En marco al Día Mundial del Agua, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua señaló que a casi 3 años de la aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos, en su aplicación beneficia más a los sectores privados, mientras más de un millón de la población no se le garantiza su Derecho Humano al agua.
Por: Ana Gómez
En marco del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua señaló que existe una grave crisis hídrica que afecta a sectores más pobres y vulnerables.
Señalaron el compromiso de los Estados para garantizar el Derecho Humano al agua y que, en casi 3 años de una Ley General de Recursos Hídricos (LGRH), este derecho sigue en deuda en el país.
La organización presentó su preocupación por la aplicación de la LGRH, que entró en vigencia en julio de 2022, ya que beneficia más a sectores privados que a la población que se suministran a través de juntas de agua.
Son 18,731 permisos otorgados a la industria según el informe del Sistema de Información Hídrico (SIH) de la Autoridad Salvadoreña de Agua (ASA).
Mientras tanto, solo 598 juntas de agua, de un total de 2,325, están registradas. Estos sistemas abastecen de manera autogestionada a miles de familias en el país, sobre todo en zonas rurales.
“Esta ley no resolvió nada, lo advertimos desde que se aprobó y ahora estamos a casi 3 años de implementación, donde la gente sigue teniendo sed y las poblaciones siguen quejándose exactamente de lo mismo”,
De acuerdo al Censo Nacional de población y Vivienda 2024, un 21.69% no tiene garantía en el acceso al agua, ya que se abastece por medio de una fuente directa de agua, por pozo o por camioneta cisterna.
Este porcentaje representa a aproximadamente 1 millón 300 mil personas que no tiene garantizado su derecho humano al agua.
Luis González, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, añadió que no se ha resuelto la conflictividad que existe de garantizar el acceso al agua en cantidad y calidad a toda la población. En cambio, el agua de mejor calidad, de fácil acceso y barata es para los sectores empresariales, la industria y la agroindustria.
Las juntas de agua han solicitado accesibilidad en los requisitos de procesos de regularización en el Registro Nacional de Recursos Hídricos en la ASA, ya que el proceso está centralizado en San Salvador y requiere un costo adicional que asumen con fondos propios o del bolsillo las personas de las comunidades.
La falta de acceso a la información y la no apertura de participación ciudadana son otros aspectos que afecta en el derecho humano al agua.
Para la restauración de la cuenca del Río Lempa, solicitan que se cumpla con los compromisos donde incluye la participación de las organizaciones de sociedad civil para la discusión de la LGRH y manejo de la cuenca.
También, la Alianza solicitó al gobierno que abandone la práctica en la que por un lado ofrece restaurar el Río Lempa y por el otro, impulsa proyectos como la minería metálica que condena a muerte esta cuenca.
Exigen la derogación de la Ley de Minería Metálica y que incluya la participación y acceso a la información en temas relacionados al agua.
Según los estándares internacionales, el Derecho Humano al Agua implica la cantidad, calidad, disponibilidad de agua, precios de servicio de agua potable, participación ciudadana en las decisiones vinculadas a este derecho y que afecten de manera directa a la población.