Socorro Jurídico Humanitario, acompañado de familiares, denunció graves violaciones al Derecho a la Salud y otros derechos fundamentales en el centro penal de Izalco y otros establecimientos penitenciarios de El Salvador. Mencionaron que existen muchos casos de personas privadas de libertad fallecidas por falta de atención médica adecuada.
Por Fátima Cruz
El Socorro Jurídico Humanitario (SJH), junto con familiares de personas detenidas arbitrariamente durante el régimen de excepción, denunciaron la grave situación de salud en la que se encuentran muchas personas privadas de libertad. Según esta organización, el Estado salvadoreño está fallando en proteger el derecho fundamental a la salud, tal como lo establece el artículo 65 de la Constitución de la República.
Hicieron énfasis en que las muertes, bajo la responsabilidad del Estado, se relacionan a hechos de violencia y otros decesos se deben a la negación de tratamiento médico en el Centro Penal de Izalco. «Muchos fallecieron por la negación del tratamiento médico», afirmó Ingrid Escobar, de SJH.
Uno de los casos es el de Luis Miguel Reyes, un joven recluido en Izalco. Reyes es padre de una niña de 8 años y único sustento de su familia. No contaba con antecedentes penales. Su estado de salud previo a la captura ya era delicado, su diagnóstico fue trastorno depresivo mayor y se encontraba con tratamiento médico. Dentro del penal desarrolló epilepsia por falta de controles y atención a su salud. «El régimen de excepción se ha utilizado para cobrar deudas incluso políticas», aseveró Escobar, explicando que funcionarios han utilizado este régimen para castigar a personas inocentes.
Socorro Jurídico Humanitario también hizo un llamado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, destacando que las personas privadas de libertad tienen derecho a la protección de la salud, a recibir asistencia y tratamiento médico, derechos que no se están garantizando en la práctica. «En teoría, estos derechos están claros en los documentos, pero no se cumplen en la práctica», explicó Ingrid.
La organización y familiares expresaron que la responsabilidad de estos hechos es de las autoridades penitenciarias y exigieron la liberación de los reclusos enfermos para que puedan recibir el tratamiento adecuado. En particular, se solicitó al Tribunal Sexto de Crimen Organizado que considere la salud emocional y física de Luis Miguel Reyes.
Además del caso de Reyes, se mencionaron otros reclusos gravemente enfermos en distintos centros penales, incluyendo Mariona y bartolinas en distintas localidades. La organización afirma que 500 personas recluidas en el penal de Izalco se encuentran en estado de desnutrición, ¨raquítico¨. También, ha documentado cerca de 301 muertes en centros penales, atribuyendo entre las causas negligencia médica.
Recientemente, se ha revelado información sobre las condiciones de detención en Izalco, donde aproximadamente 500 personas están sufriendo de desnutrición severa. Esta información proviene de testimonios de personas liberadas y reportes internos, destacando la gravedad de la situación.
Uno de los testimonios más recientes proviene de un joven liberado quien describió las condiciones deplorables dentro del centro de detención. El joven, que estuvo detenido por más de ocho meses, reportó haber perdido 20 kilos durante su tiempo en Izalco debido a la desnutrición severa. Además, mencionó que a los detenidos que no reciben paquetes de alimentos de sus familias se les proporciona únicamente una galleta fortificada al día, insuficiente para mantener una nutrición adecuada.
Los testimonios coinciden en que al menos 500 personas están distribuidas en tres celdas dedicadas a aquellos con desnutrición severa. Las condiciones en las celdas de Izalco son extremadamente precarias. Según los testimonios, las celdas están superpobladas y carecen de higiene básica, lo que agrava aún más las condiciones de salud de los detenidos. La falta de acceso a alimentos nutritivos y cuidados médicos adecuados son las principales preocupaciones que destacan los relatos.
Acoso policial
La organización presentó el caso de detención arbitraria y acoso de los jóvenes Kevin Corea y su hermana Greicy Corea, quienes han sido víctimas de violencia y amenazas por parte de la Policía Nacional Civil. Kevin fue capturado y a Greicy la liberaron porque acaba de tener a su hijo.
Greicy Coreas es una joven madre de 22 años con baja escolaridad, sin antecedentes penales y comerciante de frutas en San Marcos Lempa. Tiene hijos pequeños. Ella y sus hijos han sufrido acoso y amenazas por elementos policiales del lugar para obligarles a aceptar que son parte de grupos delictivos. El SJH relata que Greicy está consciente de sus derechos y ha tratado de resistir las amenazas. Ha informado a las autoridades que tiene derecho a una defensa y que cuenta con el apoyo de abogados.
Ante esta situación, se presentó un recurso de hábeas data preventivo para proteger a Greicy de estas detenciones arbitrarias. Sin embargo, la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente y los informes emitidos han mostrado un sesgo significativo, ya que han entrevistado solo a los jefes policiales y no a testigos o profesionales que pueden dar fe de la inocencia de Greicy, afirmó la organización.
Por otra parte, denunciaron que los hijos de Greicy también son víctimas de este acoso, ya que se encuentran creciendo en un entorno de miedo y violencia. «Es inadmisible que los cuerpos de seguridad utilicen métodos tan extremos para amedrentar a sus madres. Esta situación tiene efectos devastadores en el desarrollo y bienestar psicológico de los niños, quienes merecen crecer en un ambiente de seguridad», sentenció la representante del SHJ.
Socorro Jurídico expresó que el régimen de excepción está diseñado para combatir la criminalidad pero que, en este caso, lo están utilizado para cumplir cuotas de captura y desalojar a vendedores, un sector en el que su mayoría son mujeres.
Para la organización, la situación de Greicy no es un caso aislado. Muchas mujeres en El Salvador están sufriendo abusos similares, especialmente en la zona Oriental del país, donde militares de la Fuerza Naval las acosan sexualmente bajo la amenaza de encarcelar a sus maridos si no ceden a sus demandas. «Es imperativo que las autoridades actúen para sancionar a los responsables de estos abusos y proteger a las mujeres de las fuerzas de seguridad que, en lugar de salvaguardar a la población, están causando traumas y violaciones de derechos humanos. El caso de Greicy, y otros similares, deben ser investigados a fondo y con imparcialidad, asegurando que las voces de las víctimas sean escuchadas y respetadas”, concluyó Ingrid Escobar.