Esta es una reflexión que nace del contexto actual de El Salvador, un país donde hoy ser mujer trans significa navegar entre una seguridad pública que se pregona como «exitosa» y una seguridad humana que, para nosotras, se desmorona en silencio.
Por. Aranza Santos
Escribir sobre esto no es solo un ejercicio académico; es un testimonio de resistencia frente a un Estado que ha decidido que nuestra existencia es «incompatible» con su visión de nación.
El mayor retroceso no es solo lo que se hace, sino lo que se deja de nombrar. En los últimos años, hemos pasado de una lucha por la Ley de Identidad de Género a un escenario donde la palabra «género» ha sido extirpada de las escuelas, los ministerios y los discursos oficiales.
Cuando el Estado califica la identidad de género como algo “contrario a la naturaleza”, no solo nos invisibiliza, sino que nos deshumaniza, justificando así el cierre de espacios de atención y la represión de quienes trabajan por la inclusión.
El archivo de la esperanza, aquella orden de la Sala de lo Constitucional que en 2022 mandató a la Asamblea Legislativa a crear un mecanismo para el cambio de nombre, ha quedado en el olvido legislativo. En El Salvador de 2026, nuestro DUI sigue siendo nuestra primera frontera y nuestra primera condena.
Ahora con el Régimen de Excepción nos enfrentamos a una doble la vulnerabilidad, mientras el discurso oficial celebra la baja en homicidios, las mujeres trans enfrentamos un tipo de miedo distinto, relacionado al prejuicio policial, donde la violencia contra nosotras tiene carta blanca.
Además, el perfilamiento por estigma, por ser una mujer trans en una zona vulnerable, nos convierte en “objetivos sospechosos” por defecto. El riesgo de detenciones arbitrarias se suma al peso de un estigma histórico que vincula nuestras identidades con la criminalidad.
En este marco hay que enfrentar el silencio de los datos: cada vez es más difícil saber cuántas de nosotras han sido asesinadas o desaparecidas. La falta de acceso a información pública y el miedo a denunciar por temor a represalias del mismo sistema que debería protegernos nos está sumiendo en una estadística invisible.
A esto se suma lo relacionado a la salud y vida: El retroceso en lo cotidiano, la eliminación de la perspectiva de género en el sistema de salud no es un debate ideológico, es una cuestión de vida o muerte. Sin protocolos de atención específicos, las mujeres trans seguimos con una automedicación de hormonas y expuestas al maltrato en los pasillos de los hospitales y unidades de salud públicas.
La falta de oportunidades laborales (acentuada por la falta de identidad legal) nos sigue empujando al trabajo sexual o al exilio. Para muchas, la única «protección» que ofrece El Salvador es la terminal de buses para huir hacia el norte.
Ser mujer trans en El Salvador hoy es resistir en un país que quiere convencernos de que no existimos o de que somos un «peligro para la familia». Sin embargo, la identidad no se borra con un decreto ni con un tuit. Nuestra existencia es, en sí misma, el acto de rebeldía más grande.
A pesar de los retrocesos, la red de cuidados entre nosotras sigue viva. La lucha ya no es solo por una ley, es por el derecho a ocupar el espacio público sin miedo, a que nuestro nombre sea respetado y a que la justicia no sea un privilegio de quienes encajan en el molde oficial.
