A un año de la presidencia de Nayib Bukele, en materia de género y protección a la población LGBTIQ+ y a las mujeres, hay más deudas al debilitar los espacios que se habían conquistado en sentido. Además, se encuentra con un discurso y acciones disonantes con la prácticas de su gobierno.
Por Fátima Cruz
Recuento
El 3 de febrero de 2019 se realizaron las votaciones para elegir al nuevo presidente de El Salvador. Como todo momento electoral el país se volvió con colores partidarios, mitines y una exhaustiva campaña publicitaria pero con poco espacios de debate que reuniera a todos los candidatos o fórmulas, en la que dos de ellas contaban con una mujer para la vicepresidencia (ARENA y FMLN). El 3f dejó como resultado el triunfo del candidato, de la Gran Alianza Nacional (GANA) en coalición con CD y Nuevas Ideas, Nayib Bukele con el 53.1% de votos, según el escrutinio final del Tribunal Supremo Electoral.
Participación en elecciones 2019
Para el 3 de febrero la tendencia en la partición electoral se mantuvo a la baja, con un total de 2,733,178 votantes, respecto la del 2014 esta disminución fue de nueve puntos que significan 283,780 personas. Para las elecciones del 2019 el 51.88% de personas decidieron emitir su voto mientras que un 48.12% representó ausentismo al evento electoral.
En el pasado y presente los mismos de siempre
Bukele llega a ser electo luego de un desgaste de los partidos ARENA y FMLN. En este sentido, el primero con sus dos últimos presidentes procesados en casos de corrupción en los que se puede mencionar Nejapa Power y Duke Energy por $4,286 millones, casos de ANDA que suman $100 millones y los eurobonos $78, en la gestión de Francisco Flores, que finalizó en el 2004, y la malversación de fondos de la cuenta de Casa Presidencial por $219 millones, la contratación de eurobonos por $43 millones, sin olvidar los $73 millones de la carretera Diego de Holguín, renombrada como Monseñor Romero, en la presidencia de Elías Antonio Saca que finalizó el 2009, según datos por FESPAD. Mientras que el partido de izquierda su primer presidente, con el que acabaron con 20 años de gobiernos consecutivos de derecha, presenta cinco órdenes judiciales de captura relacionadas a delitos de corrupción, entre ellos el caso Saqueo Público en el que habrían desviado $351 millones. A eso se agregan otras problemáticas como la alta taza de homicidios, asociación con pactos entre pandillas y diferentes deudas sociales que no se saldaron durante todas esas gestiones y anteriores.
Asimismo, Bukele es anunciado ganador de los comicios luego de una carrera de seis años siendo alcalde, primero de Nuevo de Cuscatlán (2012-2015) y luego de San Salvador (2015-2018). En esto consolidó su imagen para crear su proyecto político: Nuevas Ideas, el que no pudo inscribir como partido y por que por lo tanto tuvo que recurrir al partido de derecha GANA para ser candidato presidencial. Durante su candidatura construyó su discurso sobre el descontento y el desgaste de los partidos sintetizado en – Los mismos de siempre-.
Tras unas semanas de ser presidente electo, Bukele fue enviado a juicio por el delito de expresiones de violencia contra las mujeres, en perjuicio de Xochitl Marchelli, en el Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer. El proceso finalizó cuando la exsíndica envió una carta en la que declinaba del proceso: “Con debido respeto pido: b) Tenga por informada mi declinación de continuar con el proceso penal que ahora nos ocupa en virtud de los padecimientos de salud que actualmente tengo”, redactó en el escrito.
El candidato del cambio, política con enfoque de género
Para la construcción de su plataforma en su candidatura para alcalde de San Salvador hubo acercamientos a la población LGTBI. En el 2014, Nayib Bukele sostuvo reuniones con defensores de derechos, organizaciones y activistas LGTBI (en el grupo se encontraban Lesbianas, Gays, Bisexuales, Personas Trans, Intersexuales) para hablar sobre las posibilidades de incluir las propuestas de la población a la plataforma de gobernanza del gran San Salvador para elaborar líneas estratégicas para una Ciudad Inclusiva.
En esta reunión Nayib Bukele aseguró “Yo creo que la lucha de los Derechos Civiles de nuestro tiempo es la comunidad LGBT… Yo quiero estar del lado correcto de la historia, siempre he dicho eso, y mi temor es estar al otro lado… Yo quiero estar al lado correcto de la historia. No voy estar del lado de los discriminadores, si se llama heteroaliado, sería eso…”. Del encuentro se establecieron en la plataforma LGBTI como ejes la Cero Tolerancia a la violencia por odio, la promoción de la Ciudadanía LGTBI, el apoyo y prevención para la salud Mental y la divulagación, atención, promoción, capacitación y educación en salud Ginecológica, que buscan el reconocimiento de todos los derechos humanos de las personas sin discriminación.
Video/Tomado de YouTube
Luego, para su campaña presidencial, Nayib Bukele presenta su plan de gobierno nombrado Plan Cuscatlán, el 13 de enero del 2019 en el cual se comprometió con una política con enfoque de género en todas sus acciones:
‟En el nuevo gobierno se ha considerado tener una política con un enfoque de género en todo su accionar y en todas áreas: educación, salud, vivienda, espacios públicos, transporte, seguridad pública, economía y emprendimiento, derechos laborales, migración, niñez y adolescencia. Esto se traduce a tener un verdadero mecanismo que garantice alcanzar la igualdad y equidad de género reales y que asegure el pleno ejercicio y garantía de los derechos de las mujeres como principio y no como meros discursos electorales.” Tomado del Plan Cuscatlán.
Este apartado enfocado a mujeres toma la plataforma ‟Nada de nosotras sin nosotras”, que fue construida en un proceso de consulta, talleres y grupos focales con más de 50 organizaciones de mujeres a nivel nacional, que identifican 10 ejes de acción prioritarios para el desarrollo de las mujeres:
- SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
- DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS MUJERES
- FORTALECIMIENTO DE MECANISMO DE IGUALDAD DE GÉNERO
- FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES DESDE LA ARTICULACIÓN CON EL GOBIERNO CENTRAL, PARA LA TERRITORIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD.
- DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
- AGUA Y DERECHOS AMBIENTALES
- TRANSPARENCIA y ANTICORRUPCIÓN
- PROMOCIÓN Y RESPETO DEL ESTADO LAICO
- COMUNICACIONES INCLUSIVA Y NO SEXISTA
- EDUCACIÓN INCLUSIVA
Relación entre las palabras y los hechos
Sin embargo, esta visión se confronta con las respuestas que brindó en el conversatorio presidencial realizado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), espacio creado para conocer la propuestas de cada fórmula presidencial. Éste se realizó el 31 de octubre de 2018 y se abordaron ejes claros como la economía, Estado laico, educación, transparencia entre otras temáticas. Para finalizar se le preguntó a Bukele: ¿qué postura tiene sobre el aborto y sobre el matrimonio del mismo sexo? La respuesta del en ese entonces candidato fue:
‟Nosotros no pretendemos cambiar la ley en cuanto al matrimonio. Nosotros creemos que en el derecho de la comunidad LGBTI, de ellos yo tengo muchos amigos-familiares que son de la comunidad LGBTI. Nosotros creemos no puede haber discriminación absoluta… No podemos discriminar a nadie por su forma de ser o por su forma de pensar. Entonces, para nosotros la absoluta discriminación debe ser garantizada incluso con castigos penales para quienes la aplican. Pero, en el tema del matrimonio nosotros creemos que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, eso no quita la vida que cada quien quiera llevar simplemente es la definición del matrimonio… para nosotros no debe de haber discriminación y la gente puede hacer lo quiera con su vida personal…Pero, la definición del matrimonio legal es la unión entre un hombre y una mujer, ese es un matrimonio ”.
