Por: Sofía Guzmán
La situación de violencia contra las mujeres no ha cesado en El Salvador. En lo que va del 2024, Yenni, Yazmín, Gloria y una niña de 3 años han sido los primeros cuatro feminicidios, según la plataforma Somos Ellas.
Según ONU MUJERES, la violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
Diferentes acontecimientos han marcado la vida de las mujeres y las niñas en El Salvador, uno de ellos tuvo lugar el pasado 29 de febrero, cuando el recién electo presidente Nayib Bukele ordenó eliminar los textos con perspectivas de género de las escuelas públicas, este suceso es preocupante porque dentro del contenido de perspectivas de género se encuentra el de salud, sexual y reproductiva.
La salud sexual y reproductiva, además de ser un derecho humano, comprende elementos integrales del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Asimismo, los derechos reproductivos, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), garantizan que todas las personas tengan acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y confiables.
En El Salvador sólo durante el primer trimestre del 2023, los embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años suman un total de 2,515, representando un 18.1% del total de inscripciones prenatales (13,875), estos datos arrojan información alarmante de niñas y adolescente embarazadas, pues por no tener una edad razonable para asumir la maternidad, muchas de ellas son víctimas de abuso sexual en sus hogares y otro gran porcentaje no posee la información veraz-acompañamiento en métodos anticonceptivos.
De igual importancia, el pasado 4 de febrero del 2024, Revista La Brújula (Revista salvadoreña Feminista), hizo publicó una nota en la que señala que la Comisión de La Mujer, dentro de la Asamblea Legislativa cumplió un año sin emitir dictámenes a favor de las mujeres. Esto sin duda alguna, es preocupante porque una de las funciones de esta comisión es dar respuesta a todas las desigualdades que enfrentan las mujeres y crear balances en la legislación para que el poder Ejecutivo pueda implementar políticas públicas con el objetivo de disminuir la violencia de género y eliminar las desigualdades sociales por el hecho de ser mujer.
Por lo que definitivamente, bajo las nociones descritas con anterioridad y otras que las mujeres en el territorio salvadoreño estamos experimentando, la violencia contra las mujeres en lugar de disminuir se han acrecentado de forma rápida, aunque debería de ser una prioridad para el Estado, ya que es uno de los objetivos globales dentro los objetivos de Desarrollo Sostenible propuesto por las Naciones Unidas y los gobiernos, el sector privado y la sociedad deben trabajar para su erradicación.
Así que, el contexto político-social pasado y actual, debería llevarnos a las mujeres a organizarnos para seguir luchando unidas. Además, 8M, además de ser una conmemoración de las mujeres que se alzaron en huelga en 1857 en Nueva York, también es una apuesta política para exigir al gobierno salvadoreño la creación de políticas públicas que promuevan mecanismos de acción para una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas.