El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) junto a Justicia Social y Contraloría Ciudadana se dirigieron a la Asamblea Legislativa para entregar una propuesta de Decreto Transitorio, con el fin de proporcionar herramientas a los juzgados especializados del régimen y a otras instituciones como la Fiscalía General de la República, para garantizar la libertad de aquellos detenidos y detenidas que no tienen vínculos con pandillas y cuyas vidas están comprometidas por enfermedades graves y degenerativas.
Por: Fátima Cruz
Según el decreto propuesto, los juzgados especializados podrán solicitar medidas de libertad una vez se cumplan con requisitos detallados en la propuesta. Durante las audiencias de imposición de medidas, los jueces darán prioridad al artículo 332 del código procesal penal, sustituyendo las medidas de internamiento para aquellos afectados por enfermedades graves como hipertensión, diabetes, epilepsia, cáncer y otras.
La propuesta contempla que los detenidos bajo régimen de excepción y que padecen enfermedades graves y degenerativas, bajo el amparo del derecho humanitario y las reglas de Mandela, puedan ver modificada su medida de internamiento, permitiéndoles seguir un proceso judicial con medidas sustitutivas.
Venimos a presentar una propuesta de decreto, pidiéndole a la Asamblea Legislativa que se pronuncie o que exija a la Dirección de Centros Penales que a los privados de libertad que están con problemas de salud crónicos y terminales se les den medidas sustitutivas, o sea que pueden continuar detenidos pero desde su casa mientras reciben atención médica oportuna porque el régimen los está dejando morir por negligencia. Es mentira que un penal va a tener médico para que atiendan a los reclusos, si para ellos ya no tienen derecho a la vida. Por eso creemos que son personas inocentes, porque el régimen aún no ha comprobado que son culpables y nosotros por supuesto que abogamos por las personas que son inocentes
Blanca, integrante de Movir, busca visibilizar y demandar derechos para las personas privadas de libertad en Centros Penales. Expresó su preocupación por la falta de atención médica en las cárceles y afirmó que muchos privados y privadas de libertad ya están enfermos y no reciben el cuidado necesario ni las medicinas correspondientes. La problemática de salud en los Centros Penales fue abordada con énfasis en enfermedades crónicas, casos de fallecimiento y las condiciones de escabiosis que afectan a reclusos y reclusas.
Hace 18 meses que Blanca no posee ninguna información de su hijo. «Yo no lo veo. No sé si está vivo o muerto porque en algunas ocasiones la gente está llevando paquetes y no le dicen si su familiar ya falleció».
Además, destacó la lucha constante por las personas inocentes y de aquellos que ya tienen cartas de libertad pero no han sido efectivas. En el proceso jurídico señaló la falta de acción por parte de algunos abogados porque obstaculizan su trabajo.«Vengo con todo gusto y de todo corazón a luchar por la libertad de mi hijo, que no le debe nada a nadie».
En cuanto a la economía, explicó cómo los altos precios de los alimentos han afectado a las familias de bajos recursos. El costo de llevar el paquete para el hogar se ha vuelto cada vez más difícil, así como la situación económica de muchas familias.
«Básicamente hasta se han duplicado. La situación cuesta bastante para hacer el paquete y saber a veces no les entregan lo que uno lleva. Es triste. Dios sabe cómo cuesta rebuscarse», lamentó Blanca.
José explica que han sido víctimas tanto del Estado como de grupos delincuenciales. “Nosotros también hemos sido víctimas de la delincuencia y estamos resentidos con los delincuentes que andan libres, que son los culpables de todas las muertes que han existido. A otra de mis hijas la secuestraron y desaparecieron en 2009. Yo no sé de mi hija y nunca puse una denuncia porque no están a favor de buscar a las personas desaparecidas. Eso es lo que a mí me duele y como familia sabemos que los gobiernos hoy son crueles y nunca dan una buena solución a los casos. Pero, en esta situación, mi hija todavía sé que está allí y la voy a defender.”
En este sentido, José exige una respuesta legal, justa y clara pero considera que es casi imposible conseguirlo con el actual gobierno. Además, afirma que los abogados de la Procuraduría General de la República solo les dan respuestas desalentadoras. A pesar de lo anterior afirma que cuenta con esperanza. “Estamos enfrentando la injusticia con la esperanza de que haya una resolución justa y transparente. Mi hija es inocente y eso me da la fuerza para luchar por ella, para que se haga justicia. Nuestra historia es solo una más de muchas y esperamos que contarla ayude a que la gente entienda la realidad que estamos enfrentando.”