Sin duda, el Código de Familia en el artículo 11 define que: – El matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer, con el fin de establecer una plena y permanente comunidad de vida-. Pero, ‟respecto a la población LGBTI el concepto de matrimonio vigente, excluye cualquier posibilidad de matrimonio o unión civil entre personas del mismo sexo, de un hombre así nacido con una mujer transexual, o de una mujer así nacida con un hombre trans. Y ante esta disposición se concluye que las relaciones de pareja que establecen las personas LGBTI, aunque cumplan con los criterios referidos, carecen de protección legal sobre los aspectos patrimoniales y personales, y no acepta ningún tipo de parentesco entre los miembros de parejas LGBTI. Asimismo, en todo el articulado sobre la “filiación adoptiva” se observa la imposibilidad de adopción, para parejas de personas del mismo sexo, o donde uno de sus miembros sea una persona trans”, explica el Diagnóstico jurídico sobre Derechos Humanos de la Población LGBTI de El Salvador realizado por (COMCAVIS TRANS), en el 2012. Es decir, en el fondo las poblaciones si están siendo discriminadas al no poder acceder a la protección legal que brinda el matrimonio y al no reconocimiento de los lazos que forman. En este caso, Verónica López, de la Asociación DIKE, explica que es un derecho civil y debe de ser reconocido.
Sobre la pregunta sobre su postura del aborto el candidato, en ese entonces, respondió:
‟Y el aborto solo estamos de acuerdo cuando está en riesgo la vida de la madre. Y lo otro que es importante es que no asumamos presunción de culpabilidad a una mujer pobre que tuvo un aborto espontáneo. Yo creo que ahí podemos estar de acuerdo en que alguien de altos recursos tiene un aborto espontáneo y su médico o su ginecólogo la trata, le hacen un legrado si es necesario porque quedó una parte de la placenta adentro y nadie la cuestiona. Pero, si una mujer pobre tiene un aborto espontáneo inmediatamente es sospechosa de haber cometido un aborto. Entonces, ahí es donde entran las desigualdades sociales. Nosotros no podemos darle presunción de culpabilidad a una mujer que lo que necesita es ayuda inmediata (médica, psicológica, económica).”
En El Salvador se cuenta con una de las leyes más restrictivas en el tema del aborto. Organizaciones defensoras de derechos, como la Organización de Naciones Unidad (ONU) a través del Comité de la CEDAW recomendó al Estado aprobar reformas al Código Penal para legalizar el aborto en al menos cuatro causales: el embarazo ponga en riesgo la salud, vida y la integridad de las niñas o mujeres, cuando el embarazo sea producto de una violación sexual, estupro o trata de personas, o en casos donde la vida extrauterina del feto sea inviable. Además, mostró su preocupación por el incumplimiento del deber de confidencialidad del personal médico al reportar los casos de mujeres que han enfrentado complicaciones obstétricas que terminaron en abortos espontáneos. De manera enfática, el Comité recomendó al Estado la revisión de los casos -de manera expedita-, de las más de 17 mujeres inocentes (“Las 17”) que están condenadas hasta por 40 años de prisión por delitos relacionados al aborto, (2017) Concluding observations on the combined eighth and ninth periodic reports of El Salvador* .
Pasado un año de gobierno el panorama parece no cambiar y tampoco muestra una apertura para al menos hablar del tema . Morena Herrera, defensora de derechos de las mujeres, comentó en el programa Voces Subversivas de esta revista que cambiar las políticas publicas es responsabilidad de este Estado. -Creo que sí en este momento el gobierno se ha enfocado en garantizar la salud de la población para ser coherentes tienen que cuidar la salud y vida de las mujeres. Lo anterior significa que tienen que mirar las causas de lo que agrava la salud y vida de las mujeres. Es por eso que creo que tienen responsabilidad de cambiar la ley porque tienen la responsabilidad de cuidar la salud y la vida. Las mujeres representan el 53.11% de la población, más de la mitad, y por lo tanto el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la salud y vida de las mujeres. Asimismo, la Asamblea Legislativa posee la mima responsabilidad-, explica Morena.
Solo en el primer primer trimestre del 2020 se registraron 3,979 inscripciones de embarazo en niñas y adolescentes, estos están relacionados con violación y estupro; mismos que están contemplados en las causales. Esta es solo una muestra de la grave situación de salud y falta de protección que enfrentan las niñas y adolescentes salvadoreñas.
