Feministas hacen un llamado a romper el pacto patriarcal con los agresores y consideran que los funcionarios públicos que son perseguidos judicialmente por violencia contra las mujeres deberían renunciar por ética a sus cargos.
El 13 de octubre el Juzgado de Paz de Morazán resolvió que David Mauricio Sorto, gobernador de Morazán y Secretario Departamental Nuevas Ideas en dicho municipio, es responsable de cometer violencia intrafamiliar contra su expareja. De acuerdo con organizaciones de mujeres que acompañan a la víctima, Sorto ejercía violencia psicológica, patrimonial y no era responsable con la manutención de su hijo de 9 años y su hija de 10 meses.
El proceso jurídico inició en septiembre del presente año en el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación de las Mujeres en San Miguel. Pero, ese tribunal solo decretó medidas de protección a favor de la víctima y se declaró incompetente por razón del territorio y envío el proceso al Juzgado de Paz de Gualococti en Morazán.
De acuerdo con voceras de las organizaciones que acompañaron a la víctima el acusado no quería hacerse responsable de los cargos.
“El agresor fue asesorado por su abogada para no aceptar los hechos de manera voluntaria. Los hechos se lograron probar con la declaración de testigos. Se contó con peritajes psicológicos y estudios psicosociales realizados por medicina legal”, explicaron.
En el proceso judicial se probó la violencia intrafamiliar de carácter psicológica y económica que Sorto ejercía contra su expareja y el juez estableció una cuota alimentaria de $300.00 mensuales para sus hijo e hija. Así como el resarcimiento por daño moral ocasionado y el pago de una deuda en la cual él debía 4 mil dólares a la demandante.
También, se le ordenó inscribir a los niños en el Instituto del Seguro Social (ISS) para acceder a su derecho a la salud. En la misma quedaron medidas de protección vigentes a favor de la víctima y en contra del agresor, entre ellas orden judicial de abstenerse de ejercer cualquier forma de hostigamiento en contra de la víctima, prohibición de acercarse a ella, entre otras. Según informó la demandante.
El presidente y cualquiera que dirija una instancia del Estado debe romper el pacto patriarcal
Para Angélica Rivas, de la Colectiva Feminista, el presidente Nayib Bukele y cualquiera que dirija instancias del Estado debe romper el pacto patriarcal con los agresores. Ella relaciona este caso con el del CONNA, donde el expresidente de dicha institución tenía medidas por haber ejercido violencia intrafamiliar, y no había sido destituido. Fue reemplazado hasta después de una publicación de un medio de comunicación y presión de organizaciones feministas.
“En México las feministas llamaron al presidente Manuel López Obrador a romper el pacto patriarcal con los agresores(…) ese fenómeno lo estamos viendo en el actual gobierno. Los altos funcionarios no se pronuncian por estos casos, no rechazan estas conductas, reafirmando ese pacto patriarcal”.
Para Rivas, los funcionarios que son perseguidos judicialmente por cometer violencia contra las mujeres no deberían ejercer estos cargos.
“Lo que está entredicho es lo que la ley manda: todo funcionario público debe tener moralidad notoria. Sobre todo estos que son nombrados como cargos de confianza, cargos políticos para un periodo de tiempo, para una administración en concreto”, afirma.
En este sentido, plantea que dichos funcionarios perseguidos judicialmente por violencia contra las mujeres deberían renunciar, no solo por lo que mandata la ley, sino por ética.
Sin embargo, la plaza de Sorto continúa activa como se verifica en el portal de transparencia del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, pese a que aún está pendiente su Cv.
Revista La Brújula contactó a la oficina del gobernador para solicitar una entrevista pero su secreatria constestó que no se econcontraba y no brindaron otras opciones para acceder a la solicitud.
