La minería no es verde ni responsable, la implementación de la minería metálica provocará consecuencias ecológicas irreversibles en el agua y las comunidades, afirman organizaciones ambientalistas.
Por: Ana Gómez
Las organizaciones ambientalistas, de juventudes y ecofeministas manifestaron su descontento sobre las publicaciones del Presidente Nayib Bukele sobre la reactivación de la minería. Señalaron los impactos de esta práctica, las consecuencias irreversibles para el medio ambiente y comunidades.
Recordaron que la minería no es verde ni responsable, que la apuesta por proyectos de extracción de oro es inviable debido a la fragilidad del territorio de El Salvador, las graves implicaciones hacia la población y los bienes naturales.
El Salvador es el segundo país más deteriorado ambientalmente y más deforestado en el continente, según la CEPAL. Además, el país está al borde del estrés hídrico.
Exigieron a la presidencia no ceder a los intereses de proyectos mineros y mantener la prohibición de la minería metálica para proteger la poca biodiversidad que posee el país.
El impacto ambiental de la minería es principalmente al agua. El proceso de lixiviación del oro que se utiliza con agua, cianuro y otros químicos generando drenaje ácido como ocurrió en el Río San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, La Unión.
Aún existen 15 minas en abandono en la zona oriental, 7 de estas amenazan con el drenaje ácido a las microcuencas de Río Goascorán y Río Grande.
“Agregar una nueva fuente de contaminación química podría ser el detonador final para convertir al país en un lugar imposible de recuperar ecológicamente e imposible de habitar”, indicó la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica.
El Río Lempa, que abastece de agua al 50% de la población y es una de las fuentes de generación de energía eléctrica, estaría en peligro con el drenaje ácido si los proyectos mineros se implementan en la zona norte.
Durante la inauguración del Periférico Gerardo Barrios, el presidente Nayib Bukele reafirmó su decisión de reactivar la minería. Agregó que “los más beneficiados son los que viven a la par de los proyectos mineros”.
Sin embargo, las comunidades organizadas señalan la persecución de personas defensoras ambientales. “Para nuestras comunidades significa más represión, más criminalización y, quién sabe, más asesinatos”, señaló Vidalina Morales, presidenta de ADES Santa Marta.
Este diciembre se cumplen 15 años de asesinato Ramiro Rivera y Dora Soto, quien tenía 8 meses de embarazo; ambos eran ambientalistas que se oponían a la minera Pacific Rim en Santa Marta.
Ahora, la comunidad enfrenta la persecución y criminalización de 5 líderes comunitarios y defensores ambientales. El Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque declaró la libertad e inocencia para los líderes. Sin embargo, la Cámara de lo Penal de Cojutepeque anuló la sentencia, mediante la apelación que recibió de fiscalía.
Otro de los peligros de la minería es que debido a la ubicación geográfica del país en una zona de actividad sísmica constante, puede provocar deslizamientos y derrumbes. Asimismo, representa un peligro para las y los trabajadores al interior de las minas subterráneas.
En la parte económica, el empleo que genera la minería representa menos del 1% de la fuerza laboral nacional. Las ganancias son más para las empresas mineras, mientras que la población asume la contaminación, problemas de salud, conflictos y división en las comunidades.
Las mujeres son las principales afectadas, ya que asumen de manera intergeneracional el trabajo de los cuidados y administración del agua en los hogares.
“Nos enfrentamos a una vida llena de precariedades, donde las mujeres tienen que rebuscarse para acceder a un cántaro de agua”, afirmó Claudia Rodríguez, de las Asociación Mujeres ambientalistas del Salvador (AMAES).
Otras consecuencias serían los desalojos, los despojos de tierras y condiciones laborales de alto riesgo por la exposición a sustancias tóxicas.
En la misma conferencia, Nayib Bukele pidió a la población confianza de implementar la minería en el país. “Cuando alguien pide confianza es que no tiene pruebas que sustenten que la minería es viable, […] en la relación costo beneficio, la minería va a ser más perjudicial para el país”, afirmó Omar Serrano, vicerrector de proyección social de la UCA.
La Ley de Prohibición Minera, es un referente global que representa el resultado de la resistencia y justicia ambiental de la población por defender la vida y los territorios.
“Tejer una tela de araña más fuerte que nos permita la construcción y fortalecimiento de las redes comunitarias, de mujeres y pares”, señaló Claudia Rodríguez, ante la voluntad de reactivar la minería.
Las organizaciones invitan a la población a no retroceder y seguir en la defensa del medio ambiente, “¡MINERÍA NUNCA MÁS!”.
