Para Abraham Abrego, abogado de CRISTOSAL, son las autoridades las que incumplen las órdenes judiciales, ya que en los casos específicos se les han brindado orden de libertad a las víctimas pero no son puestos en libertad.
“Las autoridades penitenciarias se niegan a cumplir con esa orden y es un delito, eso se llama actos arbitrarios. La comunidad del Bajo Lempa ha presentado los avisos para que investiguen porque sus familiares no son puestos en libertad, porque ningún agente penitenciario puede dejar de cumplir una orden judicial. Si la incumple, es una violación a la ley”, expresó.