Este reportaje fue escrito por el equipo de Revista La Brújula para FCAM
La justicia restaurativa pone al centro a las víctimas y parte de garantizar: verdad, justicia y reparación. Este es un reto en países como El Salvador donde ni siquiera existe una Ley de justicia Tracicional después de 12 años de Guerra. Las víctimas del conflicto armado se juntas con las de feminicidio y otras violaciones a derechos humanos. Pese a ello, hay pequeñas victorias como la sentencia en el caso de Manuela que siembran esperanza.
Durante la guerra civil de Guatemala mujeres indígenas q’eqchi fueron sometidas a esclavitud sexual y doméstica en el destacamento militar Sepur Zarco. La tropa militar las obligaba a servir, cocinar, lavar y limpiar sin un salario, además de ser sujetas a abusos sexuales continuos. Desde 2011, quince de ellas iniciaron una batalla legal en el Tribunal Supremo de Guatemala, hasta lograr la justicia restaurativa en febrero de 2016.
La resolución condenó a dos exmilitares y resolvió 18 medidas de reparación para las mujeres sobrevivientes y su comunidad. Este hito se convirtió en la primera experiencia de justicia restaurativa en la que un tribunal nacional enjuició el delito de violencia sexual y esclavitud durante un conflicto armado.
Las abuelas de Sepur Zarco, como son conocidas, son un referente de lucha por la justicia para las diferentes personas, comunidades y organizaciones que luchan en Centroamérica para lograr justicia restaurativa.
Según Kenny Sibrian, comunicador institucional del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), la justicia restaurativa es aquel tipo de justicia que busca reparar a las víctimas y se centra en cuatro enfoques: verdad, se busca que se sepa lo que pasó, quién o quiénes cometieron el hecho, cuándo, cómo, dónde y porqué ocurrió; justicia, obtener justicia para las víctimas y enjuiciar a la o las personas que cometieron el hecho delictivo; reparación, busca medidas de reparación psicosocial, económica, de educación, de salud, de acceso a la atención psicológica, etc. y garantías de no repetición, es decir, qué debe hacer o cambiar el Estado para que este hecho delictivo no vuelva a ocurrir.
Para las abuelas de Sepur Zarco estas medidas de reparación incluyen educación para las niñas y niños de su comunidad, acceso a la tierra, una clínica sanitaria, entre otras. Pero, también implica creerles a las víctimas, como explica Judith Erazo del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), ya que durante el proceso judicial, uno de los obstáculos que enfrentaron fueron las campañas de desprestigio en las que decían que ellas mentían, que sus declaraciones eran pagadas. “Pero en la resolución a ellas se les cree. Se validan sus testimonios, su sufrimiento, su verdad. Eso también fue reparador para ellas”, manifiesta Erazo.
De Sepur Zarco a El Salvador: El Mozote, contra la impunidad a través de tribunales simbólicos
Como en el caso de Sepur Zarco, El Salvador carga con la impunidad desde la guerra civil, incluso de antes. Han transcurrido 30 años desde la firma de los Acuerdos de Paz, en los que casos como el de la Masacre del Mozote no han logrado justicia por parte del Estado.
Diferentes organismos se han pronunciado a favor de dar verdad, justicia y reparación a las personas y familiares de la masacre ocurrida en diciembre de 1981, en la que batallones del Ejército de El Salvador realizaron ejecuciones sistemáticas contra poblaciones del norte del departamento de Morazán: El Mozote, La Joya, Los Toriles, Jocote Amarillo y Cerro Pando. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró responsable al Estado salvadoreño por las violaciones de derechos humanos contra la población civil, en su mayoría niñas y niños.
A pesar de los años, las personas no han dejado de exigir justicia. Para Matilde de Espinoza, abogada de litigio transnacional de Cristosal, la justicia que se busca en el caso del Mozote es la transicional. Esta se enfoca en que los países que salen de contextos de violación de derechos humanos o de conflictos armados, establezcan soluciones a las víctimas y se garantice a la sociedad el acceso a la verdad, reparación y la no repetición.
En respuesta a la negativa del Estado salvadoreño de impartir justicia sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado, se crearon mecanismos (en su mayoría desde la sociedad civil) para acompañar a las poblaciones afectadas por estos crímenes. Matilde comenta que uno de ellos son los tribunales simbólicos, que surgen en 2009, diseñados por la Coordinadora Nacional de Comité de Víctimas, con el Instituto de Derechos Humanos de la UCA.
