Asamblea aprueba monitoreo de agresores, a través de brazaletes electrónicos

Foto/Tomada de la cuenta de Twitter de la Asamblea Legistativa

Diputadas y diputados aprobaron reforma a la Ley Reguladora del Uso de Medios de Vigilancia Electrónica en Materia Penal, ésta permitirá el monitoreo de agresores de mujeres a través de brazaletes electrónicos, en los casos de otorgamiento de las medidas de protección a víctimas de violencia. La medida pretende garantizar la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar, sujetas a las medidas de protección previstas en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).

Para las diputadas de la comisión de la mujer este es un importante aporte contra la violencia de género: “La violencia en El Salvador es un problema estructural, real, no se puede ignorar, por eso es necesario que el Estado cumpla su papel. En los últimos años, se contabilizan más de 19 mil casos de violencia. Hago el llamado para que las mujeres denunciemos” expresó Dina Argueta, de la fracción del FMLN.

Asimismo la diputada Martha Evelyn Batres del partido ARENA manifestó que El Salvador tiene cifras alarmantes de violencia contra las mujeres. «Cuando vemos que cada 7 horas hay una violación, significa que estamos en una situación grave”.

Silvia Juárez de ORMUSA considera que es importante este tipo de métodos cuando es para la prevención de riesgos feminicidas, pues el uso de brazaletes puede ser una medida eficaz para la verificación y seguimiento de medidas de protección, de desobediencia del delito “Es importante que exista esta reforma que garantice que una medida dictada por un juez va a tener mayor nivel de eficacia al permitir verificar”.

Por ejemplo si una mujer denuncia como sobreviviente de violencia se podrá identificar al agresor  y aunque desista de la denuncia se puede hacer uso que la persona tiene un dispositivo, lo que garantiza que no se pueda acercar. Entonces hay un mayor control, si se tienen recursos para verificar el cumplimiento, comenta.

Sin embargo, Juárez también señala que cuando este tipo de medidas se utiliza para descongestionar el sistema penitenciario e incluye otra gama de delitos debe ser cuestionable su uso.