Más de 207 mil firmas respaldan el rechazo a la explotación minera en el país.
Redacción: Fátima Cruz
Reportes digitales: Eunice Olán
Fotografías: Sara García / Fátima Cruz
Una amplia alianza de organizaciones sociales, ambientales, religiosas y comunidades presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley General de Minería Metálica ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La acción es respaldada por más de 57 mil firmas ciudadanas que exigen la defensa del agua, la vida y los bienes naturales.
Estas se suman a las 150 mil firmas presentadas por la Iglesia Católica a la Asamblea Legislativa, junto a una pieza de correspondencia. Recientemente, la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública mostró que seis de cada 10 salvadoreñxs se oponen a la minería metálica en el país.
"Una ley inconsulta no es una ley constitucional. Una ley que violenta derechos humanos no puede ser superior a la carta magna o a tratados internacionales."
La demanda fue presentada luego de una caminata que realizaron las organizaciones, en el marco del Día de Agua y la conmemoración del 45 aniversario del asesinato de Monseñor Romero. Argumentan que la Ley de Minería viola varios artículos de la Constitución, incluyendo el derecho a un medio ambiente sano y la obligación del Estado de controlar las condiciones ambientales que afectan la salud de la población.
"Esta decisión no solo atenta contra las comunidades, los territorios, el agua y la soberanía nacional, sino que también vulnera derechos fundamentales, como el derecho a un medio ambiente sano y el acceso al agua"
«La minería es una industria totalmente inviable. No solo representa una amenaza ambiental, también tiene graves impactos económicos, sociales y, sobre todo, en la salud. Sabemos que la minería afectaría directamente nuestros mantos acuíferos y pondría en riesgo la vida de muchas personas.
A lo largo del tiempo, hemos sido testigos de las grandes afectaciones que ha dejado en nuestros ecosistemas y nuestra forma de vida. Además, ha generado división social y criminalización en nuestros territorios. Por eso, seguimos exigiendo la derogación de esta ley impuesta el año pasado y demandamos que se declare, de manera urgente, su inconstitucionalidad.» Vidalina Morales, Lideresa Santa Marta.
Las organizaciones también denuncian la falta de debate público en la aprobación de la ley. Según la demanda, la propuesta fue presentada y aprobada en un proceso exprés de menos de tres días, sin la participación de la sociedad civil.
«La propuesta de Ley fue presentada el día 20 de diciembre, ingresada ese mismo día a la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, analizada en una sesión exprés, duró apenas 98 minutos el día 21 y finalmente aprobada el 23 de diciembre en una Sesión Plenaria de dos horas», detallaron.
Estudios previos han señalado los graves impactos ambientales que la minería podría generar en el país. Un informe de 2008 sobre el impacto ambiental de 25 proyectos mineros, estimaba que la explotación minera podría sacrificar hasta el 10% del territorio nacional, consumir entre 1,500 y 2,500 litros de agua por segundo y generar toneladas de desechos contaminantes.
«Condicionar al río Lempa a recibir miles de millones de litros de desechos de las minas durante cientos de años representa una grave amenaza a la salud y la vida de la población y los ecosistemas del país», advirtieron.
«Exigimos a la Sala de lo Constitucional que revierta esta ley y tome en cuenta los seis elementos planteados en la demanda: uno de forma y cinco de contenido. Los derechos no pueden ser regresivos. Instamos a la Sala a atender este clamor y la legítima solicitud de la población. Más del 66% de la ciudadanía rechaza la minería y demanda su prohibición.
Asimismo, exigimos la restitución de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, una normativa lograda gracias a la lucha de organizaciones ambientales, iglesias históricas, el sector académico y la sociedad civil.» Veronica Guerra, Mesa Nacional Frente a la Mineria Metálica.
La demanda fue presentada por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, el Foro Nacional de Salud, el Foro del Agua El Salvador, la Red Nacional de Juntas de Agua, y más de 300 organizaciones, comunidades y colectivos que se han unido en defensa del medio ambiente y el bienestar de la población.
Finalmente, los sectores hicieron un llamado a las instituciones del Estado para que respeten la voluntad popular y garanticen la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía. «Más de 207 mil firmas han sido recolectadas en rechazo a esta ley y representan un acto de esperanza y compromiso con el futuro de nuestro país», afirmaron.
