El Foro de Agua y ReverdES denunciaron que la prórroga de la etapa de instrucción en el proceso judicial contra Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez es una medida arbitraria que busca mantenerlos en prisión de manera injustificada, pese a la ausencia de pruebas en su contra.
Por. Redacción
Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez fueron capturados luego de una actividad pacífica de la Cooperativa El Bosque, donde las comunidades exigían al presidente Nayib Bukele detener el desalojo de sus viviendas y tierras de cultivo, actividad que terminó con represión hacia las y los manifestantes por parte de cuerpos de seguridad.
El operativo incluyó acciones de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y de la Policía Militar, medios de comunicación presentes en la actividad documentaron con imágenes, transmisiones en vivo y numerosos testimonios el uso excesivo de la fuerza contra las personas de la comunidad. Sin embargo, Henríquez y Pérez fueron acusados de “desórdenes públicos” y “resistencia agresiva”, y enviados a prisión preventiva.
La etapa de instrucción del caso, que originalmente era de tres meses, fue extendida el pasado 2 de septiembre por decisión del Juzgado Segundo de Instrucción, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), prolongando la detención hasta el 16 de diciembre.
Para las organizaciones denunciantes, esta decisión carece de sustento legal: la investigación no es compleja, no existen víctimas individualmente identificadas ni diligencias pendientes en el exterior que justifiquen la ampliación.
“Estamos frente a una negligencia voluntaria de la FGR. Ni siquiera han tomado declaraciones a los testigos ni recolectado el material audiovisual que demostraría la inocencia de nuestros compañeros”, expresaron en el comunicado.
El caso ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos quienes advierten que estas detenciones tienen un impacto diferenciado sobre las mujeres de la comunidad, que enfrentan mayor precariedad al quedar solas a cargo de familias y cultivos en medio del proceso de desalojo. Además, señalan que la criminalización de la protesta pacífica desalienta a las comunidades a defender su derecho a la tierra y a un medio ambiente sano.
Human Rights Watch revisó 16 videos grabados antes, durante y después de la protesta y del arresto del pastor Angel Pérez, así como fotografías, publicaciones en redes sociales y documentos judiciales. “Se observa a Pérez y Henríquez hablando tranquilamente con agentes de policía, cuando uno de ellos (agente policial) toma a Henríquez por la mochila y lo aparta, mientras la unidad antidisturbios se aproxima a los manifestantes. Luego, los agentes detienen a Pérez y lo conducen hasta una patrulla policial”, menciona el documento presentado el pasado 18 de septiembre.
Asimismo, señalaron que la ausencia de pruebas que respalden los delitos imputados demuestra que, en realidad, las autoridades buscan castigar a Pérez y Henríquez por su papel en la organización y liderazgo de una protesta pacífica.
Hacen un recordatorio de que El Salvador es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíben restricciones a la libertad de reunión pacífica.
El Foro del Agua y ReverdES exigen que el Juzgado emita de inmediato medidas sustitutivas a la detención de Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez y recuerdan que defender la tierra no es un delito.
