En el marco del Día Internacional de la Clase Trabajadora, la Mesa Mujeres, Suelo y Tierra denunció el alarmante retroceso en las condiciones laborales de las mujeres en el área urbana y rural, la agravante precariedad económica, violencia sistémica de los derechos laborales y la exclusión en el acceso a tierras para las mujeres salvadoreñas en los últimos años.
Por. Eugenia Olán
El incremento desmedido del costo de la canasta básica ha afectado desproporcionadamente la economía de las mujeres, quienes destinan la mayoría de sus ingresos al sustento familiar. A pesar de su doble jornada laboral y de cuidados, sus salarios no alcanzan para cubrir necesidades básicas, perpetuando así los ciclos de desigualdad.
La Mesa Mujeres, Suelo y Tierra ha denunciado, en reiteradas ocasiones, la explotación laboral y acoso sexual que enfrentan las mujeres en las maquilas. “Estas vulneraciones siguen siendo una realidad silenciada para nosotras, se incumplen convenios internacionales y la propia Ley de Igualdad, muchas compañeras trabajadoras siguen sin tener acceso a seguridad social e indemnizaciones por despidos”, explicó Alma Yanira Siliézar, secretaria del Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar Remunerado (SIMUTRES).
Siliézar destacó la importancia del cumplimiento efectivo del Convenio 189 de la OIT, que garantiza condiciones laborales justas, seguridad social, protección frente a abusos y el reconocimiento pleno de sus derechos como trabajadoras. Esta demanda responde a la persistente precariedad y discriminación que enfrentan en el sector, así como a la necesidad de que el Estado salde una deuda histórica con miles de mujeres que sostienen la economía y el cuidado desde sus hogares.
En el país aún no se tiene un salario establecido para nuestro gremio de más de 170 mil trabajadoras del hogar remuneradas y eso afecta tremendamente, porque no se tiene lo necesario y justo para salir adelante nosotras y nuestra familia. Con nuestro salario no logramos llegar a la canasta básica alimentaria, mucho menos a la ampliada y eso viene a impactar directamente a nuestra salud”
La Mesa también hizo referencia a la situación del sector agrícola, denunciaron que en este sector se pagan salarios de miseria, sin contratos escritos ni protección legal.
Esta situación, consideran, incumple la promesa del gobierno de apoyar a las agricultoras y emprendedoras rurales. La falta de créditos accesibles, subsidios para insumos agrícolas y la comercialización justa de sus productos agudiza la situación económica, mientras el Estado prioriza megaproyectos que las desplaza de sus viviendas y territorios.
“A pesar de que somos las principales productoras de alimentos no existen políticas de redistribución de tierras”, mencionó María Paz Amaya de la Asociación Agropecuaria “Mujeres produciendo la tierra”
Ante esto, exigen al gobierno políticas urgente contra el alto costo de la vida y el aumento al salario mínimo digno de al menos el 25%. La creación de una reforma agraria con enfoque de género que contemple una distribución equitativa de tierra y escrituración a nombre de mujeres y apoyo técnico para la producción sostenible.