Pero, ¿qué ha cambiado en la respuesta del presidente Bukele a más de un año de su respuesta? Durante una entrevista sostenida con el cantante puertorriqueño René Pérez Joglar o Residente en el que se plantea el tema:
Réne: Tengo entendido que el aborto en El Salvador se condena como homicidio… me parece que no es un homicidio. Me parece más que es homicidio las mujeres que han muerto de forma insegura. Creo que quien debe de tomar la decisión de ser madre es la mujer y no unos desconocidos que al final no le importa la vida de la criatura… Yo sé que es un tema que genera un gran debate… Sé que hay casos, que no tenemos que llegar tan lejos, pero desde violaciones que de momento no les permiten abortar. ¿Qué usted opina de eso?
Nayib: …yo entiendo y no he estado en el sufrimiento de lo que vos mencionas. Pero siempre… castigamos a la persona equivocada porque esos… malditos violadores que le hicieron eso a una niña a esos deberíamos de colgarlos de los -de esos- y que queden colgados hasta que se mueran. Pero, ¿por qué vamos a castigar al inocente?…
René:¿La madre tiene que vivir entonces con la memoria de esa violación por el resto de su vida?
Nayib: No. No necesariamente… Además no me toca decidirlo a mí porque no soy legislador o juez. Pero, lo que si siento es que yo no mataría a alguien y menos a alguien indefenso por lo que hizo su padre.
René: eso entra en otra discusión de cuándo uno vive, es una decisión larga. Difiero en usted en ese punto…
Nayib: ¿Qué pasa con el bebe…? ¿Por qué estamos con unos vulnerables? ¿Por qué no estamos con todos los vulnerables?… Yo estoy por defender a los vulnerables y si es niña el Estado debería proveerle todo para que no tenga que vivir con trauma y si no quiere el bebe el Estado debería promover la adopción… No podría estar a favor del aborto.. El problema aquí es que se criminaliza por su nivel social yo creo que eso si es algo que podamos combatir. Yo creo que al final, en el futuro, nos vamos a dar cuenta que es un gran genocidio el que se está cometiendo con los abortos.
El presidente Bukele sostiene su postura sobre la criminalización de las mujeres por situación económica, y es que son muchos casos de mujeres que se encuentran pagando una condena de 30 años por haber sufrido complicaciones obstétricas y que fueron sentenciadas por homicidio. Sin embargo, en su gestión se cerraron Equipos Comunitarios de Salud Familiares, (ECOS) que asistían a comunidades en situación de pobreza que no podían trasladarse hasta los hospitales para llevar un control de salud. En ellos mujeres reciben seguimiento de atención prenatal en su hogar. Según el Ministerio de Salud (2013) los principales objetivos de los ECOS eran disminuir los partos domiciliarios y que las mujeres embarazadas fueran atendidas de manera institucional, actualmente este programa recibe menos financiamiento. Por otro lado, ya no plantea la causa sobre el riesgo de la vida de la madre sino que rotundamente afirma: -No podría estar a favor del aborto-. A pesar de eso agrega que : –Yo creo que al final, en el futuro, nos vamos a dar cuenta que es un gran genocidio el que se está cometiendo con los abortos-, volviendo aún más radical su postura contra el aborto.
En muchas ocaciones Bukele expresa que no le corresponde el tema ya que no es legislador ni juez. Pero, esto va más allá ya que al estar al frente del Ejecutivo la salud de las mujeres es un tema que debería preocuparle por las altas cifras de embarazos en niñas y adolescentes, ya que forma parte de la salud sexual reproductiva, la protección a una vida libre de violencia contra las mujeres y otras más, que es responsabilidad de Ejecutivo (de sus titulares) y de cada Órgano del Estado.
Un año de gobierno para la población LGBTIQ+ y mujeres
‟A partir de hoy no seré el presidente de los que votaron por mí, tampoco seré el presidente de un solo sector, el presidente de un grupo y mucho menos el presidente de un partido político. Seré el presidente de todos los salvadoreños, de 7 millones que viven acá y los 3 millones que viven afuera, de los 10 millones de salvadoreños. Los representaré a cada uno de ustedes. ” Toma de procesión Plaza Gerardo Barrios, San Salvador, 1 de junio 2019.
