En diciembre de 2023 Jesús Rodas, párroco de la iglesia San José Espiga de Oro, de San Vicente, interpuso una demanda por el delito de difamación en contra de María Esther Flores y su hija, dos feligresas de la comunidad. 9 meses antes de ser acusada, María Esther y su hija fueron víctimas de expresiones de violencia por parte del mismo sacerdote que hoy la ha llevado a un tribunal como victimarias. Mientras que el proceso del sacerdote por difamación está a punto de culminar este 20 de junio, la denuncia por expresiones de violencia contra la mujer que interpuso María Esther, apenas se encuentra en sede fiscal en espera de investigación.
Por: Krissia Girón / Video: Karen Sibrian
En diciembre de 2023, Jesús Rodas, párroco de la iglesia San José Espiga de Oro, de San Vicente, interpuso una demanda penal por el delito de difamación en contra de María Esther Flores y su hija, Grecia Hernández, dos feligresas de la comunidad, a quienes acusa de haberle atribuido conductas “antisociales” y referirse a él con palabras que dañaron su “honor, moral y dignidad” a través de redes sociales y de forma presencial con otros feligreses.
La prueba testimonial que se presenta en el documento de demanda contra María Esther y su hija, está conformada en una buena parte por la estructura de la iglesia católica, desde altos jerarcas hasta feligresía: vecinos de la comunidad Espiga de Oro y otras comunidades, el comunicador de la parroquia, un sacerdote con domicilio de Ilobasco y el Obispo de la Diócesis de San Vicente, José Elías Rauda. El sacerdote y sus abogados exigen a las acusadas 10 mil dólares en concepto de responsabilidad civil, una disculpa pública y alejamiento del sacerdote.
Este caso llegó hasta el Juzgado de San Vicente “Dr. Sarbelio Navarrete”, el pasado lunes 10 de junio, fecha en que se realizó la audiencia de vista pública contra las dos mujeres. Afuera del juzgado, con globos amarillos y blancos -representativos de la iglesia Católica- estaba un grupo de personas pertenecientes a la parroquia Espiga de Oro:
-Nosotros venimos a apoyar al padre Rodas. ¡Que viva el padre Rodas!
-¿Ustedes conocen de qué se trata el caso? ¿De qué lo difamaron las acusadas?
-(Se miran entre sí) Solo sabemos que es una gran persona, un hombre de Dios.
Revista La Brújula intentó obtener declaraciones del sacerdote Jesús Rodas al salir de la audiencia, pero este evadió las preguntas y dijo que su abogado daría declaraciones. Este último, afirmó que el sacerdote es víctima de la señora y su hija, quienes se expresaron con palabras obscenas y calumnias, sin dar más detalles, debido a que el proceso continúa.
La particularidad de este caso no solo radica en el hecho de que un sacerdote -apoyado por toda la estructura de la iglesia- haya demandado por difamación a dos feligreses de su comunidad, sino en que, 9 meses antes, María Esther interpuso una denuncia contra Rodas ante el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres de Cojutepeque, por expresiones de violencia y discriminación, las cuales, ella asegura, sufrió por parte del sacerdote y de otros miembros de la comunidad.
La abogada de la Colectiva Feminista y defensora de la parte acusada, Delmy Guardado, considera que este es un caso de discriminación hacia dos mujeres que sirvieron toda su vida a la comunidad, ya que, afirma, los testimonios presentados son sesgados y no se ha escuchado la denuncia por violencia contra la mujer presentada previamente por María Esther. Además, afirma que los peritajes que se realizaron a sus representadas fueron desiguales, revictimizantes y discriminatorios, indagando sobre la vida íntima y otros aspectos que no son relevantes en el caso por difamación.
Por otra parte, Guardado cuestiona la participación como testigo del Obispo de San Vicente, quien ha llegado como parte de los testigos de cargo de Rodas. Sin embargo, en su declaración no ha hecho referencia a la difamación que, según el párroco, hicieron las mujeres.
“Esto nos demuestra el gran poder que sigue teniendo la iglesia Católica. Nos llama poderosamente la atención que un obispo tan ocupado, sí saca espacio para venir y ha venido los tres días de la audiencia a dar su testimonio. Él no habla de las acusaciones en contra de nuestra representada, solo dice cuestiones referenciales y por eso hemos dicho también que todos los testigos de cargo que han desfilado son testigos referenciales”, expresó.