Diez años después, se han realizado 11 ediciones de los tribunales simbólicos como una medida de reparación, donde se pone la atención en la víctima. Ellos y ellas narran lo que les sucedió: cómo se vivió, cómo lo vivió su familia, cómo lo vivió la comunidad. En este sentido, no se pone en duda el testimonio de la víctima, mientras que en el sistema de justicia actual las víctimas son cuestionadas para saber si no están mintiendo. “En el tribunal de justicia restaurativa no se desacredita a las personas”, explica Sibrian.
Este proceso está conformado por jueces internacionales: expertos en derechos humanos y en derecho internacional. Las víctimas también son escuchadas por la comunidad y demás asistentes. Kenny agrega que han tenido casos donde la gente ha dicho: “ahora puedo morir en paz porque ya conté mi versión”. Generalmente, las víctimas de estos hechos son personas de la tercera edad y no han tenido la oportunidad de ser escuchadas.
Mujeres y El Mozote
“Actualmente, pese a que mi mamá y mi hermana no están, yo continúo hablando la verdad, sólo yo quedo de las raíces de mi mamá, aunque también están mis sobrinos, pero del seno materno sólo yo estoy. Siento tristeza, a veces melancolía y también rabia, porque mi mamá luchó mucho para este proceso, ella luchó hasta que terminó su vida, luchó porque en El Mozote se hiciera justicia”.
Según la profesional de derecho, en el caso de las mujeres en El Mozote se identifica un patrón que también se utilizó en otros países de la región: identificar al enemigo interno, y la forma cómo tratarlo: aterrorizar a la población. En esas acciones, se causaba terror a través de la utilización de los cuerpos de las mujeres, como instrumento para enviar mensajes a los oponentes o enemigos. De ahí parte la violencia sexual que se cometió contra ellas, dejando también explícita la agresión que habían sufrido, como sucedió con las mujeres en Sepur Zarco.
“Lo anterior, ocurre únicamente escuchándolas. Es por eso que uno de los mecanismos de reparación más urgentes es el reconocimiento de la reparación de la dignidad humana, ya que son mujeres que por décadas han luchado como el caso de las madres que ya llevan 40 años buscando a sus hijes, solicitando información del paradero de sus nietos o nietas y que en su momento fueron catalogadas como mentirosas y que estaban en la política o que querían engañar a algunos gobiernos“, detalla Espinoza.
“Ahora, las demandas de las mujeres que piden justicia comprenden múltiples aspectos, uno de los más retadores es entender cómo darles justicia partiendo desde su proyecto de vida, independientemente de su edad y los contextos particulares de cada una de las mujeres, ya que muchas de ellas son adultas mayores y los mecanismos de reparación deben de responder a la realidad de las víctimas”, hace énfasis Matilde.
“Las víctimas tenemos la esperanza que nuestra voz se escuche y que el rostro que ustedes ven hoy, en este lugar sagrado, no lo olviden y puedan con nosotras trabajar por la justicia y porque nunca más se repita el horror y la impunidad que nosotras hemos vivido”.
La justicia se ve más lejos
El caso de El Mozote tiene grandes similitudes con el de Sepur Zarco. No obstante, en El Salvador muy poco se ha avanzado. Y en el contexto político actual la justicia se ve más lejos.
Aunque la resolución en el caso de las abuelas de Sepur Zarco ha sido un hito. Judith Erazo de ECAP dice que el reto siempre es el cumplimiento, aún hay medidas que no se han implementado y parece que el contexto político al igual que en El Salvador es desfavorable.
“Cada vez tenemos más limitaciones porque hay un retroceso en el cumplimiento de la justicia transicional. El Ministerio Público está totalmente desconectado. Acaban de quitar a la fiscal de derechos humanos que verdaderamente era una fiscal con ética (..). La resolución de Sepur Zarco debería cumplirse en su totalidad, pero las condiciones del país para estos temas y para muchos otros están muy mal”.
En el caso de El Mozote en El Salvador, el proceso de juicio está estancado. El juez Jorge Guzmán −−que en 2016 reabrió el caso−− renunció a su puesto debido a la entrada en vigencia de la reforma a la carrera judicial que ordena el retiro de los jueces con más de 60 años de edad y con más de 30 años de ejercicio, impulsada por el gobierno de Nayib Bukele.
