En el Día de la Independencia, las consignas de las organizaciones de sociedad civil recordaron que la democracia, la educación, el medio ambiente y la salud pública son pilares esenciales para el desarrollo del país. Denunciaron los retrocesos democráticos y las políticas restrictivas del gobierno actual.
Entre sus demandas destacan el rechazo a las reformas constitucionales que permiten la reelección presidencial indefinida, señalada como una amenaza al equilibrio de poderes; la preocupación por alto costo de la vida y la derogación de la Ley General de Minería Metálica, considerada una amenaza para el medio ambiente y las comunidades.
Por. Redacción
“Nosotros y nosotras, este 15 de septiembre, estamos señalando la ausencia del Estado y el uso de un régimen que concentra el poder”, expresaron representantes de organizaciones sociales durante la lectura de su comunicado.
La mañana del Día de la Independencia, que marca 204 años desde la separación de la corona española, dejó en evidencia que las vulneraciones a los derechos fundamentales y laborales continúan en El Salvador. En contraste con el desfile promovido por el gobierno, diversas organizaciones sociales salieron a las calles para exigir respeto a los derechos humanos y denunciar las profundas desigualdades económicas y sociales que siguen afectando a gran parte de la población.
Entre sus principales demandas destacan el rechazo a las reformas constitucionales y al sistema electoral, las cuales buscan restringir el pluralismo democrático que se impulsó con los Acuerdos de Paz.
“Negar los Acuerdos de Paz en una fecha como esta, y desde el régimen actual, es totalmente nefasto, porque esos acuerdos marcaban una ruta de transformación para el país, una ruta que ha sido desmantelada desde 2019”, advirtieron.
En julio de este año la Asamblea Legislativa, aprobó reformas constitucionales que permiten la reelección presidencial indefinida, amplían el mandato presidencial de cinco a seis años y eliminan la segunda vuelta electoral.
Representantes de organizaciones señalaron que esto representa un serio atentado contra la alternancia democrática. “Estas reformas debilitan el control ciudadano y abren la puerta al autoritarismo disfrazado de legalidad”.
Asimismo, denunciaron que la falta de independencia del Órgano Judicial ha generado un grave retroceso en el acceso a la justicia, al no garantizar los derechos humanos ni el debido proceso para las personas detenidas arbitrariamente bajo el régimen de excepción. Señalaron que este mecanismo también está siendo utilizado para criminalizar a defensores de derechos humanos, periodistas y voces críticas del gobierno.
Según informes presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 130 defensores de derechos humanos y periodistas han salido de El Salvador en los últimos cinco años por razones de seguridad y para proteger su integridad. De ese grupo, 80 salidas se registraron en los últimos tres meses, incluyendo al menos 33 defensores de derechos humanos y 47 periodistas.
El alto costo de la vida y el saqueo a los fondos de pensiones: una carga que recae sobre la clase trabajadora
“Alto a los despidos, a la persecución de maestros, médicos y de las vendedoras informales”, fue una de las consignas más repetidas durante la manifestación, en alusión directa a los sectores más golpeados por las decisiones económicas del actual gobierno.
A través del atropello a las políticas públicas y la pérdida de la protección a la vida digna de la población, entre diciembre de 2024 y julio de 2025, el costo de la canasta básica aumentó de $358 a $382 en el área rural, y de $492 a $510 en el área urbana, un incremento que, en palabras de las organizaciones, no se refleja en mejoras salariales ni en protección social efectiva.
A esto se suma el retiro del 80% del fondo de pensiones por parte del gobierno para financiar gastos estatales, una medida que ha sido calificada como un saqueo directo a los ahorros de miles de trabajadores y trabajadoras. Denunciaron que esta acción no solo vulnera el derecho a una vejez digna, sino que representa una amenaza estructural al sistema de seguridad social en el país.
Ante la posibilidad de un aumento en la edad para el retiro y la jubilación, representantes de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral advirtieron sobre las graves consecuencias que esto tendría para la salud y calidad de vida de la población trabajadora.
“La edad de jubilación actual responde a estudios basados en la capacidad real que tiene una persona para aportar a la economía durante su vida laboral. Subir esa edad sería ignorar que muchas trabajadoras y trabajadores llegan a esa etapa con enfermedades crónicas, condiciones terminales o un desgaste físico que ya no les permite tener una vida digna ni productiva”, señalaron.
Añadieron que prolongar la edad de retiro no solo es una medida regresiva, sino que representa un atentado directo contra el derecho a una vejez plena, especialmente para quienes han sostenido por décadas el funcionamiento del país desde empleos precarios y mal remunerados.
“No puede haber independencia mientras se entregan nuestros bienes naturales a intereses económicos privados”, advirtieron las organizaciones al culminar la marcha frente a la Biblioteca Nacional (BINAES). Señalaron que la reciente aprobación de la nueva Ley General de Minería Metálica representa una grave amenaza para las comunidades, al abrir la puerta al despojo de territorios, la criminalización de defensores ambientales y al deterioro irreversible de los ecosistemas del país.
Denunciaron que esta decisión impuesta desde el poder ignora deliberadamente el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios, y consolida un modelo extractivista que prioriza los intereses empresariales por encima de la vida, la salud y el futuro colectivo.