Revista La Brújula intentó comunicarse con el Obispo de San Vicente, José Elías Rauda, en varias ocasiones, para conocer su versión como máxima autoridad local de la iglesia católica, pero en su oficina respondieron que no había visto los mensajes y que él no había llegado a la diócesis. Al cierre de este reportaje, no obtuvimos respuesta.
La abogada considera que los peritajes realizados a María Esther han sido misóginos y tendenciosos, lejos de los informes técnicos que se esperan de profesionales de Medicina Legal, “con expresiones totalmente atrevidas hacia la imagen de nuestra representada. Eso denota que San Vicente sigue teniendo una gran influencia en la Iglesia Católica y lo podemos ver en el impulso a este proceso y no a las otras denuncias que nuestras representadas habían interpuesto”
“Espero en Dios que no nos vayan a matar. Estamos amenazadas”: María Esther
La parroquia San José Espiga de Oro, perteneciente a la Diócesis de San Vicente, abarca a cinco comunidades de dicha ciudad. En este lugar, María Esther prestó su servicio por casi 40 años, donando dinero, vestidos para las imágenes y otros desde su oficio de costurera. Vive a dos casas de la parroquia. Esa cercanía le facilitaba trabajar y servir en el templo, cuyo edificio está en construcción.
Un día, trabajadores de la obra fueron a su casa a dejarle varias bolsas negras que contenían los vestidos, manteles, cortinas y todo el trabajo que realizó para la iglesia. Los trabajadores le expresaron que no sabían la razón del por qué le enviaban todo eso y que fuera con el padre a preguntar.
Según la denuncia interpuesta por ella ante el Juzgado Especializado, el sacerdote Jesús Rodas, le devolvió sus propias donaciones, pero para acusarla de intento de robo en el templo. A partir de ese momento, María Esther recibió una serie de intimidaciones, discriminación, humillaciones, amenazas y denigración, dirigidas a ella, a sus hijos -e incluso por su oficio-, por parte del sacerdote y de otras personas de la comunidad que lo apoyan.
Esta situación hizo que María Esther tomara acciones como aislarse, dejar su vivienda para evitar las expresiones, entre otras, causándole un impacto en su salud mental, según declara su abogada.
El relato de María Esther en el documento de denuncia afirma que el sacerdote la ha insultado “diciendo que ella es el diablo, la serpiente”. “El siete de abril de 2023, el sujeto pasó frente a su casa y dijo “al fin sacamos al diablo de la parroquia (…) Ella indica que el sacerdote hace las homilías denigrandola”.
“La parroquia está a dos casas de su residencia y logra escuchar cuando el denunciado se dirige contra ella. A raíz de tal situación, tomó la decisión de retirarse a la hora que hacen las misas. Sin embargo, denotó que Rodas termina las homilías más tarde. (…) Otro padre le dijo que se cambiara de vivienda, ya que el señor Rodas junto a toda la comunidad estaban buscando atacarla. Indica que tiene miedo, ya que el señor Rodas se apoya en la feligresía y muchos de ellos son detectives, abogados, policías y es de su conocimiento que muchos de ellos la insultan y la acusan de propiciar tal situación. Todo esto le ha afectado de manera negativa en su salud mental y física”, reza el texto de la denuncia.
“Nosotros vivimos intimidadas asustadas, la comunidad nos está menospreciando, nos están viendo mal, nos insultan, nos tiran indirectas. Espero en Dios que no nos vayan a matar. Estamos amenazadas”, dijo María Esther a Revista La Brújula.
Su hija, Grecia Hernández, expresó que el sacerdote también ha tenido expresiones discriminatorias y violentas con ella. En una ocasión, relata, ventiló a la feligresía un caso judicial en el que ella estaba involucrada y que cuenta con reserva. Además, cuenta que integrantes de la comunidad le han expresado que “le dan seguimiento”.
“Hay unas personas que manifiestan que calculan todos nuestros movimientos, que ellos no nos dejan ni en sol, ni en sombra y esa es una manera de intimidar”, expresó.
Por estos hechos, el Juzgado Especializado decretó medidas de protección a favor de María Esther, ordenando al sacerdote abstenerse de hostigar, perseguir y amenazar a ella o cualquier miembro de su familia. De lo contrario, sería detenido por el delito de Desobediencia a Medida Cautelar. Las medidas abarcaron de marzo a octubre de 2023, por lo que se solicitó una prórroga.
La defensora pública de la Procuraduría General de la República, quien le ha dado seguimiento al caso, afirmó que el proceso por expresiones de violencia se encuentra en trámite en sede fiscal. “Depende de la investigación que realice fiscalía y el peritaje que haga la institución, que avance el proceso”, dijo.