Deudas de posguerra en El Salvador: el caso de Manuela
El derecho a la verdad es uno de los enfoques de la justicia restaurativa, que las víctimas tengan la oportunidad de contar su versión de los hechos y se les escuche. Pero en El Salvador muchas de las personas vulneradas no fueron escuchadas y al contrario se les condenó. Cómo sucedió con Manuela.
A nivel mundial El Salvador es uno de los pocos países que penaliza de manera absoluta el aborto. Manuela fue víctima de esta ley que repercute en los cuerpos y vidas de las mujeres, pero sobre todo de las empobrecidas. Ella nunca tuvo acceso a educación y salud de calidad. El 26 de febrero de 2008, sufrió una emergencia obstétrica en su casa. Sintió un fuerte dolor abdominal y se desmayó en la letrina. Su padre la llevó a un hospital en busca de ayuda. Pero en el hospital, en lugar de brindarle atención médica, la denunciaron por “aborto”. Fue condenada a 30 años de prisión acusada de homicidio agravado. La policía obligó a su padre que no sabía leer ni escribir a firmar un documento donde acusaba a Manuela, situación que a la actualidad lo llena de tristeza.
La última vez que Manuela vio a sus dos hijos y a su madre fue en la audiencia de condena. En menos de dos años la salud de Manuela se deterioró. De manera tardía le diagnosticaron cáncer linfático. “Mamá, yo de aquí ya no voy a salir. Mejor cuide a mis hijos, por favor” fueron las últimas palabras que la madre de Manuela recuerda de su hija. Manuela murió en 2010, esposada en la camilla de un hospital, sin ningún familiar que la acompañara y siendo inocente.
Las organizaciones que acompañaron el caso fueron enfáticas en denunciar que el Estado violó todos los derechos humanos de Manuela. Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, manifiestó que la violación a los derechos humanos de Manuela incluyó el agravio a su familia. La ausencia de una madre para sus hijos y la sobrecarga que tuvieron que asumir los padres de Manuela en el cuidado y la manutención, sin ningún apoyo del Estado.
Como consecuencia, durante el proceso jurídico la familia de Manuela tuvo que vender una parcela de tierra que era parte de sus ingresos y alimentos, lo que significó menos recursos y deudas para la familia, quienes viven en una comunidad de recursos escasos.
Para su hijo mayor, la reparación en el caso de Manuela significa limpiar el nombre de su madre, es decir: derecho a la verdad. La madre de Manuela también expresaba que el Estado debía reconocer que le falló a Manuela, declararla inocente y garantizar que lo que le sucedió a su hija no le volverá a pasar a nadie.
Fallo histórico: justicia para Manuela
El 29 de noviembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por criminalizar a Manuela tras sufrir una emergencia obstétrica, este fallo llega después de 10 años de proceso en la Corte. Las palabras de su hijo mayor se repitieron: “Estoy feliz porque se ha limpiado el nombre de mi madre”.
Esta resolución llena de esperanza a las organizaciones y personas que trabajan porque en El Salvador no se siga condenando a las mujeres que enfrentan emergencias de salud durante su embarazo. Pues entre las medidas está desarrollar un protocolo de actuación para la atención de mujeres que requieran asistencia médica de urgencia por emergencias obstétricas. Y, algo fundamental: adecuar su regulación relativa a la prisión preventiva.
La historia de Manuela se contará en una película feminista “Yo soy Manuela” impulsada por Violeta Productoras, Asociación Ixchel. Mextli Matus, parte del equipo de producción de la película, explica que el largometraje es un sueño inspirado en la historia de Manuela Santos y de otras mujeres en el país.
“Es un homenaje que hemos querido realizar donde cada una ha puesto parte para poder llevar a la luz este proyecto que no solo queremos dar a conocer en El Salvador. Ya se inició al sacar a la luz el caso de las 17 y más. Creemos que el arte y la cultura son fundamentales para poder llegar y sensibilizar”.
Las madres que siguen buscando justicia por feminicidios
Así como la madre de Manuela, otras mujeres buscan justicia, verdad y reparación por sus hijas. María de los Ángeles Quezada lleva casi tres años pidiendo justicia por el feminicidio de su hija, Fernanda Nájera, joven asesinada con arma blanca por su expareja, Michael Alejandro Castillo Murga, el 31 de enero de 2019 en una finca en Ataco, Ahuachapán.