La llegada de un nuevo gobierno trae esperanzas a la población LGTBI por la apertura a conocer sus propuestas y problemáticas. Mónica Linares directora de ASPIDH menciona ‟Nuestras expectativas con este nuevo gobierno era que no iban a haber retrasos a las herramientas ya creadas antes como el decreto ejecutivo 56, la línea confidencial 131 y otras.” En este caso, explica que el nuevo gobierno desmontó la Secretaría de Inclusión Social que contaba con una sección de diversidad sexual y que era quien le daba cumplimiento al decreto mencionado que se refiere a la no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y que en este momento ha quedado sin efecto. Por lo anterior, Linares comenta que las expectativas se encuentran solo en buenos deseos para la población porque ya no existen esas herramientas de protección, es por eso que la eliminación de esta instancia representa un retroceso.
Eliminada la Secretaría de Inclusión Social sus responsabilidades las asume la Secretaría de Cultura tomando el nombre de Secretaría de Cultura y Diversidad. Linares asegura que han tenido acercamientos con la instancia actual pero que no han llegado a entablar reuniones con la titular Suecy Calleja porque no había espacio en su agenda. Para no posponer los espacios inician los acercamientos con Kenny Rodríguez, quien dirige esa área. Sin embargo, Linares sostiene que no ha sido el mismo trabajo que ya se había alcanzado. Por el actual contexto aún se espera poder acercar las propuestas y expresar las necesidades de la población a la titular para hacer una labor en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil.
La situación de las mujeres trans durante la pandemia se han agravado ya que generalmente la población LGBTIQ+ ha sido excluida de las políticas de atención del Estado salvadoreño. Iniciando desde la educación que no permite que la población pueda acceder a un currículum que les permita ingresar a un empleo digno, por lo que la única herramienta de trabajo que les queda es el trabajo sexual que por la situación de COVID-19 para cumplir con las disposiciones del gobierno, sobre distanciamiento social quedarse en casa, se ha detenido. En este sentido, la vulnerabilidad aumenta al quedarse sin entradas económicas para ellas y sus familias ya que la mayoría es el sostén de sus núcleos familiares, añade Linares.
Ley de identidad
Las personas trans se enfrentan a muchas dificultades desde muy temprana edad. Entre ellas no encuentran la falta de acceso a derechos básicos como educación, salud, trabajo y otros. Ante la ausencia de esos derechos son expuestas a sobrevivir en condiciones y situaciones de riesgo, que intensifican las agresiones y la violencia hacia ellas. -Bianka Rodriguez-.
Para velar por los derechos de la población población LGBTI se buscan diferentes crear herramientas que permitan una vida sin discriminación y reconocimiento entre ellas se encuentra la Ley de Identidad de Género que contempla un proceso de cambio de nombre, sexo y género en los documentos personales a través de la vía judicial. La iniciativa de impulsar esta ley inicia en el 2014, con el trabajo de siete organizaciones, para formular una propuesta de anteproyecto de Ley de Identidad de Género, este se sometió a diversos cambios y se finaliza en el 2016.
Proceso de creación de la iniciativa de Ley de Identidad de Género, apoyos e importancia/ Voz: Verónica López, de Asociación DIKE.
Para Bianka Rodríguez directora de COMCAVIS TRANS las personas trans tienen derecho a que sus documentos personales reflejen el nombre, el sexo y género con el que se identifican. La ley de identidad lograría que lo anterior fuera posible ya que permitiría el reconocimiento de la existencia de las personas trans y sus derechos, ya que en la actualidad los últimos son condicionados. Por ejemplo: las personas trans difícilmente alcanzan un nivel académico avanzado, a causa de la deserción escolar, y es porque en su mayoría no se les permite asistir con su expresión de género y tampoco se les respeta su nombre de identidad, esto sumado a la discriminación del compañeros, profesores y padres de familia, explica Bianka.
Sin embargo, para aprobar la ley es necesario conocer la situación de las personas trans, eliminar estigmas y prejuicios ya que esto no permite el avance de la ley. En el tema de legislación los diputados no quieren exponerse a la desaprobación social y pérdida de votos, esto complica más su aprobación, asegura Rodríguez.
