La violencia sexual en el conflicto armado se considera un crimen de lesa humanidad pero en El Salvador sigue impune. Durante la guerra civil se utilizó como un arma de sometimiento y de dominación con el aval del Estado.
Por: Ana Gómez
La violencia sexual en el conflicto armado es un crimen de lesa humanidad que sigue impune en El Salvador. Mujeres y organizaciones que trabajan con victimas del conflicto armado señalaron que la violencia sexual ha estado invisibilizado y normalizado en el contexto de la guerra.
El conversatorio: ”La violencia sexual en el conflicto armado”, se llevó a cabo durante la semana de la Memoria Histórica, con el fin de reflexionar sobre el tema, ya que para muchas mujeres del conflicto armado ha sido un proceso de años, reconocer que fueron víctimas y pedir justicia al Estado.
“La violencia sexual era arma de guerra con la aprobación del Estado”
Durante el conflicto armado existió el silencio, encubrimiento y permisividad del Estado para que las fuerzas armadas cometieran este delito, como parte de las “estrategias contrainsurgentes y paramilitares”.
En algunos casos, estas estrategias eran planificadas y toleradas con el propósito de mostrar dominación a los oponentes para demostrar la victoria del Estado. Los cuerpos de las mujeres se convertían en moneda de cambio o como incentivo para los militares.
No existe un apartado específico con registros oficiales en el informe de la Comisión de la Verdad ni existen sentencias penales específicos por violencia sexual. Como el caso de las hermanas Maryknol, que condenaron a 5 guardias por su asesinato pero no por violencia sexual.
Este delito se considera como crimen de lesa humanidad, entendido como “parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
A partir de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, organizaciones aperturaron procesos penales por violación sexual en el conflicto armado que a la fecha siguen en proceso.
La falta de voluntad política de parte del sistema judicial es otro componente para que estos delitos continuen impunes. “No es cosa de falta de pruebas, de falta de legislación, ni de conocimientos técnicos, es falta de voluntad política”, afirmó Leonor Arteaga, directora de la Fundación para el debido proceso (DPLF).
Son 10 casos de mujeres que fueron víctimas de violación sexual que desde 2018 están en la Fiscalía General de la República para iniciar un proceso penal contra los perpetradores.
El Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” ha realizado el proceso y acompañamiento legal y psicológico para las víctimas y sus familiares.
Además de la justicia penal, es importante que se activen medidas de reparación a las mujeres víctimas del conflicto armado, tal como se agrega en el anteproyecto de Ley de Justicia Transicional, presentado por la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), que está en espera del estudio y aprobación de la Asamblea Legislativa.
En el conversatorio participaron: Susana Rodríguez, de COPPES; Engracia Chavarría, del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”; Gloria Guzmán, víctima del conflicto armado y Leonor Arteaga, de DPLF.
Las invitadas concluyeron que era necesario retomar experiencias como el Caso Sepur Zarco de Guatemala e integrar a las comunidades, organizaciones y movimiento feminista para exigir justicia, verdad, medidas de reparación, garantías de no repetición y memoria histórica.