Denuncian construcción ilegal e inconsulta de planta procesadora de agua residuales. Esta obra también incumple las Medidas de Reparación ordenadas por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la masacre ocurrida en 1981, y que atenta contra el medio ambiente de la zona.
Por: Fátima Cruz
Tutela Legal, la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES y La Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote exponen la preocupante situación en torno a la construcción de una planta de aguas residuales en El Mozote, que ha estado en desarrollo durante el presente año. La obra inició sin una consulta comunitaria e incumple las medidas de reparación establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgadas en 2012. Este proyecto ha generado crecientes inquietudes.
Las organizaciones sostienen que afecta directamente a las familias de la zona, particularmente a la familia A., M. y C. puesto que sus tierras fueron expropiadas para dar paso a la construcción, a través de la Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales, que permite la expropiación de inmuebles para obras municipales y cita que “los propietarios o poseedores de inmuebles, que se consideren de interés público podrán ser privados de sus derechos de propiedad o intereses patrimoniales legítimos, previa declaración de utilidad pública o de interés social y con una justa indemnización”. Sin embargo, los representantes afirmaron que las familias afectadas conocieron la expropiación cuando se presentaron al Registro de la Propiedad. El proceso ha sido hermético y no poseen conocimiento si se evaluaron otras tierras que ya tuvieran el status de públicas y que podrían ser viables para llevar a cabo el proyecto.
Respecto a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2012, los representantes afirmaron que violenta derechos como: el retorno a la zona y a una vivienda digna. La cual ordena que el Estado debe de garantizar las condiciones adecuadas a fin de que las víctimas desplazadas puedan retornar a sus comunidades de origen de manera permanente, si así lo desean, e implementar un programa habitacional en la zona afectadas por los masacres del presente año.
La Masacre del El Mozote fue considerada como una de las peores masacres militares en América, las cifras estiman que alrededor de 986 personas fueron asesinadas, entre ellas: 552 niños, 434 adultos y 12 mujeres embarazadas, el operativo se prolongó por aproximadamente tres días. Durante el espacio, también expresaron que se violenta el derecho de las víctimas y sus familiares a recuperar los restos de sus seres queridos y tener la posibilidad de inhumarlos, como medida de reparación. Para lo cual, el Estado debe hacer una búsqueda exhaustiva en la zona donde se cometió la masacre, esto es otra de las medidas de reparación que se incumple al construir esta planta en terrenos donde pueden estar los restos de víctimas.
Estos planteamientos han sido expuestos a instituciones del Estado que tienen relación con el cumplimiento de la sentencia mencionada así como el tribunal que expropió el terreno de las familias y también al Juzgado Ambiental de San Miguel donde se ha interpuesto una denuncia y petición de medidas cautelares.
La construcción de obras sin consultas por parte del Estado en la zona ha sido la costumbre especialmente desde que se modificó y destruyó parte de la estructura del Monumento a la Víctimas de El Mozote, y ahora se ha implementado un supuesto plan de desarrollo que riñe con la reparaciones estipuladas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (señalado párrafo 345 sentencia del 25 de octubre del 2012 caso masacres de El Mozote y lugares aledaños vs El Salvador, fondo reparaciones y costas) mencionó Leonel Claros, APDHEM.
Impactos al Medio Ambiente
Las organizaciones sostienen que la construcción ha sido llevada a cabo sin los permisos y estudios requeridos. Las declaraciones resaltan que la Dirección de Obras Municipales ha diseñado descargas de aguas tratadas en corrientillas superficiales, lo que plantea serios riesgos de contaminación en las quebradas y pozos cercanos.
El análisis geográfico, realizado mediante el Visualizador de Información Geográfica de Estudios Ambientales (VIGEA), revela que la planta se ubica cerca de divisorias de agua y comunidades, lo que podría generar olores desagradables afectando a la población local. Además, señala que la construcción ha sido llevada a cabo sin consulta a las víctimas y sus representantes, incumpliendo las disposiciones de la Corte IDH.
Declaraciones: Leonel Claros, APDHEM / Video: Fátima Cruz.
«Para la cantidad de familias o comunidades que hay en la zona una planta depuradora de aguas tal vez no es la mejor solución ambiental, se puede hablar de letrinas aboneras o tanques sépticos familiares y no necesariamente una planta depuradora de agua», Luis González, UNES. Además, hace un llamado a que las autoridades recapaciten que cumplan los procedimientos de las leyes en el país y que no dañen los derechos humanos de las poblaciones, los derechos ambientales y culturales.
En octubre del presente año, el Juzgado Ambiental de San Miguel realizó una inspección en la propiedad afectada, confirmando la falta de estudios de impacto ambiental, permisos y consulta libre e informada. A pesar de estos hallazgos, no se han otorgado medidas cautelares, evidenciando demoras en la aplicación del principio precautorio ambiental.
Las organizaciones de derechos humanos y ambientales han presentado una denuncia exigiendo la suspensión inmediata de la construcción de la planta, en concordancia con las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH. Asimismo, solicitan la emisión de medidas cautelares según la legislación ambiental, considerando los graves daños que la obra podría causar al medio ambiente, la salud y la calidad de vida de la población.
En un contexto más amplio, las declaraciones resaltaron la falta de avance en el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH desde 2012. Hacen hincapié en la importancia de preservar la memoria histórica y la protección ambiental, instando a las autoridades gubernamentales a actuar conforme a normas internacionales y nacionales de derechos humanos, así como a las leyes ambientales, para garantizar un El Salvador más justo, humano y ambientalmente sostenible.
Ante esto las organizaciones exigen:
Se suspende inmediatamente la construcción de esta obra que afecta las reparaciones ordenadas por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que afectan el derecho a la vivienda digna de las víctimas desplazadas por la masacre del mozote y el derecho a la recuperación de restos de víctimas al afectarse propiedades de la zona con estas obras
Se emitan medidas cautelares de acuerdo al inciso cuarto artículo 102 – C de la ley de medio ambiente debido a los graves daños que causan al medio ambiente salud y calidad de vida de la población y comprobados los mismos se suspenda totalmente la obra
Que cualquier obra que se considere de desarrollo para las víctimas de la masacre de El mozote debe de ser consultada con las víctimas acompañadas con su representantes de acuerdo a lo estipulado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2012
Que se respete los contenidos de las normas ambientales y por tanto que se desarrolla un estudio de impacto ambiental del proyecto con su respectiva consulta pública antes de otorgar permisos desde los ministerios
Que las autoridades competentes sancionen a la dirección de obras municipales por iniciar una obra sin contar con los permisos necesarios para tal fin.