Para Verónica López, de la Asociación DIKE, existen algunos desafíos para la aprobación entre ellos: la falta de apoyo de partidos políticos, falta de interés de dos períodos presidenciales anteriores, la falta de conciencia de los servidores públicos de conocer la propuesta y apoyarla, el rechazo de una parte de la sociedad en general que rechaza y se niega a reconocer a las personas trans.
Respecto al apoyo del gobierno que cumple un año, Verónica menciona que la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género no ha recibido respuesta del mismo ya que no se ha concretado ninguna reunión formal con representantes del Ejecutivo, la incidencia se ha basado en el Órgano legislativo, quien aprueba las leyes. Sin embargo, considera que el Órgano Ejecutivo es parte fundamental de la implementación de la ley porque de este dependen diferentes ministerios que se estarían involucrados a la hora de aprobarse esta propuesta como: el registro de personas naturales, dirección de Migración y Extranjería, Dirección de Centros penales, la policía y otras.
De cara al segundo año de gobierno las solicitudes se enmarcan en pedir al Ejecutivo que se acerque ya que el propósito de estas acciones es dignificar a las personas trans al tener un nombre con el que se identifique, que es un derecho fundamental, un derecho humano, enfatiza Verónica.
“Nuestro país es como un niño enfermo. Nos toca ahora a todos cuidarlo. Nos toca ahora tomar un poco de medicina amarga. Nos toca ahora a todos sufrir un poco. Nos toca tener un poco de dolor, asumir nuestra responsabilidad y todos como hermanos sacar a ese niño que es nuestra familia. Es nuestro país El Salvador. ”
El programa insignia en el primer año de gobiernos es el Plan Control Territorial que bajo un aura de misticismo fue revelando algunas de sus fases. El presidente el 18 de junio de 2019 anunció que el plan se dirigiría para hacer frente a los grupos criminales, con tres áreas: control de los centros penales, interrupción del financiamiento al crimen organizado y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. Al casi cumplirse un año de ser implementado se ha visto la alta disminución de homicidios en el país, que es un paso positivo para el país.
Sin embargo, durante la ejecución del plan se pasa por alto pensar en las mujeres ya que no considera las variantes y las especifidades de las mujeres, ni que tampoco ayuda a romper las desigualdades y que prioriza la intervención de los cuerpos uniformados en una lógica bélica, desde una vista androcentristra, que no resuelve el tema de inseguridades de las mujeres sino que tampoco contribuye a una paz duradera y a estados de seguridad para la vida de las personas.
Asimismo, ha debilitado servicios específicos como los de la ONI MUJER donde se prioriza la fuerza en la intervención territorial sin considerar que las inseguridades están asociadas a la violencia contra las mujeres, explica Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA). Sin embargo, este puede representar un alivio temporal pero que significa una amenaza ya que un cuerpo armado es difícil de enfrentar y sobre todo si es una amenaza de violencia sexual. La presencia con fusil no es una presencia política acertada ya que para las mujeres representa un riesgo porque no estamos hablando de policias ni soldados formados en equidad de género, ni en el respeto hacia las mujeres. Entonces, la presencia de hombres uniformados y armados sin educación para igualdad significa para las mujeres ser víctimas de otro tipo de violencias añade, Morena Herrera, defensora de derechos de las mujeres.
Silencio ante feminicidios
La cifra de feminicidios de enero a diciembre de 2019 es de 230 con una significativa disminución de 156 casos, equivalente al 40% si se compara con el año anterior donde se registraron 386 muertes violentas de mujeres, según el Observatorio de Violencia de ORMUSA. Sin embargo, los hechos de violencia continuaron en alza, de enero a junio se cometieron 12,642 hechos violentos contra las mujeres,esto significa alrededor de 70 agresiones diarias, según el Informe Semestral sobre Hechos de Violencia contra las Mujeres del Sistema Nacional de Datos, Estadística e Información de Violencia contra las Mujeres (SNDVM).
Para enero de 2020 el Observatorio de Violencia ya contabilizó 12 feminicidios.
