El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla concluyó que los arraigos laborales, domiciliarios y familiares eran insuficientes en la Audiencia especial de revisión de medidas. ReverdES expresa su preocupación ante el deterioro de la salud de los defensores.
Por: Redacción
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla decidió que Alejandro Henriquez, abogado y defensor ambiental, y José Ángel Pérez, defensor y Presidente de la Cooperativa El Bosque, continúen en detención provisional.
La defensa del caso solicitó una audiencia especial de revisión de medidas y presentó nuevos arraigos para solicitar la libertad de Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez. Sin embargo, el tribunal concluyó que los arraigos laborales, domiciliarios y familiares eran insuficientes y confirmó la detención provisional.
El equipo de abogados y abogadas defensoras señaló que ofrecieron una caución económica según lo estableciera la jueza y que con los arraigos presentados el 30 de mayo y este 29 de octubre, los acusados tienen las condición para ya no estar en detención provisional.
Los delitos que se le acusan son de resistencia agresiva y desórdenes públicos. “Debería darle un tratamiento apegado al derecho, lo que no ha ocurrido, creemos que la resoluciones han sido motivadas políticamente, debido que son delitos comunes y aún así, después de todas las pruebas de descargo, siguen detenidos”, dijo Luis Rivera, abogado defensor.
La etapa de instrucción finaliza el 16 de diciembre, pero no hay fecha programada para la audiencia preliminar. La defensa del caso considera que será hasta enero de 2026.
ReverdES manifestó su preocupación por la condición de salud de los dos defensores, que se ha ido deteriorando en estos meses. José Ángel ha padecido de fiebre y problemas de oídos, lo que ha provocado la pérdida de audición en uno de ellos. Alejandro presenta lesiones en la piel producidas por la insalubridad del centro penitenciario La Esperanza.
También, ReverdES señaló que la decisión de la jueza Segunda de Instrucción de Santa Tecla responde a la presión del régimen. “Esta es una acción ejemplarizante y puede pasarle a cualquier persona que exija sus derechos, que pida ayuda o estreche la mano a las personas a la que este sistema y Estado ha desamparado”.
Los y las abogadas defensoras enfatizaron que seguirán apelando la decisión de la jueza, pedirán que realicen las debidas diligencias de investigación que todavía la fiscalía no ha realizado y que den un tratamiento apegado a la Constitución.
La defensa solicitó que la familia ingrese a centros penales para ver a Alejandro y José Ángel. Sin embargo, fue hasta este día, cuatro meses después de su captura, que el tribunal permitió unos minutos para verlos.
La comunidad internacional ha manifestado su apoyo y han señalado que su captura es parte de la criminalización de personas defensoras de derechos humanos. Las detenciones de ambos defensores ocurren durante y posterior a las concentraciones pacíficas de los habitantes de Cooperativa El Bosque que exigían al gobierno detener el desalojo de sus viviendas y tierras.
Seguiré de cerca la audiencia preliminar en el juicio contra los defensores Alejandro Henríquez y Angel Pérez en #ElSalvador mañana. Permanecen incomunicados desde mayo. Reitero mi llamamiento para que sean puestos en libertad y se retiren los cargos en su contra @cancilleriasv pic.twitter.com/GpzspIjIl3
— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) October 28, 2025
Mary Lawlor, relatora especial de Defensores de Derechos Humanos de la ONU, afirmó darle seguimiento a la audiencia en contra de los defensores. “Reitero mi llamamiento para que sean puestos en libertad y retiren los cargos en su contra”, publicó en X.
También, Amnistía Internacional exigió la libertad para los defensores. Su detención es arbitraria e injusta, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En julio de 2025, los defensores Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez junto con Ruth López fueron reconocidos como Prisioneros de Conciencia por parte de Amnistía Internacional, debido a que sus detenciones forman parte de la criminalización a defensoras de derechos humanos que denuncian el abusos, exigen justicia y demandan transparencia a la gestión pública.
