Foto/ Asamblea Legislativa
Este día diputados y diputadas de la bancada CYAN en sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores aprobaron dos artículos más para la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros. Uno de estos establece la responsabilidad penal.
“Toda persona natural o representante de persona jurídica que, para efectos de la presente Ley ostenta la calidad de agente extranjero, ejecute actos que contravengan el orden público, la seguridad nacional o soberanía del Estado, valiéndose para ello de fondos recibidos por mandante extranjero, será sancionada con pena de prisión de dos a cinco años”, establecen el artículo 12, uno de los agregados en la sesión de este día.
"Este día hemos emitido dictamen favorable para aprobar la Ley de Agentes Extranjeros. Reiteramos que el objetivo principal de la ley es promover la transparencia de los fondos donados por agentes extranjeros", diputada @anamag_figueroa.
— Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) November 17, 2021
La propuesta inicial consideraba las sanciones en el artículo 11, estas consistían en el pago de una multa de hasta diez mil dólares y la cancelación de la personería jurídica para la organización involucrada. No obstante, ahora se agregó la responsabilidad penal.
De igual forma, se añadió el artículo 15 de aplicación supletoria “Art. 15.- En lo referente a los plazos no regulados por la presente Ley, se aplicará de forma supletoria lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Administrativos”.
Organizaciones de la sociedad civil ya han manifestado que esta Ley puede significar la persecución para organizaciones y colectivos críticos al gobierno en turno.
Cristosal publicó el 11 de noviembre un comunicado en el cual dejan claro que están a favor de las normas que transparenten los fondos y los procesos ya que las Organizaciones de Sociedad civil tienen mecanismos de transparencia y rinden cuentas a sus donantes, al Estado y a la sociedad salvadoreña beneficiada con los proyecto sociales.
Sin embargo, establecen que la propuesta de ley de Agentes Extranjeros no contribuye a transparentar lo que ya está normado sino que vuelve inviable el trabajo que realizan las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Be the first to comment