de la sociedad civil y partidos de oposición, quienes han presentado peticiones formales para su derogación.
Tanto sociedad civil como la Iglesia Católica han expresado su firme rechazo a estas acciones. En cuanto a la aprobación de la Ley General de Minería Metálica, el 23 de diciembre de 2024, la Conferencia Episcopal de El Salvador emitió un comunicado denunciando los riesgos y los daños irreparables que podría causar al medio ambiente y a las comunidades más vulnerables, en este marco presentaron en marzo de 2025 alrededor de 150 mil firmas de la feligresía católica que solicitaban la derogación de esta ley.
Entrega de firmas por parte de la Iglesia Católica el 18 de marzo ante la Asamblea Legislativa para solicitar la derogación de la Ley de Minería Metálica. FOTOS/CORTESÍA
También se documenta la presentación de firmas por parte de organizaciones de sociedad civil el 24 de marzo ante la Sala de lo Constitucional. FOTOS/ Fátima Cruz.
Ante las numerosas solicitudes de derogación, la postura del oficialismo ha sido de cierre. La mayoría parlamentaria ha evitado abrir debates, ignorando los recursos presentados por los distintos grupos parlamentarios de oposición y las organizaciones ciudadanas. Esta actitud ha sido interpretada como un signo de autoritarismo legislativo, y ha intensificado el descontento social.
Sin embargo, la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa ha desestimado estas solicitudes, negándose a abrir espacios de discusión o revisión. Este cierre al diálogo ha sido fuertemente criticado por considerarse un retroceso democrático y una muestra de falta de apertura a la participación ciudadana.
Tras un año de la nueva legislatura, pueden observarse en la bancada oficialista los mismos patrones que en la Asamblea anterior, aunque con algunos matices. En los últimos meses, el grupo parlamentario oficialista opina poco o nada en la Asamblea: se limita a levantar la mano para aprobar lo que su misma fracción presenta.
En la sesión plenaria del 30 de abril, un medio de comunicación nacional evidenció el silencio total durante la que debió ser una discusión, la aprobación del presupuesto de 12 millones para la Agencia de Ciberseguridad del Estado, aprobada con dispensa de trámite. Para expertas en materia legislativa, este comportamiento solo evidencia la utilización de la Asamblea Legislativa por parte del oficialismo y contribuye al deterioro de sus funciones.