A seis meses de la implementación de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), organizaciones feministas ya han enfrentado impactos en su sostenibilidad financiera, algunas han sido afectadas con la pérdida de hasta el 60% de su presupuesto. Esto implicará arrancar el 2026 con la mitad de su planilla y una reducción significativa en la atención a las poblaciones víctimas de violencia basada en género.
En un contexto de crecientes vulneraciones de derechos, las organizaciones enfrentan serios desafíos para sostener su labor el próximo año. Algunas organizaciones feministas y LGBTI continúan entregando documentación y realizando diligencias, incluso en período de vacaciones, para no perder su registro ni la exoneración establecida por la LAEX.
Por Redacción
En las últimas semanas, varias organizaciones feministas y LGBTI que están en proceso de tramitar su exoneración han recibido citas y solicitudes de documentación contable, fiscal y administrativa con muy pocos días de anticipación.
Estas acciones se perciben como estrategias de desgaste y control por parte del gobierno. De manera extraoficial, se ha conocido que una de las organizaciones que trabajan en temas relacionados a la democracia han enfrentado requerimientos similares, con notificaciones que incluyen la obligación de presentarse personalmente (en el caso de sus direcciones) bajo amenaza de responsabilidades legales.
Los daños de la LAEX en menos de seis meses
Con la aprobación express de la LAEX, el 20 de mayo, las organizaciones de derechos humanos han reducido o, en algunos casos, cesado totalmente su trabajo, ante la imposición de un impuesto del 30% que ahoga su presupuesto y afianza el control del Estado sobre las mismas.
Esto implica no solo un impacto negativo para la población beneficiada, sino también para las personas que trabajan comprometidas con la lucha social y los derechos humanos. Las organizaciones como Cristosal señalan que la LAEX transgrede los derechos a la asociación, libertad de expresión, el ejercicio libre del periodismo y el derecho a defender derechos.
Según lo establece la Ley, las organizaciones debían inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) en un periodo de 90 días y solicitar la exoneración del impuesto del 30% .
Las organizaciones del movimiento social, ambiental, feminista y otros entregaron la solicitud de registro y exoneración del impuesto entre los meses de junio y septiembre. La RAEX tenía hasta 20 días para darles la resolución, según publicaciones del Ministerio de Gobernación en redes sociales.
Posterior a este periodo algunas fueron registradas pero no exoneradas con el 30%, unas obtuvieron la exoneración por 20 días, que se ha ido prorrogando, otras no obtuvieron el registro o siguen en procesos de entregas de documentos, en apelaciones y otras cesaron su funciones tras años de trabajo.
La implementación de la RAEX ha llevado a que muchas organizaciones feministas tengan un futuro incierto en su trabajo para el próximo año, afectando a diferentes poblaciones del país que reciben el apoyo en la atención en casos de violencia, acompañamiento legal y psicológico, formación y apoyo a las lideresas comunitarias.
Estos impactos se dan en un contexto marcado por la violencia contra las mujeres. Solo de junio de 2024 a mayo del 2025 se registraron 18,949 hechos de violencia de género, de estos, más del 40% tienen que ver con casos de violencia sexual, de acuerdo con datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres.
Organizaciones feministas iniciarán 2026 con un alto recorte de personal
Revista La Brújula consultó a algunas organizaciones feministas sobre los impactos de la LAEX en su organización, a más de seis meses de haberse implementado. La pérdida de cooperación internacional es uno de los más graves para las que no han logrado la exoneración del 30%.
Según indican, algunos fondos de cooperación internacional han retirado el apoyo parcial o total, ya que les han expresado que no están dispuestos a entregar un impuesto del 30%, pues se suma a los impuestos que ya pagan en sus países de origen y en las transferencias que realizan.
Esto podría significar incluso tener 0% de fondos provenientes de cooperación internacional. Para algunas organizaciones feministas, la pérdida de algunos cooperantes representa el 60% del presupuesto, y para otras, se traducen en pérdidas de hasta 100 mil dólares por el momento.
Las organizaciones feministas continuarán funcionando, pero algunas tendrán hasta un 50% de la planilla y un promedio del 40% a 60% de presupuesto del total que solían tener en años anteriores.
Las organizaciones han realizado recortes de personal, la mayoría ha sido el personal técnico, que se traducen en la mayoría de casos, en las especialistas en brindar atención, asesoramiento legal, psicológico, acompañamiento en los territorios.
Con estas reducciones, afectaría el rendimiento y la cobertura de las organizaciones, directamente a las comunidades y poblaciones que necesitan el acompañamiento y seguimiento a la garantía de sus derechos como al acceso a la justicia, a una vida libre de violencia, a la búsqueda de sus familias desaparecidas, en la solución de problemas locales, en el acceso a la salud sexual integral, en la autonomía y empoderamiento de sus derechos.
Mayor control a las organizaciones que cuestionan el Estado
A través de la LAEX, el Estado tiene la potestad de monitorear el trabajo de las organizaciones, contempla la cancelación de la personería jurídica, multas que van desde los $100 mil hasta $150 mil dólares y responsabilidades penales por actos de índole político o que “amenacen la seguridad nacional”.
La ley no es clara y cualquier acto que parezca “con fines políticos con el objetivo de alterar el orden público” válida al Estado para imponer las penalidades en contra de cualquier organización, que a su razón le incomode o cuestione.
Las organizaciones feministas consultadas han tomado la opción de reducir el perfil modificando o replanteando su misión, los objetivos y enfoques como una forma de resistencia ante el discurso bukelista y les permita continuar con el desarrollo de sus labores.
