Según el estudio, el sistema actual de pensiones en El Salvador revela que su baja cobertura afecta de manera desigual a hombres y mujeres, evidenciando fallas estructurales del sistema y la necesidad de reformas, desde una perspectiva feminista.
Por Fátima Cruz
El estudio Sistema de Pensiones en El Salvador. Un acercamiento feminista, expone la crítica situación de desigualdad que enfrentan las mujeres en el acceso y la permanencia en dicho sistema. Este se elaboró desde la perspectiva de la economía feminista, que ofrece herramientas analíticas indispensables para comprender la complejidad de este problema. Desde este punto de partida, se evidencia cómo las mujeres se encuentran en una posición de desventaja debido a la división sexual del trabajo y la mercantilización de la economía.
Según datos revelados por el estudio, 44 de cada 100 mujeres en edad de trabajar se dedican exclusivamente a labores de cuidado no remuneradas, en contraste con apenas 4 hombres de cada 100 en la misma situación. Esta realidad se traduce en una mayor dificultad para que las mujeres ingresen y permanezcan en el sistema de pensiones, así como para cumplir con los requisitos necesarios para obtener una pensión por vejez.
La presentación y autoría del estudio estuvo a cargo de Saira Barrera y Sara Hércules, quienes destacaron que incluso cuando las mujeres participan en el mercado laboral remunerado, su dedicación a las labores de cuidado implica que una parte considerable de su jornada laboral no sea reconocida ni remunerada. Esta carga desproporcionada de trabajo de cuidados afecta especialmente a las mujeres de bajos ingresos, quienes enfrentan mayores obstáculos para acceder a una pensión digna al llegar a la vejez.
El estudio también demuestra la escasa cobertura de los programas de pensiones no contributivas, como el Programa de Pensión Básica Universal (PBU), cuyas beneficiarias en un 69% son mujeres. Sin embargo, la reducción de la cobertura de este programa en los últimos años pone en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres ante la desaparición de este tipo de pensiones, del 1.19% en 2019 al 0.62% en 2022.
Otro aspecto importante es que la maternidad impone cargas adicionales de trabajo de cuidado a las mujeres, afectando su participación en el mercado laboral, especialmente en trabajos formales. Las brechas en el tiempo dedicado al trabajo no remunerado y de cuidado se amplían especialmente en hogares con niños pequeños, aumentando la disparidad entre mujeres pobres y no pobres. La maternidad biológica también puede implicar costos económicos directos debido a la pérdida de ingresos durante el período de maternidad, especialmente para aquellas que no están protegidas por disposiciones laborales como el subsidio por maternidad en el sector formal.
Muchas mujeres no cotizan al Seguro Social, lo que las deja sin protección durante la maternidad y dificulta su acceso al sistema de pensiones contributivo. El estudio indica que la baja densidad de cotización de las mujeres en comparación con los hombres se atribuye a la precarización laboral, el trabajo de cuidado no remunerado y la maternidad. En la etapa de adultez mayor, las mujeres enfrentan una situación más desfavorable en términos de percepción de ingresos por pensión. En este sentido, la división sexual del trabajo y las características del sistema previsional contribuyen a la exclusión de las mujeres del sistema previsional en El Salvador.
A pesar de que la Constitución salvadoreña reconoce la seguridad social como un derecho y una obligación del Estado, la realidad muestra que obtener una pensión por vejez sigue siendo un desafío para muchas personas mayores, especialmente para las mujeres. Existe una “mercantilización del derecho a una pensión”, evidenciada por el pago de comisiones a las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Esto perpetúa la desigualdad de género en el acceso a la protección social, expresaron las autoras.
El informe propone una serie de medidas a corto, mediano y largo plazo para abordar estas desigualdades y garantizar una protección social adecuada para las personas mayores, especialmente las mujeres. En el corto plazo, se sugiere fortalecer el pilar no contributivo (como el Programa de Pensión Básica Universal) del sistema de pensiones e integrarlo completamente al sistema, así como reconfigurar la pensión por sobrevivencia para ampliar su alcance y monto. En el mediano plazo, se proponen mecanismos que permitan a las personas con ocupaciones no asalariadas contribuir al esquema contributivo de pensiones, así como alternativas para aquellas personas que no cumplan con los requisitos para acceder a una pensión al llegar a la edad de jubilación.
La investigación coloca la urgencia de reconocer y abordar las brechas de género en el sistema de pensiones en El Salvador, pues estas no solo perpetúan la desigualdad económica entre hombres y mujeres, también tienen consecuencias devastadoras en términos de riesgo fiscal, costos sociales y presión sobre la movilidad social. Solo a través de reformas estructurales que pongan la vida de las personas en el centro de la economía se podrá garantizar una protección social inclusiva y equitativa para todas las personas mayores, especialmente las mujeres.
Además, concluye que la división sexual del trabajo y la precarización laboral en El Salvador crean brechas laborales y salariales entre hombres y mujeres, mientras que el sistema de pensiones refuerza y profundiza estas diferencias. Esto excluye de sus derechos previsibles a la mayoría de la población, mostrando la mercantilización de derechos en el país.
Para reformular el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), el estudio sugiere un enfoque feminista, para que se reconozca su naturaleza históricamente excluyente. Las autoras afirman que el SAP actual está diseñado sobre una base capitalista y patriarcal, perpetuando desigualdades de género a lo largo del ciclo de vida de las mujeres. Por ello, proponen una política feminista para desarrollar un sistema de pensiones más equitativo y sostenible, que reconozca y valore el trabajo no remunerado de las mujeresn y que brinde protección social adecuada a lo largo de sus vidas. Se concluye que el SAP actual no ha logrado cumplir con sus objetivos de garantizar el derecho a la vida de las personas y que es necesario un nuevo sistema que aborde los desafíos en todas las etapas del proceso de pensiones.