“A mí no me dicen dónde está mi hijo, ya va para dos años de su captura”: Familiares de víctimas del régimen de excepción del Bajo Lempa exigen respuestas

Alrededor de 130 personas han sido capturadas arbitrariamente en la zona del Bajo Lempa de Jiquilisco, Usulután y otros municipios desde la implementación del régimen de excepción en 2022. El Comité de Familiares Víctimas del régimen de excepción del Bajo Lempa, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) la solicitud para que se agilicen los procesos de investigación sobre los casos de familiares capturados. Piden medidas alternas a la detención.

Por: Eugenia Olán

Las y los familiares cuentan con la documentación necesaria que les permite demostrar la inocencia de las víctimas. En algunos casos se han presentado constancia de trabajos, citas médicas para cirugías en Hospitales Nacionales y la carta de libertad que les han otorgado los Tribunales de Crimen Organizado. Pero hasta la fecha no se han cumplido las órdenes de liberación.

“Mi hijo teniendo dos resoluciones sigue detenido todavía, yo he presentado todos los arraigos, los documentos en la Procuraduría General de la República, incluso ya vine a dejar documentos aquí a la Fiscalía y el juez no me da respuesta. El 13 de julio del 2022, él tuvo la segunda resolución donde se ordenó la liberación de mi hijo, pero a mi no me dicen dónde está mi hijo y ya va para dos años de su captura”, lamentó uno de los familiares de víctimas, en la concentración que realizaron afuera de la FGR.

Para Abraham Abrego, abogado de CRISTOSAL, son las autoridades las que incumplen las órdenes judiciales, ya que en los casos específicos se les han brindado orden de libertad a las víctimas pero no son puestos en libertad.

“Las autoridades penitenciarias se niegan a cumplir con esa orden y es un delito, eso se llama actos arbitrarios. La comunidad del Bajo Lempa ha presentado los avisos para que investiguen porque sus familiares no son puestos en libertad, porque ningún agente penitenciario puede dejar de cumplir una orden judicial. Si la incumple, es una violación a la ley”, expresó.