Por Fidelina Martínez
Siempre he creído que respetar el Estado Constitucional de Derecho es la garantía para el respeto de los derechos de la población en general. Porque el ejercicio del poder no debe depender de la voluntad de un individuo como sucedía y sucede en las monarquías, las teocracias y/o dictaduras modernas.
El poder debe y tiene que residir en la voluntad del pueblo, plasmada en las leyes, principalmente en la Constitución, que recoge o debería recoger los deseos, las aspiraciones y las necesidades de la ciudadanía.
En nuestro caso, es una Asamblea Constituyente la que debe ser elegida por el pueblo. Si bien es cierto que ésta no siempre refleja los intereses de la mayoría, sino más bien los de grupos con poder económico, quienes a su vez influyen en el poder político, al constituirse como Ley de la República, se convierte en el fundamento legal de lo público.
Así, independientemente de que dicha ley represente o no todas nuestras aspiraciones, debe cumplirse mientras esté vigente. Solo podrá modificarse a través de los procedimientos establecidos, logrando así que se ajuste mejor a la realidad actual.
Esto permitirá analizar las razones válidas por las cuales la Constitución establece, en el artículo 88: “La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección”.
Cuando un partido político y/o una sola persona ejerce el gobierno durante varios periodos consecutivos lo común es que se rodee de funcionarios de confianza o afines a sus planteamientos. Y por muy revolucionarios o modernos siempre se vuelven conservadores porque quieren conservar el poder y todo lo que de él se obtiene.
La experiencia ha demostrado que, en muchos casos, las autoridades no actúan en beneficio de la población, sino en el suyo propio y en el de sus seguidores más cercanos. Estos, generalmente, se acomodan en puestos con buenos salarios y pocos esfuerzos, y aprovechan todas las prebendas que el cargo les proporciona.
Estos beneficios los someten y los llevan a aceptar todo lo que el partido o el líder decida, ya sea cambiar, ocultar o hacer algo para mantenerse en el poder. Aceptan cuestiones que en el pasado rechazaban y, sin importarles contradecirse, defienden posturas que los favorecen ante el líder.
Por ejemplo, si antes defendían la rendición de cuentas, al llegar al gobierno pueden justificar que esta no se haga. Lo mismo ocurre con la alternabilidad de los gobernantes, la independencia de los Órganos del Estado y la autonomía de ciertas instituciones. Lo mismo ocurre con la alternabilidad de los gobernantes, la independencia de los Órganos del Estado y la autonomía de ciertas instituciones.
El resultado es que se forman conciliábulos que justifican cualquier decisión por muy contraria que sea a la normativa constitucional. Hacen lo que sea para mantener el estado de cosas que les favorece, sin tener en cuenta el respeto legal y los intereses de la ciudadanía.
Estas camarillas son la base social de los partidos y/o de los dirigentes que ostentan el poder. El fenómeno crece como una bola de nieve a medida que pasan los años. Todas estas personas tienen el tiempo suficiente para acrecentar su poder económico, tanto los que nunca han tenido como quienes desean aumentarlo por codicia y bienestar material.
Y si bien es cierto que la alternabilidad no es una garantía para evitar la corrupción, si es una forma de controlar que las camarillas que pululan alrededor del que manda y ordena no tengan todo el tiempo para enriquecerse con los fondos del erario público.
Lamentablemente la corrupción se da en los gobiernos, sean estos de izquierda o de derecha; en hombres y mujeres, y en la mayoría de las personas que miran el ejercicio del poder como una forma de escalar económica y socialmente. Es muy raro que realmente se preocupen por la población. Solo la usan para legitimarse en el poder.
Los asesores que rodean a este tipo de gobiernos distorsionan los contenidos legales para favorecer la permanencia del gobierno que los beneficia. A menudo, dicen y hacen lo que el superior quiere oír y lo que desea que hagan, sin importar la razón, la legalidad o la justicia de sus acciones. Este estado de cosas se mantiene debido a los intereses creados, incluso en violación de compromisos internacionales.
El artículo 144 de la Constitución establece que “los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros Estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador.
En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado.” Estos compromisos internacionales deben ser considerados como leyes de la República, y los asesores deberían tener esto presente para informar adecuadamente a sus representados y evitar así que transgredan normas nacionales e internacionales, violando los derechos humanos que fundamentan las constituciones de los países democráticos.
Este aspecto debe considerarse al analizar la importancia de la alternabilidad en el ejercicio del poder, ya que quienes dependen del Estado pueden convertirse en caldo de cultivo para el mantenimiento, la conformación y el endurecimiento de futuras dictaduras.