La minería metálica que se realizó hace 100 años en el cerro San Sebastián, provocó la muerte del río que lleva el mismo nombre, dejando a las comunidades sin acceso a una fuente de agua. Este es el destino que le espera al resto del país con la reactivación de la minería metálica, afirman expertas y organizaciones ambientalistas.
Por: Ana Gómez
Organizaciones ambientalistas, periodistas y habitantes de diferentes zonas del país visitaron el río San Sebastián para conocer los impactos ha dejado a su paso la industria minera en el país. .
El río San Sebastián fue una fuente natural de agua que abasteció a las comunidades San Sebastián, en el ahora distrito de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión. Sin embargo, la mina instalada en la zona hace 100 años, en las primeras décadas del siglo XX, provocó la muerte del río, enfermedades renales, cáncer y escasez de agua.
“Es un ecocidio donde ningún gobierno ha respondido a los daños ocasionados por la mina que tenía Commerce Group”, señaló Nelly Rivera de la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador (AMAES).
El agua del río está contaminada con el drenaje ácido. Esto se produce cuando rompen las rocas en la mina y desprende los metales pesados que hacen contacto con el agua y el oxígeno. El río San Sebastián contiene niveles altos de metales pesados como arsénico, plomo y aluminio.
“La norma internacional dice que el nivel de arsénico debe de estar en 0.1, pero aquí hemos encontrado más de 100”, comentó Cidia Cortes, bióloga y parte del Movimiento Ecofeminista de El Salvador.
Los daños al río son irreversibles, por lo que la comunidad no puede utilizar el agua para consumo humano y tienen que comprarla. El costo de cinco barriles es de $25 dólares.
El río San Sebastián es el ejemplo de lo que ocurre cuando se desarrolla la minería metálica: pone en peligro el agua y los territorios. “Esta realidad no puede repetirse en ninguno de nuestros ríos de nuestro país”, afirmó Vidalina Morales, lideresa de la comunidad de Santa Marta, Cabañas.
Las organizaciones ambientales manifestaron que han realizado esfuerzos para que la Corte Suprema de Justicia declare como inconstitucional la Ley General de Minería Metálica y que la Asamblea Legislativa la derogue. Asimismo, invitaron a que la población se sume a los espacios de organización para detener la minería metálica en el país.