Un niño, hijo de ambos, fue rescatado en la misma zona el 4 de febrero, cuatro días después, en estado de abandono y deshidratado, según reporte de la Fiscalía General de la República (FGR).
Michael Castillo Murga es prófugo de la justicia y es buscado por la INTERPOL. Los cómplices han quedado libres, entre estos está un médico y un ex fiscal. La audiencia preliminar en contra de los implicados se ha suspendido en cinco ocasiones. Estos atrasos en la audiencia significan para María de los Ángeles una violación a su derecho de justicia y cree que está relacionado con el poder económico de los involucrados. Sin embargo, ha dicho en reiteradas ocasiones que seguirá luchando por obtener justicia.
De acuerdo con el Observatorio de Violencia de la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA), de enero a diciembre de 2019 se cometieron 230 feminicidios en El Salvador, entre estos el de Fernanda Nájera.
Para María de los Ángeles, sanar y reparar significa que los culpables del feminicidio de su hija paguen condena y que el Estado responda por su nieto, Matías Fernando, sobreviviente de los hechos que terminaron con la vida de Fernanda.
“Yo reclamo los derechos de mi hija que desapareció de este mundo y también reclamo los derechos de mi nieto (…) más que todo por eso es mi pelea en las audiencias (…). Una madre jamás va a cruzar los brazos de ver cómo su hija se le fue arrebatada”.
Marjorie Hernández, abogada del IDHUCA, explica que las entidades públicas deben de tener voluntad y empatía en estos temas para poder resolver. No obstante, considera que la carga laboral de las instituciones del sistema de justicia puede ser uno de los factores por los que no avanzan los casos.
Diversas organizaciones han manifestado que el Estado debe fortalecer las instituciones de justicia que se encargan de estos delitos, sin embargo, no existe en el país ni siquiera un juzgado especializado por departamento. Apenas hay seis para los 14 departamentos.
María de los Ángeles pide a la INTERPOL y la Policía Nacional Civil (PNC) que encuentren al feminicida de su hija, y además solicita que se brinde atención psicológica a su nieto (hijo de Fernanda), quien tiene pesadillas dónde recuerda los hechos.
La falta de acompañamiento a las víctimas es otra de las carencias en la justicia punitivista, la cual se enfoca en el castigo del victimario, pero deja de un lado a la víctima. Este es un factor diferenciador de la justicia restaurativa, la cual considera la atención integral de las víctimas. En este caso, María de los Ángeles y su nieto deberían estar en procesos de atención psicológica y todo el acompañamiento que necesiten en el proceso de sanación.
La Colectiva Amorales ha brindado acompañamiento a María de los Ángeles, además de respaldo en las audiencias que han sido suspendidas y denunciando la impunidad del caso en diferentes medios. También le han facilitado acompañamiento psicológico con profesionales.
“Agradezco el apoyo moral que me brindan las compañeras de Amorales, si no fueran ellas yo anduviera sola, me sentiría peor”, comentó después que la audiencia preliminar se cancelara por cuarta vez este año.
Pequeños pasos: resoluciones judiciales con enfoque de justicia restaurativa
La justicia restaurativa coloca en el centro el reconocimiento de la verdad, permite una investigación profunda de los hechos para que no se repitan. Además de llevar a los responsables frente a la justicia a que paguen por sus crímenes y no se favorezca la impunidad.
Para Silvia Juárez, coordinadora del Programa para una Vida Libre de Violencia de ORMUSA, algunas resoluciones sobre feminicidios han tenido pequeños avances de justicia restaurativa. Tal es el caso de la sentencia de Carla Ayala, donde el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia de San Salvador condenó a 9 de los 13 implicados, asignó una responsabilidad civil de 24 mil dólares y la PNC está obligada a brindar asistencia psicológica a los familiares de Carla, además deberá otorgar becas de estudio a sus hijos.
Otra de las históricas sentencias es el fallo del caso de Jocelyn Abarca, donde se estableció una medida de no repetición que solicita implementar desde el Ministerio de Educación una materia de prevención de la violencia de género en la educación media. Sin embargo, aún no se implementa. Las familias mencionan que esto no resarce los daños por las pérdidas de sus familiares, el dolor sigue presente con el pasar de los años.
