Las mujeres representan una parte crucial del electorado, pero la violencia de género en el ámbito político continúa siendo un obstáculo para su participación de forma plena y equitativa. Es fundamental abordar este problema mediante acciones concretas y colaboración entre diversos sectores, según el informe Violencia electoral y política contra la mujer en espacios de participación política, de la iniciativa Votante.
Por Fátima Cruz
Según el informe Violencia electoral y política contra la mujer en espacios de participación política, las mujeres constituyen una mayoría en el registro de electores, ejerciendo así una influencia significativa en la configuración de los líderes políticos a nivel nacional y local. Sin embargo, a pesar de los avances normativos para fomentar su participación en la política, la violencia de género sigue siendo una barrera persistente.
El documento afirma que es esencial distinguir entre la violencia de género en general y la violencia de género específicamente en el ámbito político y electoral. Esta diferenciación permite aplicar medidas sancionadoras adecuadas y reconocer los actores involucrados en cada tipo de violencia. Mientras que la violencia de género abarca todas las formas de violencia dirigidas contra la mujer por razones de género, la violencia electoral se enmarca en el contexto de los procesos electorales, busca influir negativamente en los resultados electorales, busca intimidar a los votantes o candidatas y generar desconfianza en el proceso electoral. La violencia electoral en razón del género, busca afectar específicamente a las mujeres, tanto en su participación como en la integridad del proceso.
En este sentido, la violencia política reduce la confianza en los procesos electorales y disminuye la representación de las mujeres en cargos públicos, socavando así la democracia en su conjunto. Las consecuencias de esta violencia es que afecta la representatividad, disuade a las mujeres de participar en la vida política y puede limitar su acceso a oportunidades educativas y de desarrollo.
El informe de la iniciativa Votante enfatiza en que el Protocolo para la Prevención y Atención de las Mujeres Víctimas de la Violencia Política, presentado por el Tribunal Supremo Electoral, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es un paso importante para garantizar la protección de los derechos políticos de las mujeres.
Participación y representación de las mujeres en la vida política disminuyó
Por otra parte, el documento explica que la regla del 30% mínimo, implementada en 2013 para fomentar la participación de las mujeres en la política, ha tenido un impacto variable en los procesos electorales de 2015, 2018 y 2021. Sin embargo, su efectividad se ve comprometida por las listas abiertas y la aplicación de la cuota a los cargos de suplencias. A pesar de la cuota, en ocasiones las listas electorales no están integradas por mujeres en los cargos principales, lo que se refleja en la falta de representación de las mujeres en distintas circunscripciones. Además, la influencia de las marcas de preferencia ha disminuido en las últimas elecciones.
En cuanto a los Concejos Municipales, aunque hubo un aumento en el número de mujeres que se postularon como alcaldesas en 2021, en comparación con 2018, el porcentaje de mujeres candidatas respecto a los hombres disminuyó. Además, la proporción de mujeres electas apenas supera el 30%, con una tendencia a la baja. La disminución en la participación de las mujeres en la política se debe a diversas razones, incluyendo la falta de condiciones equitativas en las elecciones, la inacción institucional ante la violencia política, la falta de incentivos para la participación y la persistente cultura patriarcal en el país.
Entre las conclusiones que llega el estudio se encuentran que la violencia política limita derechos y libertades fundamentales de las mujeres, desincentiva su participación en la política y tiene un efecto intimidatorio en la sociedad en su conjunto. Para abordar este problema, se deben fortalecer las leyes, sensibilizar a la población, promover la participación política de las mujeres, establecer mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas, y fomentar la cooperación entre diversos actores.
Abordar la violencia contra las mujeres en la política es fundamental para garantizar una democracia inclusiva y equitativa. Solo mediante un enfoque integral y colaborativo se puede avanzar hacia un sistema político libre de violencia de género.