Por Periodistas feministas nicas
El artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece el derecho a la libre circulación y a la libertad de movimiento, al proclamar que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” y que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país”.
En Nicaragua, desde la crisis sociopolítica iniciada en abril 2018, la actual dictadura, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería: retiene pasaportes, hace largos interrogatorios en los puestos fronterizos o prohíbe la entrada y salida de personas vinculadas a organizaciones de Derechos Humanos en general y de las mujeres y niñas en particular.
Para comprender más sobre la violencia migratoria como expresión de la violencia política estatal, este artículo reúne los testimonios de Guardabarranco y Emma, ambas activistas feministas con trayectorias diferentes en la defensoría por los derechos humanos de las mujeres y niñas en Nicaragua. Ellas están utilizando seudónimos como una manera de cuidarse frente a las condiciones de represión en Nicaragua y porque desde el año 2021 son sobrevivientes de experiencias de restricción y hostigamiento migratorio.
Violencia política en contexto de dictadura
La ONU Mujeres describe a la violencia política contra las mujeres, como “una de las principales barreras para el acceso y permanencia de las mujeres en espacios de liderazgo, representación y toma de decisiones”. Guardabarranco y Emma ya habían vivido situaciones de violencia y acoso, antes y después del levantamiento cívico de 2018.
“No es reciente, desde el 2005, había poco presupuesto para lo que tenía que ver con Derechos Humanos y eso no era casual, se hacían formaciones con personas de ambientes rurales y había desde ya una participación de personas fiscalizando de qué temas hablar y cómo hablar”, reflexiona Emma, desde su experiencia de trabajo en comunidades rurales para la formación de derechos humanos y ciudadanos; destacando que la hipervigilancia y la fiscalización de las defensoras ha sido una constante de todos los gobiernos.
Guardabarranco también reconoce que antes de abril 2018, había experimentado represión a su activismo sobre todo en el espacio público; pero en el contexto de las protestas ciudadanas, mientras trataba de documentar una marcha fué violentada por un grupo de paramilitares.
“Me golpearon, me trataban de quitar un pañuelo feminista que traía puesto, me trataban de quitar la camisa, me quitaron los zapatos, el celular y cuatro hombres me agarraron por cada extremidad porque intentaron subirme a la fuerza a una moto y también había una camioneta con las puertas abiertas”, recuerda Guardabarranco, quién logró librarse gracias a la intervención de otras mujeres.
La libre movilidad, un derecho violentado
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres (IM-Defensoras: 2022) en su reporte titulado “Represión migratoria y destierro por defender derechos en Nicaragua”, que la dictadura orteguista había impuesto restricciones migratorias como destierros, retenciones y hostigamiento en contra de, al menos, unas 140 personas nicaragüenses. Destacando que: “el 68.5% de estas agresiones migratorias ocurrieron entre 2021 y 2022. Asimismo, señalan que entre los afectados hay al menos 16 defensoras feministas que fueron desterradas en ese período”.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH: 2022) advirtió que “el régimen estaba convirtiendo dichas prácticas en rutinas cada vez más frecuentes y estas no solo violentaban los derechos humanos, sino que imponían un estado de inseguridad y terror violentando leyes nacionales e internacionales que garantizan el derecho a la movilidad, libre circulación que incluye el derecho a entrar y salir de su país, y en el caso de los periodistas, el derecho a la libertad de información”.
La IM-Defensoras también define como retención migratoria a los casos en donde arbitrariamente el Estado, despoja a un ciudadano o ciudadana de manera permanente o temporal de su pasaporte o lo anula.
El hostigamiento migratorio se refiere a los casos en donde el Estado actúa a través de interrogatorios o retenciones temporales en puestos fronterizos, no renueva el documento de identificación y/o impone medidas para que la persona tenga que estar yendo a migración, así como dilaciones injustificadas, entre otros.
Guardabarranco y Emma son parte de estas estadísticas: sus perfiles como feministas, activistas y defensoras están siendo perseguidos y criminalizados en Nicaragua.
