El Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador presentó el Registro Ciudadano de Personas Desaparecidas, como una herramienta que aporte a las búsquedas y genere datos estadísticos para la formulación de políticas públicas. La iniciativa se dio a conocer en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en un contexto alarmante de aumento en los casos de desapariciones.
Por: Fátima Cruz
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador lanzó el Registro Ciudadano de Personas Desaparecidas, para apoyar a organizaciones sociales, familiares y amistades en la búsqueda de personas desaparecidas. Esta herramienta no solo facilitará la recolección y difusión de información, también propone generar datos estadísticos que contribuyan al desarrollo de políticas públicas efectivas para prevenir, tratar y erradicar este flagelo.
Durante el lanzamiento, se destacó la importancia de esta iniciativa en un contexto donde, entre enero y septiembre de 2023, los avisos por desaparición de personas incrementaron un 9.9 % en comparación con el mismo período en 2022. Según el último informe de la Fiscalía General de la República, se reportaron 366 delitos de privación de libertad entre junio y mayo de 2024, sin detallar la situación de las víctimas.
El informe más reciente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos reveló que entre enero de 2022 y diciembre de 2023, se registraron 6,443 reportes de personas desaparecidas, de los cuales el 37 % no han sido encontradas. De estas, 54 corresponden a desapariciones forzadas atribuidas al Estado, siendo 40 hombres y 14 mujeres. Organizaciones de derechos humanos documentan 327 casos de desapariciones forzadas desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022.
La situación se agrava por la falta de un registro único de personas desaparecidas que unifique la información proveniente de diferentes instituciones del Estado. A esto se suma la decisión gubernamental de declarar reservada la información relacionada con estadísticas de personas desaparecidas y cementerios clandestinos, lo que limita la capacidad de la sociedad civil para analizar y proponer soluciones.
“El uso de herramientas digitales es fundamental para la socialización y difusión de la problemática, brinda el respaldo informativo necesario para apoyar a las familias y contribuir a sus casos”.
Silvia Elizondo, Asociación de Mujeres Ixchel
El registro ciudadano se ha diseñado con una interfaz amigable y adaptable a diferentes dispositivos, permitiendo que las organizaciones de apoyo puedan inscribir y consultar información de manera eficiente. “Este sistema es una respuesta directa a la necesidad de contar con un espacio digital robusto y seguro, que respete los enfoques de derechos humanos, interseccionalidad y enfoque de género,” mencionó Elizondo.
Las organizaciones destacaron la importancia de diseñar un sistema que sea accesible y sensible a la realidad de quienes buscan a sus seres queridos. “Entendemos que las personas que llenan estos formularios pueden estar bajo un shock emocional y es por eso que hemos creado un sistema donde no todos los campos son obligatorios. La idea es que la información básica necesaria se pueda completar inicialmente, permitiendo que se actualice más adelante cuando haya más datos disponibles,” explicó el consultor encargado de la plataforma.
El registro ciudadano está diseñado para ser flexible, permitiendo a las organizaciones actualizar la información a medida que se obtengan más detalles. “Esto no solo mejora la calidad de los datos recogidos sino que también facilita la creación de estadísticas más precisas, las cuales son fundamentales para el desarrollo de políticas públicas», agregó.
La plataforma valida cada paso para asegurar que la información esencial esté presente antes de avanzar, y está diseñada para generar alertas tempranas que se envían en tiempo real a las organizaciones involucradas. “Este sistema no sustituye la denuncia formal ante las autoridades, pero sí crea un número de casos que facilita el seguimiento y permite que las organizaciones se mantengan informadas y coordinadas en sus esfuerzos,” explicó.
La urgencia de contar con un registro homologado es evidente, según las organizaciones. “No existe un registro único de personas desaparecidas en El Salvador que sea responsabilidad del Estado. Las organizaciones de derechos humanos acompañamos a las víctimas, pero no podemos ni debemos sustituir la obligación constitucional del Estado,” enfatizó Idalia Zepeda, Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos, ASDEHU.
«Desconocemos las cifras oficiales, y por eso es que las organizaciones sociales decidimos lanzar este registro ciudadano. Es lamentable y violatorio de los derechos de acceso a la información pública que la gestión estatal actual reserve información clave, especialmente en temas de seguridad. El problema de las desapariciones no ha sido solucionado, y seguimos reportando no solo homicidios y feminicidios, sino también desapariciones. Solo este mes, hemos compartido 12 alertas tempranas de desaparición, algunas de las cuales ya han resultado en la localización de personas sin vida», afirmó.
El registro ciudadano también busca proporcionar un espacio seguro y confiable, donde las familias puedan compartir información y recibir apoyo en su búsqueda. Las organizadoras instaron a la sociedad en general a utilizar y promover esta herramienta.