Organizaciones ecofeministas, juveniles, artistas, ambientalistas y de diversidad, lanzan el proceso de consulta para la construcción de la Agenda Nacional de las Juventudes por la Justicia Climática y Ambiental.
Por: Eugenia Olán
Una Agenda Nacional de las Juventudes por la Justicia Climática y Ambiental es la propuesta en construcción de organizaciones como el Movimiento Político Rebelión Verde de El Salvador, ReverdES, Amate El Salvador, Movimiento Ecofeminista entre otros, quienes han unido esfuerzos entre juventudes, con la intención de buscar la justicia ecológica y ambiental para la defensa de los territorios en El Salvador, además de construir una propuesta de interés de las juventudes, en el marco del contexto político electoral 2024.
La idea, afirman, es que los candidatos presidenciales y las diputaciones tomen en cuenta dicha agenda para la elaboración de sus propuestas en los planes de trabajo.
Dalia González, representante de ReverdES, mencionó que este proceso les permite actuar frente a la crisis climática, sobre todo por los impactos en los medios de vida de la población, la producción y los permisos ambientales que se entregan sin un previo estudio a los territorios.
Estas herramientas nos sirven para exigir a los gobiernos la justicia ambiental y alimentaria. Este proceso de consulta es para conocer las preocupaciones socioambientales en los territorios y las propuestas y soluciones que se tienen. Estamos trabajando para incorporar a dos mil jóvenes y que se articulen para reflejar nuestras demandas y preocupaciones ”, explicó Gonzáles.
Para la creación de esta agenda, se realizaron mesas de trabajo con distintas problemáticas que están afectando al territorio, como los impactos diferenciados entre las mujeres y diversidades, la migración y desplazamiento forzado, el acceso a tierras, el acceso al agua y la defensa de los territorios, entre otras.
Adriana Ramírez del movimiento Ecofeminista, explicó que la vulnerabilidad socioeconómica del país está afectando no solo a las personas en los territorios, sino a la población en general, ya que el Estado no brinda herramientas necesarias ante la crisis alimentaria en la que se encuentra el país, y que se ha visto agravada en las últimas semanas por la crisis sociopolítica que vive Guatemala.
Durante los procesos de consulta en las mesas de trabajo, se identificaron algunas problemáticas que las juventudes identifican, como los daños que sufre la biodiversidad, el acceso al agua y la calidad que se distribuye a la población, la cual no tiene las condiciones necesarias para su uso y consumo.
Para el año 2020, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales determinó que la calidad de los ríos en un 71.3% es mala, un 21.3% presenta calidad de agua regular y un 7.4% de los sitios presentan una calidad de agua pésima, lo que imposibilita el desarrollo de vida acuática.
Asimismo, el 90% de las aguas superficiales sufren algún tipo de contaminación debido a la destrucción de ecosistemas. Las organizaciones atribuyen estos altos números a la entrega desmedida del territorio por parte del Estado hacia la empresa privada, con los permisos de proyectos de construcción urbanísticos como Ciudad Valle el Ángel, en Apopa, El Encanto, en Zaragoza, y el Plan Parcial el Ángel, en la zona norte del Volcán de San Salvador, que ha elevado los niveles de riesgo y desastres en estas zonas. Entre otras cosas, las juventudes también se muestran preocupadas por la crisis de salubridad por el uso excesivo de agrotóxicos y recientemente las nuevas amenazas ante la minería metálica y la persecución de los defensores y líderes comunitarios de Santa Marta y la vulnerabilidad de las aguas del Río Lempa con el proyecto minero Cerro Blanco.
Cada año se recorta el presupuesto ambiental, lo que limita el mejoramiento de condiciones ecológicas
Para el Presupuesto de la Nación de 2024, en el ramo de medio ambiente y recursos naturales se le asigna $20,039,803. Dentro de este se destaca el apoyo financiero a la Asociación Salvadoreña del Agua (ASA), permitiéndole gestionar los recursos hídricos.
Sin embargo, en marzo de 2023 diferentes organizaciones ambientalistas y comunitarias mostraron preocupación frente a la ASA, porque la Ley de Recursos Hídricos obliga a las Juntas de Agua a garantizar el derecho humano al saneamiento. Pero, hasta la fecha, las instituciones públicas incumplen con esa obligación. Además, la ley permite la explotación industrial de pozos, despojo de agua de agroindustrias azucareras y la urbanización.
Recientemente, el Foro del Agua presentó un recurso de apelación ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para revertir la resolución de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), en la que declaró como información reservada todo lo que se relaciona con el proyecto de potabilización de agua del Lago de Ilopango.
Ante está asignación presupuestaria para medio ambiente, Adriana Ramírez mencionó que siempre hacen cambios en la ejecución del presupuesto asignado “no es nuevo que a mediados de años se haga una reducción en agricultura y medio ambiente y una centralización en los proyectos”.
Por ello, la consulta y creación de la agenda es una medida de reflexión y una búsqueda igualitaria de la justicia ambiental y alimentaria para todos los sectores de El Salvador, promovida específicamente por las juventudes y que será presentada en el marco del contexto político 2024 a candidatos presidenciales, diputados y diputadas de todos los partidos políticos.