El número ha aumentado durante el confinamiento por la pandemia. Las organizaciones hablan de más de 20 feminicidios, hasta la fecha, y sobre el incremento de denuncias por violencia contra las mujeres en un 70%. Las medidas para contener el virus no tomaron en cuenta que muchas mujeres compartirían la cuarentena con sus agresores. Ante eso, el gobierno no se ha pronunciado de ninguna forma o lo ha pasado desapercibido, mientas que el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) guardó silencio por mucho tiempo. Herrara considera importante que el gobierno se pronuncie al respecto y que puedan ser categóricos en condenar y en buscar alternativas para prevenir el feminicidios como forma extrema de violencia hacia las mujeres, eso significa indicar a las instancias de seguridad pública que deben atender las denuncias de las mujeres.
Economía de los cuidados
El Plan Cuscatlán aborda la autonomía económica en las que plantea que: sigue vigente el reto de la igualdad distributiva, que incluye la superación de la pobreza de las mujeres, tanto monetaria, como de tiempo; la igualdad salarial, el fin 4 de la discriminación en el mercado laboral y de los sesgos y déficit en la protección social. Sin embargo, una de las problemáticas más grandes para las mujeres es que al sumir los cuidados no se encuentran cotizando para tener una pensión al final de su vida.
Julia Evelyn Martínez, economista feminista, comenta que el tema de pensiones fue uno de los tantos temas sobre los cuales el presidente Bukele no se pronunció de manera explícita durante la campaña electoral. Lo poco que se conoció sobre su posicionamiento al respecto se encuentra en el Plan Cuscatlán, páginas 26 y 27, en el cual su gobierno ofrece impulsar “un nuevo esquema de pensiones que propicie una mayor cobertura de la población”. Sin embargo, en este documento las referencias a la supuesta reforma de pensiones es ambigua, imprecisa y contradictoria.
Para la economista en dicho documento no se establecen cuales serán las características de este nuevo esquema de pensiones (¿Continuar con el sistema privado?, ¿Migrar hacia un sistema público?, ¿Crear un sistema mixto?). Tampoco se definió con claridad el grupo o grupos meta de la ampliación de la cobertura. Es decir, no definió si se incorporarían únicamente sectores con ingresos salariales o ingresos monetarios, o se incluirían también a sectores que no tienen ingresos propios como las mujeres clasificadas en la actividad “oficios domésticos”. Estas mujeres actualmente representan más de la mitad de las mujeres salvadoreñas en edad de trabajar y de generar sus propios ingresos. Pero, que no pueden hacerlo debido principalmente a que deben hacerse cargo del trabajo del cuidado no remunerado de sus familiares.
En el mismo se proponen unos objetivos (como el aumentar la cobertura, y aumentar el monto promedio de pensiones) que solamente pueden ser logrados mediante un sistema público, universal y solidario, pero se sugiere de manera indirecta que estos objetivos pueden ser alcanzados manteniendo el actual sistema privado de pensiones de cotización individual, tan sólo con incorporar reformas a la Ley de AFP para que estas AFP puedan brindarle a cotizantes cuentas individuales de ahorro en donde cada cotizante pueda decidir libremente sobre la rentabilidad de sus ahorros. Es debido a esta ambigüedad, imprecisión y contradicciones de esta postura, que el tema de la reforma de pensiones ha podido ser manejada durante el primer año de gestión del Gobierno GANA-NUEVAS IDEAS, de manera irresponsable y demagogica, valora Martínez.
El mismo plan menciona que se deben buscar mecanismos que garanticen la seguridad social y autónoma económica como: Seguro Social, seguro de vida, AFP, acceso a bancas de apoyo financiero, capacitaciones en línea, descuentos en su movilidad. En este caso, se pretende abordar la concepción de una política y una estrategia de género se debe enfocar en las finanzas públicas, los presupuestos y las proyecciones de inversión y gastos. En todos estos aspectos, creemos que se debe considerar el beneficio a la mujer salvadoreña, según su situación, su rol y su ubicación geográfica. Fragmento de Plan Cuscatlán.
