Luego de meses de proceso judicial, el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque decretó arresto domiciliario a los 5 ambientalistas de Santa Marta. Sin embargo, la comunidad y ADES denuncian que Centros Penales aún no cumple con la resolución. Los líderes siguen detenidos.
Por: Eugenia Olán y Krissia Girón
La resolución, que otorgó el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, establece medidas sustitutivas a la detención para los cinco líderes de Santa Marta. Esta significa el arresto domiciliario con custodia policial, el pago de una fianza de $3 000 dólares por cada uno, y el traslado de los líderes al Hospital Nacional Rosales para realizarse chequeos de salud.
Dennis Muñoz, abogado defensor, explicó que las medidas corresponden a informes del Instituto de Medicina Legal, que establecen el grave estado de salud en el que se encuentran. Por ello, se les estaría vulnerando el derecho a la salud, tipificado en el artículo 1, 2 y 65 de la Constitución de la República de El Salvador, y convenios internacionales donde el país es firmante.
Créditos: Marixela Ramos, Red de Corresponsales Feministas
La comunidad de Santa Marta asegura que estas medidas son un logro gracias a las familias y las organizaciones solidarias que han acompañado día a día durante los 7 meses que los líderes fueron privados de libertad.
Créditos: Marixela Ramos, Red de Corresponsales Feministas
Liberar a los líderes “por legalidad y humanidad”
El pasado 30 de agosto se cumplió el plazo para que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) liberara a los cinco líderes de Santa Marta y cumpliera con la resolución del Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque. Esto, según denunció la comunidad y organizaciones, pese a que ya se canceló la fianza establecida por la jueza.
En este contexto, ADES y la comunidad Santa Marta se concentraron afuera de la DGCP, donde presentaron una carta que exige a la institución no retrasar más la liberación de sus compañeros, debido al estado de salud de los detenidos.
“Por eso, demandamos que, por legalidad y humanidad, nuestros líderes comunitarios sean excarcelados inmediatamente, para que reciban la atención médica requerida con urgencia y se concrete el arresto domiciliar ordenado por la jueza”, reza la carta que fue leída en la protesta por Vidalina Morales.
Por su parte, el abogado defensor informó que, pasados los cinco días de la resolución de la jueza, la FGR no presentó apelación a dicha resolución, por lo tanto, la decisión de liberar a los ambientalistas queda en firme.
Cuando una persona está privada de libertad y cuenta con un diagnóstico de Medicina Legal, o de médicos forenses, se cuentan los días hábiles. Estamos solicitando que se cumpla la legalidad, no que nos hagan un favor, sino que se cumpla la resolución de la jueza”.