Diversas organizaciones, cooperativas y comunidades agrupadas en el Movimiento Político Rebelión Verde (ReverdES) expresaron su preocupación por la grave crisis alimentaria que atraviesa el país y exigen que el Estado adopte políticas públicas que garanticen el acceso a la alimentación. Este llamado se enmarca en las conmemoraciones del Día de la Mujer Rural y del Día de la Alimentación, 15 y 16 de octubre respectivamente.
Por Fátima Cruz
“El despojo se está dando a la vista de todos”
ReverdES destacó que la situación alimentaria se agrava por un modelo económico neoliberal y agroexportador que beneficia principalmente a las élites económicas. Según la organización, esto ha dejado en situación de vulnerabilidad a amplios sectores de la población. «Nuestro país está sumido en el hambre mientras el modelo de producción neoliberal sigue enriqueciendo a unos pocos y empobreciendo a la mayoría», afirmaron.
De acuerdo con cifras oficiales, citadas durante la conferencia, 213 personas murieron por desnutrición entre 2019 y 2022, reflejando la gravedad del problema. La crisis alimentaria tiene efectos diferenciados en sectores como mujeres rurales, niñez, personas con discapacidad y comunidades indígenas, quienes enfrentan barreras adicionales para acceder a recursos como tierras, créditos y tecnología agrícola.
“La crisis profundiza las desigualdades y refuerza roles de género que sobrecargan a las mujeres con la responsabilidad de garantizar la alimentación familiar, incrementando su vulnerabilidad a la violencia y la explotación”, denunció la organización. Enfatizan que el ciclo de pobreza, desnutrición y muerte está directamente vinculado con el sistema patriarcal y económico vigente.
ReverdES exige al gobierno que diseñe políticas que garanticen el acceso a alimentos para los sectores más empobrecidos. La organización ha planteado su propuesta “Hacia un El Salvador sin Hambre: Impulsemos una Reforma Agraria Integral, Popular y Sustentable, desde abajo y con la tierra”. Esta se basa en cinco líneas de acción, entre ellas se encuentran la valoración y dignificación de la vida campesina, reapropiación social y comunitaria de la tierra, impulso de la agroecología para la soberanía alimentaria, creación de un sistema público de producción y abastecimiento de alimentos a precios accesibles y la restauración de ecosistemas según criterios de zonificación agroecológica.
Acceso a la tierra para enfrentar la crisis alimentaria en El Salvador
Judith Barrera, de Movimiento Político Rebelión Verde (ReverdES), señaló la urgencia de que las mujeres rurales tengan acceso a la tierra para enfrentar la crisis alimentaria en El Salvador. Destacó la importancia de una reforma agraria integral y sustentable que coloque en el centro la vida de las mujeres y la protección de la naturaleza.
“Como movimiento político Rebelión Verde y como mujeres cooperativistas estamos en la construcción de una propuesta política que pone al centro la vida de las mujeres y de la naturaleza para una reforma agraria integral y sustentable», afirmó. Según Barrera, el debate se desarrolla con el objetivo de encontrar alternativas concretas para combatir el hambre desde la participación activa de las mujeres.
Barrera destacó que es fundamental que las mujeres tengan acceso a la tierra para romper la dependencia alimentaria del país y enfrentar los altos costos de los alimentos. “Sabemos que hay alrededor de 16.000 manzanas cultivadas de caña de azúcar. ¿Qué pasaría si esas 16.000 manzanas estuvieran en manos de las mujeres? Produciríamos alimentos y no tendríamos esa gran dependencia de nuestros países vecinos para poder alimentarnos».
Explicó que el abandono de la agricultura nacional ha contribuido a la crisis alimentaria y a la necesidad de importar productos básicos como hortalizas y granos. “Esto se agrava aún más desde la perspectiva de las mujeres, ya que, por los roles de trabajo dentro del hogar, no tenemos acceso a la tierra de manera titular”, añadió.
Solo un 13% de mujeres con acceso a la titularidad de la tierra
Barrera subrayó que apenas un 13% de las mujeres en El Salvador tienen acceso a la tierra con título de propiedad. “La mayoría de nosotras trabajamos en tierras alquiladas, y eso representa altos costos que hacen más difícil nuestra labor”, explicó. “Esta falta de acceso a la tierra es una expresión de violencia económica que impide a las mujeres producir sus propios alimentos”.
La propuesta “Hambre Cero” de ReverdES implica la participación de diversos sectores, incluyendo a jóvenes, campesinos y mujeres sin tierra. “Es un proceso continuo que busca articular esfuerzos desde diferentes espacios. Esta construcción es también una apuesta política y organizativa para transformar la realidad del país”, concluyó.
