Un estudio de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto muestra las consecuencias de la penalización absoluta del aborto y las practicas juridicas que violan las garantias procesales de las mujeres. El objetivo de la publicación es provocar una lectura crítica y diálogo sobre las sentencias y procesos jurídicos en casos de emergencias obstétricas y partos extrahospitalarios. Las historias recopiladas también son un llamado a trabajar como sociedad en el fortalecimiento del sistema de justicia.
Por: Fátima Cruz
El estudio Cada caso en su propio laberinto presenta un analisis de resoluciones judiciales y administrativas en casos de defensa de mujeres procesadas o condenas por aborto o emergencias obstetricas en El Salvador. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto expresó la necesidad de reflexionar sobre los caminos recorridos por la lucha de la libertad de las mujeres, a través del análisis de sentencias y procesos judiciales.
El primer capítulo ¨Resoluciones judiciales y administrativas en casos de defensa de mujeres procesadas o condenados por aborto y homicidio agravado. Recopilación y análisis¨, identifica las violaciones al debido proceso y los estigmas hacia las mujeres que han sido procesadas. El estudio consta de nueve procesos penales: uno en Audiencia preliminar, tres en Vista Pública, dos en Recurso Frente a Sentencia Definitiva y tres en Conmutación o Indulto.
Los hallazgos apuntan a que las mujeres procesadas presentan características comunes y afectaciones en sus garantías fundamentales. Las relaciones de los hechos fueron incompletas y ambiguas, con una estructura de ANTES/DESPUÉS en el que conectan elementos para establecer un resultado, en algunos casos para completar esta conexión se han generado especulaciones.
El segundo elemento es la recurrencia de estereotipos de género.
El arquetipo argumentativo de la “Buena Madre” constituye el principal obstáculo para la imparcialidad y la presunción de inocencia.
Los arquetipos son representaciones que se consideran modelos de cualquier manifestación de la realidad. El de la buena madre se encontró de forma implícita y explícita en la mayoría de causas para condenar a las mujeres y sirvió como un puente para completar imputaciones ambiguas, detalla el documento.
“Esta creencia consiste en que toda mujer independientemente de su edad, constitución corporal, contexto social, grado educativo, experiencia o posición económica responde de manera idéntica al acontecimiento del embarazo y alumbramiento, ya sea deseandolo, aceptandolo, planeandolo, comentandolo o preparándolo y luego del parto, no importa lo traumático de una experiencia de parto extrahospitalario, la “Buena Madre ” solo buscará con abnegación el bienestar de su hijo o hija, muy a pesar de su propia salud o vida, entre otros rasgos de similar virtud”, explica el documento.
Este argumento, apunta la recopilación, tuvo mayor énfasis al momento de encontrar la existencia del dolo, por ejemplo en los siguientes argumentos: ocultó su embarazo, mintió sobre los meses de gravidez, no buscó un médico, engañó a los doctores y otros. Estos comportamientos no son compatibles con la maternidad que se describe como “buena”.
Oswaldo Feusier y Camila Pérez, consultores del estudio, proponen que una clave para superar este sesgo cultural es evidenciar el alcance y peligro de los arquetipos ante los jueces que llevan estos casos. En este sentido, la resolución de la Corte IDH en el caso Manuela y otros vrs El Salvador es fundamental porque reconoce el protagonismo de los prejuicios y estereotipos de género en la forma en cómo se procesan y resuelven casos de criminalización de emergencias obstétricas, acompañado de otras evidencias.
Sobre la presunción de inocencia y la detención provicional, el documento expone que, para su aplicación, se presentaron indicios generales y relaciones de hechos incompletos. A través del arquetipo de la buena madre se logra la detención provisional junto a otros idearios sociales basados en prejuicios. En promedio, las mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas o partos extrahospitalarios, han estado en detención provisional aproximadamente 388 días, una de ellas se mantuvo por 1 043 días (casi tres años). También se observó que la legislación salvadoreña se caracteriza por una normativa imprecisa y contradictoria a lo relativo al secreto profesional.
El capítulo “Identificación de Violaciones al Debido Proceso y Estigmatización Hacia las Mujeres Procesadas en El Salvador por Aborto o Emergencias Obstetricas” analizó 10 casos de mujeres adultas y adolescentes procesadas. Se concluyó que existió falta de acceso de las mujeres a los servicios de salud (previo a las emergencias) y constató que “en varios casos los embarazos fueron producto de relaciones de adolescentes con adultos” o violaciones. En este sentido, el documento explica que el Estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos mediante de la prevencion de la violencia sexual.
Además, consideran que la falta de prevención de embarazos en adolescentes, sobre todo si son producto de relaciones con adultos, y violaciones sexuales, como los casos estudiados, constituye un incumplimiento del Estado para garantizar no ser victimas de violencia sexual. Entre otros factores culturales que perciben al hombre con la facultad de decidir sobre su sexualidad sin ser cuestionados sobre las condiciones en las que la ejercen, mientras que las mujeres terminan denunciadas y los victimarios no enfrentan un proceso. En estos casos no se consideró la violencia sexual hacia las adolescentes y mujeres.
A lo anterior, se suman las irregularidades en la atención médica brindada posteriormente a las emergencias como: la falta de justificación en la divulgación de los datos de salud y de restricción del derecho a que la atención médica sea confidencial, se privilegió la investigación criminal antes que a la salud de las mujeres y no se brindó un trato humano, asistencia con calidad y calidez ante la emergencia sufrida.
A lo anterior, se suman las irregularidades en la atención médica brindada posteriormente a las emergencias como: la falta de justificación en la divulgación de los datos de salud y de restricción del derecho a que la atención médica sea confidencial, se privilegió la investigación criminal antes que a la salud de las mujeres y no se brindó un trato humano, asistencia con calidad y calidez ante la emergencia sufrida.
Análisis de casos
Los apartados El Salvador: el caso en contra de Evelyn Hernández y Criminalización de emergencias obstétricas y partos extrahospitalarios en El Salvador, peritaje elaborado para la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Manuela y otros vs. El Salvador analiza y narra dos casos específicos.
El primero da cuenta sobre las violaciones del derecho a las garantías procesales durante el segundo juicio de Evelyn, 50 meses. El segundo, aporta elementos históricos y de contexto sobre la penalización absoluta del aborto en el país y las consecuencias dolorosas para la sociedad salvadoreña. Este es el informe pericial que fue presentado ante la Corte IDH, este también presenta la cantidad de casos iniciados a nivel nacional por el delito de aborto: mostrando que solo del 2015 al 2020 se iniciaron 79 investigaciones.
El texto concluye que existe un incumplimiento hacía las obligaciones internacionales de derechos humanos, la prohibición ha llevado a la criminalización sistema de las emergencias obstétricas y partos extrahospitalarios, la penalizacion absoluta del aborto es un factor decisivio para sistemas violaciones a las garantias del debido proceso penal y los estereotipos sobre la maternidad criminalizan y poseen una relación con la prohibición del aborto.