Este control se justifica en la ley como promoción de la transparencia del funcionamiento de los agentes extranjeros. Sin embargo, el mismo gobierno no cumple con los índices de transparencia. En 2024 obtuvo el puntaje más bajo en los últimos 10 años en el Índice de Percepción de Transparencia (IPC) con un nivel de 30 sobre 100 .
El registro ante la RAEX es un proceso que se suma a las demás obligaciones que ya tenían las ONG’s, esto les ha saturado de trabajo administrativo. Las organizaciones ya rendían cuentas ante las instituciones públicas, en sus portales web y con las mismas cooperaciones.
La LAEX es ambigua ante los documentos que deben presentar para obtener el registro, “Requerir documentos o cualquier información que considere necesaria, de forma oficiosa, sobre los sujetos obligados, para mantener actualizado el RAEX o para verificar el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley” señala el numeral e, del artículo 7.
Es decir que, la RAEX tiene la potestad de solicitar cualquier documento. Es por ello, que algunas organizaciones han recibido mensajes del RAEX solicitando las facturas físicas y electrónicas, estados de cuentas, que deben ser entregadas en periodos cortos de tiempo y en vísperas de vacaciones navideñas.
Estas organizaciones deben realizar las diligencias lo más pronto que puedan, de lo contrario podrían perder el registro y la exoneración del impuesto del 30%. Esto puede producir cansancio y agotamiento para las personas que deben realizar estas diligencias, algunas incluso en este periodo vacacional.
Cierre de organizaciones en El Salvador
Juanita Goebertus, directora de la División de la Américas de Human Rights Watch catalogó a la LAEX como una ley que busca silenciar la corrupción, las violaciones de derechos humanos y negociaciones secretas entre los líderes de las pandillas y el gobierno de Bukele.
Esto convierte al país en un lugar sin garantías para la defensoría de derechos humanos. Como consecuencia, Cristosal con 25 años de trabajo, y FESPAD con 35 años de acompañamiento a víctimas violaciones de sus derechos, han cerrado sus operaciones.
Con la captura de defensores como Ruth López, coordinadora de la Unidad Anticorrupción de Cristosal y Alejandro Henríquez, presidente de ECOS y defensor ambiental, y la aprobación de la LAEX, ejemplifica el incremento de represión estatal.También, la Asociación Centro de Estudios Aplicados en la Ecología y Sustentabilidad Ambiental (ECOS) cerró operaciones con 8 años de acompañar la lucha por la justicia ambiental, en el acompañamiento de comunidades, en la creación de propuestas sustentables para los bienes naturales y territorio.
Sigue un espíritu de movilización social
La LAEX, la persecución a defensoras y periodistas, la criminalización de personas reconocidas por su labor en la defensoría de derechos humanos como una forma ejemplarizante ha provocado el aumento de la autocensura de algunas organizaciones y activistas que antes realizaban acciones públicas y daban su punto de vista crítica a las decisiones del gobierno que afectan a la población salvadoreña.
Una organización, que por seguridad se mantiene de manera anónima, ha realizado el monitoreo de la movilización social y popular por medio de: el Diario El Co-Latino, la radio YSUCA y la Prensa Gráfica durante tres años. Entre los principales hallazgos de este 2025, es que la masa organizativa movilizada y la cantidad de demandas ha tenido altos y bajos.
El mes de mayo se registra con más actividad, sin embargo, los meses posteriores muestran una baja casi de la mitad en comparación al inicio de año, pero no llega a cero. La participación en su mayoría ha sido de las organizaciones de derechos humanos, ambiental, laboral pública, de mujeres y feministas, comunitarias y gremios de profesionales.
A pesar de que el panorama puede ser desalentador, existen colectividades que continúan señalando ciertas demandas e injusticias. El 25N fue un momento que mostró la diversidad de formas de movilizarse, a través de momentos de silencio, otras de encuentro en lugares públicos o más cerrados.
Un futuro desconocido para las organizaciones
El 2025 cierra con momentos que han marcado un incremento en la persecución y criminalización de personas defensoras, periodistas y organizaciones sociales, el cierre de espacios cívicos, legislaciones que condenan la libertad de expresión y de asociación.“La situación de las libertades cívicas en El Salvador ha empeorado en 2025”, señaló el CIVICUS Monitor, herramienta de investigación que proporciona el estado de una sociedad y sus libertades cívicas a nivel global. Este año, El Salvador cae a la segunda categoría más baja: “represivo” junto con otros 14 países.
En los últimos dos años, se ha consolidado el régimen autoritario de Bukele y con ello el cierre de espacios cívicos y democráticos. El 2026 está lleno de incertidumbre en la capacidad de las organizaciones para continuar trabajando, que con dificultad iniciarán con la mitad de su planilla y de presupuesto.
Además, CIVICUS Monitor resalta la alianza que existe con Estados Unidos para legitimar la represión. Una medida que afectó directamente a las organizaciones sociales y proyectos de índole social fue la cancelación de la Agencia para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID a inicios del 2025. Nayib Bukele aplaudió la medida afirmando que el apoyo la canalizaban la oposición, organizaciones con agendas impuestas y movimientos desestabilizadores.
Este panorama replantea la forma de organizarse, buscar alternativas de financiamiento, en la unificación de esfuerzos y en la construcción de un camino que resista ante los intentos por desmantelar la organización social, feminista, ambiental, sindical, estudiantil y otros.
