El 18 de marzo de 1981, siete mil personas del municipio de Victoria, en el departamento de Cabañas, escapaban a través del Río Lempa de un operativo del Destacamento Militar II y la Guardia Nacional que quemaban casas y cosechas, torturaron a los pobladores y eran atacados por aire y tierra mientras huían por el punto conocido como Piedras Coloradas hacia Honduras, en busca de refugio.
Por: Eugenia Olán
A 43 años de la masacre en el Río Lempa, las comunidades de Santa Marta y la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES), junto al Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), hacen un llamado al Estado salvadoreño para que estos hechos cometidos del 15 al 18 de marzo de 1981 no queden en la impunidad.
De acuerdo al Vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, la impunidad, cuando es sistemática, crea una cultura de impunidad y cultura de oscuridad, haciendo énfasis en la negación a dar la información que el Estado debe brindar a la ciudadanía. Además, mencionó que la masacre del Río Lempa es de las menos conocidas, pero es una de las más grandes atrocidades que vivió el pueblo salvadoreño en 1981, entre asesinatos y exilio de los pobladores de Santa Marta.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad, fueron alrededor de 200 personas asesinadas y un aproximado de 7,500 personas refugiadas en las aldeas Los Hernández y La Virtud -zonas fronterizas con Honduras- donde la población les acogió de manera solidaria y recibieron el apoyo de la Iglesia Católica y ONGs.
La memoria no abre heridas, la memoria es el único camino para sanar las heridas cuando se hace justicia y se hace reparación de la víctimas, por eso nuestro empeño en recordar, en mantener viva esta memoria”
Rosa Linares, sobreviviente de la masacre del Río Lempa, exige que el Estado salvadoreño repare esas heridas pues para su comunidad es importante la memoria histórica, “Nosotros hemos venido trasladando esa memoria histórica a nuestras generaciones para que no se pueda olvidar porque pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla y quienes hemos vivido una guerra y hemos sobrevivido a todas esas atrocidades que se cometieron en esos años y aún como comunidad seguimos viviendo el acoso del Estado”.
En 2014, el IDHUCA realizó la sexta edición del Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador, en la comunidad de Santa Marta, donde se documentaron 8 casos de víctimas del conflicto armado para que puedan ser judicializados. Este tipo de tribunales busca contribuir a la lucha contra la impunidad a través del acceso de la justicia, la promoción y recuperación de la memoria histórica, una labor que el Estado, hasta la fecha, sigue sin realizar.
Para Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), es lamentable que continúen en la impunidad estos hechos, ya que por medio de los tribunales de justicia restaurativa se pudo compartir y conocer las historias de esta masacre, para exigir justicia por este y otros crímenes en contra de todas las personas que sufrieron las atrocidades de la guerra, como en este caso donde los grupos militares que participaron, cumplian órdenes de limpiar la zona de la guerrilla en sectores donde la sociedad civil fue la más impactada.
Ante la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, las recomendaciones dictadas por los tribunales internacionales de justicia reparativa no fueron tomadas en cuenta, lo que perpetúa la impunidad en El Salvador a 43 años de no esclarecer los hechos.
La persecución actual de líderes de Santa Marta
ADES también denunció que el Estado instrumentaliza la justicia para dar persecución política a las distintas personas, como el caso de los seis líderes comunitarios. El 11 de enero de 2023, fueron detenidos los líderes: Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco, Saúl Rivas y Fidel Recinos por un supuesto asesinato durante la guerra civi. Siete meses después, el Tribunal Instrucción de Sensuntepeque ordenó que los líderes cumplieran arresto domiciliario y el pago de una fianza de $3,000.
“La Fiscalía se acerca a la comunidad con una intención clara de buscar una forma de perseguir y de criminalizar a líderes comunitarios, engañando a la comunidad diciéndole que iban a investigar la masacre de Santa Marta. En ese proceso de investigación, ellos (Fiscalía) armaron el caso contra nuestros compañeros, porque no han podido presentar pruebas suficientes que hagan viable sus acusaciones. Lo que nosotros creemos, es que ha habido una clara utilización de la justicia transicional para poder perseguir a nuestros compañeros”. Alfredo Leiva, miembro de la comunidad de Santa Marta y director de ADES.
Para el próximo 3 de abril, se espera la audiencia preliminar en la que pueden haber dos posibilidades: que se alargue el proceso o que la jueza otorgue sobreseimiento definitivo a los líderes de Santa Marta.