Mujeres ambientalistas de diferentes organizaciones hacen un llamado a la Fiscalía General de la República y al Juzgado Ambiental a cumplir con su papel de salvaguardar los derechos humanos y ambientales de las comunidades cercanas al Cerrito de Quezaltepeque.
Por: Eugenia Olán
El pasado 29 de agosto, se decretaron por dos meses medidas cautelares para detener la extracción de material pétreo en «El Cerrito», que se realiza con maquinaria pesada de las empresas GRUPO SALTEX S.A de C.V y PREFASA DE C.V, quienes, pese a la orden del Juzgado Ambiental, continúan sacando material en la zona.
A casi tres semanas de haberse emitido la resolución, las representantes de la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador, denunciaron que las empresas no están atacando la orden dictada por la jueza, por lo que exigen el cese a los trabajos de extracción, ya que El Cerrito es una de las zonas hídricas de las comunidades de Quezaltepeque.
“Las juntas de agua, quienes son las que distribuyen el agua a las comunidades, ya que ANDA no les proporciona, están teniendo dificultades en poder abastecer a las 700 personas con este bien humano, que debe ser un derecho garantizado y que sobrecarga a las mujeres que habitan a las comunidades”
Las organizaciones exigen al Fiscal General de la República tomar cartas en el asunto y hacer cumplir lo establecido en el artículo 338 del Código Penal, que dicta que al existir desobediencia a una orden judicial emanada por un funcionario o autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de cincuenta a cien días multa.