Por Krissia Girón
Según un estudio realizado por diferentes organizaciones sociales se debilitó la posibilidad de controlar los actos de la Asamblea Legislativa sobre la remoción de funcionarios de segundo grado.
La reducción de los ingresos de solicitud de procesos, requisitos irrazonables para la admisión de recursos y la falta de transparencia en el quehacer de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, fueron algunos de los hallazgos del estudio denominado “Justicia en Pausa. Informe sobre los primeros 100 días de la Sala de lo Constitucional de El Salvador”, elaborado por organizaciones como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Cristosal, IDHUCA, entre otras.
El 1 de mayo de 2021, fecha en que la Asamblea Legislativa impuso a los actuales magistrados de la Sala, hasta el 30 de septiembre del mismo año, esta instancia recibió 2,754 expedientes en mora. Para el 30 de septiembre del mismo año, solo había dado resolución a 130 de estos, reduciendo la mora en un 4.72%
Según lo proyectado a partir de los ingresos que se realizaron durante los primeros 100 días de la Sala, se aprecia una caída del 50% en inconstitucionalidades, de 15% en amparos, de 44% en hábeas corpus, en comparación con el 2020. Para las organizaciones esto es un indicador de la falta de confianza de la ciudadanía en dicha instancia.
A través de este estudio, las organizaciones advierten también retrocesos en el cumplimiento del principio de imparcialidad de los magistrados en procesos como amparos y hábeas corpus. “El informe ha detectado al menos 7 casos en los cuales magistrados han participado en decisiones, pese a existir motivos serios y fundados para apartarse, dado que tuvieron un vínculo con las autoridades demandadas o un interés directo en el asunto que se estaba resolviendo”, reza el estudio.
Sobre la estructura de la Sala, el informe detalla que fueron trasladados 10 funcionarios de dicha instancia, entre esos cambios figuran la secretaria de la Sala, quien tenía más de 12 años de experiencia en el cargo, y el coordinador del área de inconstitucionalidades.
El informe incluye la resolución emitida el 3 de septiembre de 2021, que habilita interpretativamente la reelección presidencial inmediata, “lo que consideramos uno de los sucesos más graves y emblemáticos, por desconocer una regla consolidada en más de doscientos años de vida republicana en el país, y que impacta directamente en la vigencia del estado de democrático de derecho”, expresa el estudio.
“Lo novedoso del informe es que evidencia un perfil de la Sala de lo Constitucional, actuando en detrimento de la democracia”, dijo José Marinero, presidente de la Fundación DTJ.
Para las organizaciones este informe es un insumo importante para el seguimiento de los organismos internacionales en cuanto a la situación de derechos humanos del país.