Organizaciones registran nueve casos de feminicidio de enero a abril de 2025. Defensoras de derechos humanos exigen justicia y no impunidad en casos de feminicidio. Los registros de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) continúan sin señalar feminicidios.
Por: Ana Gómez
Se contabilizan nueve feminicidios en los primeros meses de 2025, según monitoreos realizados por organizaciones feministas. Entre los días de 21 y 23 de abril, dos mujeres han sido víctimas de violencia feminicida y una mujer víctima de feminicidio en grado de tentativa.
El 21 de abril en X circuló el caso de Xiomara Stefany Mendoza, de 27 años, originaria de Metapán, fue encontrada sin vida cerca de La Tiendona en San Salvador. La información en redes sociales señala que el feminicidio fue perpetrado por su pareja.
El 22 abril, la PNC publicó la captura de José Luis Bonilla, de 22 años, quién apuñaló a su pareja de 18 años, que estaba embarazada. El ataque sucedió en su vivienda ubicada en San Marcos Lempa, Jiquilisco, Usulután Oeste. La policía afirmó que la víctima recibió atención médica en el hospital y se encontraba estable.
El 23 de abril, Emelina Reyes de 54 años, fue víctima de feminicidio, fue atacada con un corvo y fue trasladada al hospital, pero debido a las heridas, falleció. La policía anunció la captura en flagrancia de José Carlos Flores, de 59 años, pareja de Emelina. El hecho fue en Cojutepeque, Cuscatlán del Sur.
Con el caso de Xiomara Mendoza y Emelina Reyes suman 9 casos de feminicidios. El observatorio de ORMUSA registró 39 feminicidios y muertes violentas en mujeres de enero a diciembre de 2024.
Los datos sobre feminicidios continúan sin registrarse en las páginas oficiales de la Fiscalía General de la República y en la Policía Nacional Civil, los catalogan como homicidios.
Con el caso de Emelina Reyes, organizaciones defensoras convocaron a un plantón en la Fiscalía de Cojutepeque para exigir justicia y no impunidad. Las Defensoras de Derechos Humanos expresaron su indignación debido a que las instituciones públicas no protegen a las mujeres, a personas de diversidad sexual y niñez y cuestionaron cuales son los mecanismos para garantizar justicia a los casos de feminicidio.
De acuerdo a Keyla Cáceres, de la Asamblea Feminista, el discurso de un país seguro y libre de violencia que promueve el Gobierno no contempla a las mujeres, solo les ha servido para justificar la eliminación de fondos dirigidos a políticas públicas para programas de prevención de violencia contra la mujeres
“Hay que analizar que mientras se quitan fondos destinados a políticas públicas para la prevención de la violencia en contra de las mujeres, los gastos de casa presidencial aumentan y no sabemos en qué se usan”, afirmó Keyla.
Las organizaciones de mujeres manifiestan que con el Régimen de Excepción se ha generado desconfianza para denunciar casos de violencia, lo que no garantiza que las mujeres se sientan seguras y protegidas en la casa ni en la calle.
“Lamentablemente con un instituto rector que no tiene voz ni voto para exigir la aplicabilidad de la ley una vida libre de violencia que debería hacer el ISDEMU. Tampoco podemos tener una garantía de la policía, la fiscalía y todo el ministerio público de justicia”, señaló Keyla.
También, Silvia Juárez, de ORMUSA agregó que es una alerta que sigan ocurriendo victimizaciones contra la vida de las mujeres, cuando existe una narrativa de país seguro. «Nos preocupa, mantenemos una alerta alrededor de la protección de la vida de las mujeres especialmente en entornos de confianza, que es una de las áreas no atendidas del Estado para las mujeres» dijo.