El poder de las instituciones patriarcales frente a la credibilidad de las mujeres
El caso ha llamado la atención de organizaciones feministas y teólogas, quienes cuestionan cómo la estructura de la iglesia y las instituciones del Estado se unen de forma presta y eficiente en casos donde se ve en tela de juicio la credibilidad de las mujeres. Mientras que, las denuncias por violencia contra las mujeres, son sometidas a trámites lentos y engorrosos, que ponen en riesgo su integridad o incluso su vida.
Para Alejandra Burgos, teóloga, activista feminista y parte de la Red Salvadoreña de Defensoras, el caso representa cómo las instituciones patriarcales ejercen poder sobre otras personas, instrumentalizando la justicia y generando condiciones desiguales para que las mujeres accedan a ella. “Pareciera que el sistema de justicia, a los hombres sí les reconoce la presunción de inocencia y en cambio, a las mujeres, pareciera que lo que prima es la presunción de culpabilidad”, dijo.
Además, considera que un buen líder religioso no debe buscar un beneficio personal, sino de la colectividad, en congruencia con los principios del cristianismo como la solidaridad, el amor al prójimo, la paz y la no violencia.
“El mismo sacerdote tendría que estar buscando que esta comunidad de fe permanezca en armonía y que pondere los principios de la no violencia. Creo que el papel que las iglesias pueden jugar para prevenir, sancionar y erradicar las formas de violencia, lo están perdiendo, no están poniendo todos los recursos que tienen a su alcance para contribuir a que la sociedad sea menos violenta”.
Por su parte, la teóloga Nubia Lazo, recordó que la sociedad en general está regida por visiones patriarcales y androcéntricas que se ven fortalecidas por los fundamentalismos religiosos. La iglesia Católica, afirma, representa a una hegemonía alrededor del mundo, que reconoce su poder económico, político y cultural, que está presente en muchos espacios de toma de decisión.
“En nuestro imaginario colectivo, concebimos a la figura de un sacerdote como incuestionable, una autoridad a la que no se le juzga y aquí hemos tenido casos horrendos de abusos sexuales hacia niñas y niños, y la gente les protege porque, en el imaginario, no somos capaces de separar al hombre de la persona que está ejerciendo una representación de lo divino. Nos han enseñado que las autoridades son incuestionables y se utiliza un recurso bíblico para sustentar que cualquier autoridad ha sido colocada por Dios, pero no es cierto”.
De hecho, comenta que en la misma biblia hay experiencias similares donde las mujeres han cuestionado a las autoridades de la iglesia o de la ley. “Susana, por ejemplo, es una mujer que fue acusada por dos jueces por adulterio, pero en realidad eran ellos los que querían abusar sexualmente de ella. Susana hace uso de la legítima defensa para librarse de eso”.
Con otro ejemplo bíblico, Alejandra Burgos considera que María Esther y su hija están enfrentando valientemente una lucha a la que denomina “David contra Goliat”, aludiendo al pasaje de la biblia. Y agrega que es importante que existan en la comunidad otras mujeres que puedan acompañar este tipo de procesos y recibir a las víctimas con un “yo te creo”.
“Es una lucha de David contra Goliat porque son dos mujeres enfrentándose al poder de toda una institución religiosa. Es importante también que hayan otras que puedan decirle a estas mujeres que sí les creemos, que creemos en su testimonio y que esta lucha que ellas han emprendido contra este hombre que representa a una institución patriarcal poderosa, es una lucha valiente, es una lucha necesaria y que ninguna mujer tenga que quedarse callada, ninguna persona tenga que quedarse callada ante un hecho de violencia que las personas y sobre todo estos hombres sigan utilizando la fachada de las iglesias, la fachada de las instituciones patriarcales religiosas para ejercer violencia”.
El último estudio de Humor Social y Político, de la Universidad Francisco Gavidia, reveló que el 40.8% de la población salvadoreña profesa la religión católica, un número que ha ido en disminución en los últimos años. Solo en 2020, perdió el 17% de feligresía en El Salvador, según una encuesta de CID Gallup.
En el estudio de la UFG, se consultó a la población si asiste a una iglesia y su opinión acerca de los líderes de estos recintos. El 55% de las personas consultadas afirmó que asiste a un templo o iglesia. De ellas, el 65% considera que los sacerdotes o pastores son personas respetables, sin embargo, solo el 0.1% confía en sus líderes religiosos locales.
La sentencia por el caso de difamación será dictada este jueves 20 de junio, en el Juzgado de San Vicente.