Entre las propuestas se encuentra:
Crear una bolsa de empleo para las mujeres, en el sector de la economía del cuidado, en coordinación con las organizaciones de mujeres de los municipios.
Sin embargo, lo anterior no se ha concretado. Y el tema de los cuidados el Estado no le ha dado la importancia que requiere y como en las medidas de contención de la la pandamia han estado invisibilizado el trabajo de los cuidados. Se ha reconocido una parte en el personal de salud que con parte de los cuidados remunerados pero no se han tomado de esa forma, cabe destacar que la mayoría son mujeres sobre todo el personal de enfermería. A lo que no se le está dando interés es al cuidado no remunerado. La contención de la pandemia ha implicado que las familias hayan asumido el teletrabajo y al mismo tiempo la educación de niños y niñas, por ejemplo. Esto significa una reorganización del hogar para que los niños y niñas estén bien. Esto o se ha considerado. A esto se le añade que ha considerado continuar con la educación a distancia el resto de año. ¿Qué va a pasar con esos niños y niñas? ¿Se van a quedar solos? Termina siendo siempre una sobrecarga para las mujeres de la que no se está hablando, plantea Julia Aguilar, feminista independiente.
Un segundo reto en la post pandemia está ligado directamente con los cuidados y que cualquier medida de política pública que no considere esta situación es incompleta. Hay una gran oportunidad para volver la mirada y retornar al diálogo con las instancias que se han especializado en el tema para brindar grandes aportes. Además, es importante dejar la idealización de la maternidad y salir del enfoque -familista- de la imagen del gobierno y asumir la corresponsabilidad del cuidado en las familias y el Estado. Respecto a la nueva normalidad es una preocupación que se base en la sobrecarga del trabajo del cuidado a las mujeres aun mayor del que ya se había previo a la pandemia, agrega Silvia Juárez de ORMUSA.
10 desiciones para entender la gestión de género a un año de gobierno del presidente Bukele
- Desaparecer la Secretaría de Inclusión Social implicó el debilitamiento de instancias que protegen a las población LGBTIQ+, ya que por el momento la Secretaría de Cultura y diversidad (quien asumió las responsabilidades de la Secretaría) no ha mostrado acciones concretas.
- Guardar silencio ante feminicidios invisibiliza la muerte de mujeres salvadoreñas que pueden prevenirse al ser categóricos al condenar estos crímenes e indicar a las instancias de seguridad públicas que deben atender las denuncias de las mujeres.
- Debilitamiento a programas sociales como Ciudad Mujer (de forma presupuestaria y personal formado), de las ONI MUJER y la pérdida de la relevancia de ISDEMU dentro de las decisiones del aparato Ejecutivo genera un retroceso a los avances que se habían logrado hace años.
- Ausencia de temas relevantes como el aborto en las cuatro causales y Ley de Identidad de Género.
- No contó con programas específicos de intervención a una agenda la para la igualdad y para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
- Debilitamiento presupuestario en atención de primer nivel como los hogares de espera materna y acceso de salud comunitario (como los ECOS) significa menor acceso a la salud de las mujeres tenían un importante acceso a la salud.
- Recorte de carteras y desarticulación de la unidad de actos discriminatorios del Ministerio de Trabajo.
- Olvido del Plan Cúscatlan como la plataforma «Nada de Nosotras Sin Nosotras» ya que en la práctica el gobierno no ha presentado un plan de ejecución de la misma. Poco interés en cumplir con las propuestas sobre la economía de los cuidados hace que decisiones en el manejo de la pandemia no cuenten la conciencia de la sobrecarga de estos hacia las mujeres.
- Manejo de la pandemia no posee perspectiva de género por ejemplo ha puesto en riesgo los derechos de las mujeres como el de una vida libre de violencia al reaccionar tarde a la alza de violencia domestica y otros.
- Desplegar a policias y militares, en Plan Control Territorial, sin preparación integral en equidad e igualdad de género.
De cara al inicio del segundo año de gobierno, analistas coinciden que aún hay oportunidad de incluir prácticas que garanticen la protección de la población LGBTIQ+ y las mujeres para los años restantes de la administración Bukele.
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