Familiares de personas desaparecidas y organizaciones de derechos humanos en El Salvador exigen al Estado acciones concretas para combatir este flagelo, que ha dejado miles de víctimas desde el conflicto armado hasta la actualidad.
Fátima Cruz
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, organizaciones de derechos humanos y familiares de las personas desaparecidas exigen al Estado salvadoreño que adopte medidas urgentes y efectivas para enfrentar este grave problema.
Entre sus principales demandas, señalan la necesidad de garantizar atención integral y protección efectiva de los familiares de las víctimas, esto incluye el cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene El Salvador en virtud de tratados y estándares de derechos humanos, que requieren una respuesta sólida y coordinada para proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, solicitan al gobierno que impulse políticas públicas orientadas a prevenir, investigar y erradicar las prácticas de desaparición forzada, tanto las que ocurrieron en el pasado durante el conflicto armado, como las más recientes atribuidas a políticas de seguridad pública y actividades de grupos criminales. «Es crucial que estas políticas aborden de manera integral todos los casos de desaparición, independientemente de su contexto histórico o criminal», afirman a través de un comunicado.
Otra de las demandas es la discusión y aprobación en la Asamblea Legislativa de una Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas que integre los Principios Rectores aprobados por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada en abril de 2019. Esta normativa debe considerar los impactos diferenciados que la desaparición tiene en mujeres, niños, adolescentes y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad.
«Una ley de búsqueda es esencial para garantizar que las investigaciones sean exhaustivas y que se reconozcan las especificidades de cada caso», según el documento.
El acceso a la información pública también es un punto crucial en las demandas presentadas. Insisten en la creación de un registro único y confiable de personas desaparecidas, que incluya la apertura de archivos militares y de seguridad relacionados con las desapariciones forzadas ocurridas durante el conflicto armado. «La transparencia y la verdad son pilares fundamentales para la justicia. Sin acceso a la información, las familias no pueden obtener respuestas ni cerrar sus ciclos de dolor», según comunicado.
Finalmente, familiares y organizaciones de derechos humanos exigen que el Estado aborde la desaparición de personas como un desafío nacional, que requiera la participación comprometida de los tres Órganos de Estado, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Esta participación debe centrarse en la prevención, investigación y sanción de los responsables, así como en la reparación integral de las familias afectadas.
Además, se insta a la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, junto con la declaración del 30 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en El Salvador.
Desapariciones de ayer y hoy
El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar y combatir este grave problema a nivel global. En el país, la desaparición de personas es una dolorosa realidad desde el conflicto armado (1970-1992), período en el que aproximadamente 8,000 personas fueron víctimas de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado y grupos paramilitares.
Aunque el fenómeno disminuyó tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, ha resurgido con fuerza en las últimas dos décadas, afectando a miles de personas. Entre 2014 y 2019, la FGR recibió más de 20,000 denuncias de desaparición, y entre 2019 y 2022 se registraron 6,443 casos adicionales, de los cuales un 37.20% siguen sin resolverse.
La situación se ha vuelto especialmente alarmante en los últimos años, con un aumento del 9.9% en los avisos de desaparición de personas entre enero y septiembre de 2023, en comparación con el mismo período del año anterior, según cifras presentadas a través del comunicado.