Ana Dolores Rosales, también denunció la falta de acceso a la tierra que afecta a miles de mujeres en El Salvador. Hizo un llamado al gobierno del presidente Nayib Bukele y a la Asamblea Legislativa para que implementen reformas agrarias que garanticen el acceso a la tierra a las mujeres rurales, enfatizando que la exclusión actual es una forma de violencia que limita su desarrollo.
“Somos muchas mujeres agricultoras y agroecológicas, pero no tenemos la oportunidad de ejercer nuestros conocimientos porque no tenemos lo más importante: nuestra Pachamama, la tierra que nos da de comer", declaró. “Le exigimos al presidente Bukele que impulse reformas para que las mujeres seamos tomadas en cuenta. Somos las que menos acceso tenemos a la tierra, y eso también es violencia contra nuestros derechos”.
Asimismo, explicó que no es posible alcanzar la autonomía alimentaria ni la independencia de El Salvador en términos productivos. “Un país no puede ser autónomo si no produce sus propios alimentos. En nuestro caso, dependemos de muchos otros países incluso para importar agrotóxicos”, señaló.
El llamado de las mujeres rurales se centra en la necesidad de que el Estado ponga a disposición las tierras públicas que actualmente no están en uso. “Sabemos que hay muchas hectáreas de tierra en manos del Estado, pero no tenemos oportunidad de acceder ni a un pedacito para nuestros cultivos”, recalcó. «Pedimos que las políticas públicas nos tomen en cuenta. No podemos seguir siendo ignoradas».
Despojo de tierras
Judith Barrera también denunció la creciente reconcentración de tierras en El Salvador, la cual está afectando gravemente a familias campesinas y cooperativas rurales. Según Barrera, la cooperativa El Bosque es uno de esos casos, donde 895 familias están en disputa por sus tierras tras ser víctimas de engaños y maniobras legales que favorecen intereses económicos privados.
“Hace un tiempo, un banco designó a una persona para que ayudara a la cooperativa a saldar su deuda. Sin embargo, esta persona nunca ayudó y, por el contrario, hizo negocios con los árboles, bienes naturales de la cooperativa”, denunció Barrera. “Ahora, esta persona acusa de despojar nuestras propias tierras, en un intento por arrebatárselas a las 895 familias que dependen de ellas”.
Esta información fue confirmada por una miembro de la cooperativa El Bosque, ubicada en el cantón El Triunfo, La Libertad. La habitante denunció que han sido víctimas de constantes engaños por parte de individuos que prometen ayudas para mejorar su situación, pero que solo se aprovechan de su vulnerabilidad.
"Llegó un señor a decir que los iba a ayudar a sembrar higueros y que de ahí iba a haber trabajo para niños y mujeres... pero se lo robó todo y se fue. Tenemos miedo hasta de sembrar. Mi hijo dice que mientras él no venga a quitarnos (del lugar) seguirá sembrando plátano, pepino y tomate."
Además, Barrera alertó sobre la situación en la finca Santa Adelaida, Ahuachapán, donde se pretende talar un bosque para instalar paneles solares destinados a la minería de Bitcoin. “Estas instalaciones no solo destruirán el bosque, sino que también demandarán un alto consumo de agua para enfriar los paneles solares. Es un proyecto que pone en peligro los recursos naturales y afecta directamente a las familias que habitan la zona”, subrayó.
Además, la representante indicó que estos casos de despojo de tierras no son aislados, sino parte de un proceso generalizado en el país. “Vemos cómo en la Cordillera del Bálsamo también se están realizando grandes construcciones que afectan las áreas rurales. En todo el país, la tierra está siendo reconcentrada para proyectos urbanísticos, monocultivos de caña de azúcar y otras iniciativas que priorizan los intereses económicos”, explicó Barrera.
La activista destacó que el despojo de tierras está siendo legitimado a través de marcos jurídicos que permiten el uso de engaños y estafas. “Estamos hablando de una contrarreforma agraria. Aquellas familias que fueron beneficiadas con la reforma agraria ahora están siendo desplazadas mediante estrategias legales que buscan recuperar esas tierras para proyectos privados”, señaló.
Según la vocera, las cooperativas están siendo utilizadas como un medio para facilitar el acceso a la tierra por parte de intereses económicos privados. “El despojo se está dando a la vista de todos y bajo un aparente marco legal pero lo que realmente está ocurriendo es un robo legalizado», denunció.