Jocelyn fue asesinada por su pareja, Ronald Atilio Urbina, el 5 de julio de 2018 en Soyapango. Primero fue reportada como desaparecida y cinco días después su cuerpo fue encontrado. Este crimen consternó al país por la barbarie con la que se cometió y se conoció tanto a nivel nacional como internacional.
Sin embargo, fue hasta el 7 de agosto de ese año, que el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, condenó a Urbina a la pena máxima por feminicidio con 50 años de cárcel.
A pesar de la condena, la madre de Jocelyn sufre un duelo constante, solo tiene los recuerdos y fotografías de su hija.
“No es que una se sienta satisfecha emocionalmente, sino que es un alivio para que estas personas no sigan haciendo lo mismo, queda un pequeño consuelo que la persona que hizo ese acto está presa y va a pagar, aunque eso no va a devolver la vida de los seres queridos. Una busca justicia, pero no la encuentra".
Según Juárez, para tener avances de justicia restaurativa en el país se debe desnudar la verdad, desclasificar los archivos, reconocer y dar con el paradero de las mujeres desaparecidas y reconocer la violación sexual que enfrentaron las mujeres desde el conflicto armado.
El segundo paso a considerar es “entender que esa herida que debemos sanar puede ayudar a sanar las del presente. Eso tiene que ver con que el Estado garantice a las familias sobrevivientes, espacios de organización, escuchar sus voces y que participen de la toma de decisiones.
«Si esto no ocurre, el camino que les espera las familias sobrevivientes, especialmente a las madres, es toda una violación sistemática: no se garantizan caminos eficaces, prontos y cumplidos para que se administre justicia”. Silvia Juárez.
Jessenia Juárez recuerda a su hija como una mujer amorosa, valiente, estudiosa, tranquila y sociable. Jocelyn tenía 26 años, estudiaba psicología y desde los 17 años fue un apoyo económico para su madre. Ella pagó sus estudios y contaba con un trabajo estable. “Mi hija era muy linda. Algunas veces me pongo a pensar que vino a cumplir una misión. De algo malo salió un ejemplo para que las mujeres nos demos cuenta que los maltratos emocionales terminan mal”.
Las madres continúan llorando a sus hijas. La justicia parece haber dado alivio con la condena, pero la pérdida es irreparable.
“Aunque él esté condenado es una pisquita que una siente de alivio, pero una queda emocionalmente casi igual. La gente me dice que un día la voy a ver otra vez cuando partamos de este mundo, pero el vacío que tengo es como que me arrancaron un órgano y está ese vacío todo el tiempo. Toda la vida creo que voy a estar así”.
La lucha por tener justicia restaurativa en El Salvador todavía tiene un largo camino por recorrer, sin embargo ya se han dado los primeros pasos. Las voces de Fernanda, Manuela, Jocelyn y de otras más no han quedado en el olvido. Sus familias han prestado su voz.
El Estado salvadoreño tiene una deuda histórica para brindar justicia a las mujeres. Pero no cualquiera, sino la que reúne aspectos esenciales para la dignidad humana como: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Es por eso que la justicia restaurativa y transicional es sumamente importante para la sociedad en su conjunto ya que pretende que casos de violaciones de derechos humanos no se repitan.
Es indispensable que todos los sectores acuerpen y demanden que las víctimas y sobrevivientes de violencia poseean mecanismos y legislación enfocados en dar respuesta a los casos sucedidos tanto en el conflicto armado como en la actualidad. Asimismo, es primordial visibilizar y acompañar la labor de organizaciones feministas y de derechos humanos que han acompañado a madres, padres, hijes, familias, comunidades y diferentes grupos en ese anhelo de justicia, mismo que no se apaga.
Un ejemplo de que esta esperanza puede concretarse es el reciente e histórico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Manuela, en el cual su familia e instituciones lograron que la verdad de Manuela se conociera y se le obligue al Estado a no criminalizar a ninguna mujer por sufrir emergencias obstétricas.
Es así como también la madre de Fernanda, de Jocelyn y las mujeres del Mozote continúan denunciando y exigiendo justicia desde ese anhelo para sus hijas, nietes, familiares y para ellas en este El Salvador en el que aún la vida de las mujeres parece no ser una prioridad.
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