A inicios de 2021, Guardabarranco había renovado su pasaporte y se disponía a salir del país para visitar a una amiga.
“Le había dado mi pasaporte a la oficial de migración, quien llamó a otra persona que se llevó mi pasaporte y pregunté qué pasaba y me dijeron que nada, que todo estaba normal y que me tranquilizara. Otras personas pasaban y solo me quedé yo como dos horas esperando, hasta que llegó el oficial encargado para decirme que había un problema que mi pasaporte, salía inválido en el sistema y que debía ir a Managua a las oficinas de migración central”.
Al estar de regreso en Managua fue interrogada por oficiales de la policía, quienes le tomaron fotografías a su cédula y al automóvil. Días después se presentó a las oficinas centrales de la Dirección de Migración y Extranjería, en donde no recibió una explicación o respuesta concreta sobre su caso. Desde ese momento no tiene pasaporte y no puede salir del país.
Emma, reconoce que la intimidación y hostigamiento migratorio se expresa de una manera simbólica con la cantidad de militares, policías y oficiales de migración que están desplegados en los puntos fronterizos y de manera particular con la retención de los documentos, interrogatorios y revisión extrema a las maletas personales. Considera que, en su caso, el hostigamiento es por su trayectoria profesional y posición política.
“Al principio no entendía porque me retenían el pasaporte pero empezó a ser recurrente desde finales del 2021, cuando he sido la única persona que nombran de todo el bus para que entregue mi pasaporte al oficial de migración... En la última vez que me lo quitaron, estábamos como 5 personas y esperamos mucho tiempo para que nos devolvieran el documento, también fuimos objeto de una entrevista personal con una agente migración de mayor nivel, donde me hicieron preguntas sobre quién soy, mi trayectoria como defensora y si estaba conectada con la sociedad civil o a un organismo no gubernamental”.
Efectos psicosociales en las vidas de las defensoras y activistas
La represión migratoria es un mecanismo utilizado en Nicaragua desde 2018 para agredir a activistas y defensoras, que impacta en su salud mental y física detonando cuadros de ansiedad, depresión, pánico y enfermedades que se derivan del aumento del estrés.
“Trato de no pensar mucho y ejercitar la paciencia porque me da tristeza, hubo una ocasión que me invitaron a un viaje y mi amigo me dijo que me pagaba todo que solo consiguiera el pasaporte, pero allí está el detalle, no lo tengo y no sé cuando lo voy a tener, porque no es solo un trámite y es frustrante, me he sentido deprimida muchas veces”, comparte Guardabarranco.
En el caso de Emma destaca que los aeropuertos o puntos fronterizos son espacios que siempre le ha dado estrés, pero con las experiencias de hostigamiento migratorio sus niveles de molestia e incomodidad ha aumentado, y para autocuidarse buscan cómo llevar todos sus documentos, maletas y celular en orden para evitar alguna asociación negativa o ser encarcelada.
“En las fronteras los oficiales de migración tienen ventajas sobre cómo actuar más allá de cómo una se lo imagine y con el hostigamiento esta situación se agrava más. Las sensaciones son de miedo, es estresante pensar que voy a viajar y cada vez que se acerca la fecha en que voy a salir o entrar a Nicaragua empieza una angustia e incertidumbre sobre el viaje”, enfatiza Emma.
Ambas activistas desean desplazarse con libertad, comunicar sus puntos de vista sin miedo a la censura o la cárcel, decir en voz alta que son feministas y defensoras sin temor a represalias. Para ellas es un anhelo constante habitar en un país con democracia que reconozca a las mujeres y niñas como sujetas de derecho.
“Sueño con viajar, sueño todo el tiempo con eso. Y no es como que me quiera ir de Nicaragua, porque este es mi país, me gusta vivir aquí y es donde quiero seguir creciendo. Pero quiero tener la posibilidad de entrar y salir, de ver a mi hermana y mejor amiga que viven en otro país. Tengo derecho a ser feliz, a la libertad y escoger donde quiero estar, elegir sobre mi propia vida, tengo derecho a viajar”, concluye Guardabarranco.
