En nuestra primera entrega hablamos sobre el impacto que tuvo en la educación el anuncio del gobierno salvadoreño de eliminar “todo rastro de ideología de género” en la currícula escolar. Sin brindar detalles, sacudieron de las escuelas las pocas temáticas sobre educación sexual que se impartían. Esta onda expansiva alcanzó al Ministerio de Salud que, al mismo tiempo, ordenó eliminar lineamientos de atención, modificar formularios y retirar material sobre diversidad sexual, prevención de las ITS y VIH. ¿Qué consecuencias dejó esta decisión en la población LGBTIQ+?
Por Redacción
En febrero de 2024, el gobierno anunció haber eliminado “todo rastro de ideología de género de las escuelas”. El Ministro de Educación y otras instituciones lo repostearon con orgullo. Al tiempo que se eliminaban de la currícula los pocos pero importantes temas sobre educación sexual, en el Ministerio de Salud se trasladaban órdenes similares que dejarían vacíos en los servicios de salud.
La orden llegó vía whatsapp, según una nota de La Prensa Gráfica, el martes 28 de febrero, en las que indicaba a las jefaturas que debían retirar “todo documento, formulario y material educativo sobre diversidad sexual”, incluyendo los documentos que contengan el acrónimo LGBTIQ+ o con información sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Posteriormente, todos los materiales serían entregados en las oficinas regionales del Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI).
A partir de esta decisión, se modificaron los lineamientos del formulario FVIH-01, instrumento donde se segregaban los datos por orientaciones sexuales e identidad de género, explica Aranza Santos, activista LGBTIQ+.
El cambio en los formularios del sistema de salud se implementó de forma abrupta y sin consulta. Durante años, las organizaciones habían luchado para actualizar el formulario FVIH-01 del MINSAL, enfrentando resistencia en cada modificación. Sin embargo, tras una orden gubernamental, en solo dos semanas todos los formularios fueron impresos con los nuevos cambios, y se prohibió el uso de la versión anterior bajo amenaza de sanción.
Este cambio eliminó la clasificación que permitía registrar datos desglosados de poblaciones clave en la prevención del VIH. Desde 2014, el Fondo Mundial había financiado un proyecto de prevención para esta población en El Salvador.
Dentro del material retirado, también se encontraban folletos con información sobre el VIH, ITS y otros que contenían información clave sobre las Clínicas de Vigilancia Centinela y Control de Infecciones de Transmisión Sexual (VICITS), las cuales brindan atención especializada y confidencial a la población LGBTIQ+.
Los lineamientos y herramientas plasmadas en los formularios que fueron retirados establecían la forma y el trato que las personas LGBTIQ+ deben tener desde el momento en que solicitan un servicio de salud, y cómo deben ser nombradas por el personal. Un análisis del Observatorio de Derechos Humanos de las personas LGBTIQ+ explica que, al inaplicar estos lineamientos, se da la pauta para continuar con el desconocimiento, la ignorancia y el estigma para esta población.
Aranza Santos coincide con este análisis. Señala que la ausencia de estos recursos representa un doble golpe, provocando un alza en la discriminación y la estigmatización hacia población LGBTIQ+, debido a que los médicos ya no les tratan por su identidad de género y orientación sexual, sino como hombres de alta prevalencia y a las mujeres trans como personas de muy alta prevalencia, lo que invisibiliza la existencias trans y les coloca en una categoría que solo hace referencia a un factor de riesgo.
“Nos enfrentamos a discriminación en casi todas las áreas: vigilancia, archivo, consulta general, laboratorio. Las únicas zonas donde, en teoría, no nos discriminan son las clínicas VICITS. Sin embargo, incluso ahí reciben órdenes estrictas del Ministerio de Salud de no reconocernos por lo que somos. Eso hace que la atención deje de ser integral, porque al no respetar nuestras orientaciones e identidades de género, se vulnera nuestro derecho a una atención digna”, expresó.
Santos, también se refirió a la ventanilla de denuncias a violaciones a derechos humanos que tenía el Ministerio de Cultura. La Procuraduria para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recolectaba datos de vulneraciones, acuerpaba y respaldaba las denuncias de las mujeres trans por algún tipo de discriminación dentro de los centros educativos. Pero luego del anuncio de febrero 2024, afirma que «todo eso desapareció».
La eliminación de esta desagregación es un retroceso en la visibilización de los impactos diferenciados. En las escuelas, las compañeras trans ya no quieren asistir, ya no quieren seguir estudiando porque el profesor les dijo que no puedo llegar con cabello largo. Actualmente, esa desigualdad ha escalado en el sistema de salud donde son discriminadas desde el vigilante qué está en la entrada hasta el médico que la atiende”.
La atención integral en salud así como el derecho a la educación son demandas claves que sigue teniendo la población LGBTIQ+ en El Salvador. Organizaciones y activistas LGBTI coinciden en que los últimos años la situación ha empeorado y en lugar de avanzar hacia el respeto a los derechos humanos de esta población se ha retrocedido.
En el marco del Día del Orgullo, hacen un llamado a construir comunidad para enfrentar los retos actuales y seguir trabajando por los derechos de la población LGBTIQ+ en El Salvador.
