En el 4° Examen Periódico Universal (EPU), los Estados recomendaron a El Salvador finalizar con el Régimen de Excepción, despenalizar el aborto, garantizar protección a periodistas, personas defensoras de derechos humanos, pueblos originarios, población LGBTIQ+, mujeres, niñez y adolescencia.
Por: Ana Gómez
El lunes 20 de enero, El Salvador realizó el 4° Examen Periódico Universal (EPU) en la que Estados miembros de la ONU evaluaron la situación de los derechos humanos en el país.
Entre la recomendaciones que los Estados hicieron a El Salvador fueron: fijar un plazo para finalizar el Régimen de Excepción, despenalizar el aborto, garantizar la protección para periodistas y personas defensoras, y erradicar la violencia contra las mujeres.
Previo al examen, las organizaciones entregaron al Consejo de Derechos Humanos alrededor de 17 informes con pruebas y evidencias de la situación de los derechos humanos de diferentes sectores de la población.
Estados como Noruega, Australia y Colombia recomendaron al país garantizar los derechos sexuales y reproductivos, dar cumplimiento a la sentencia de Beatriz vs El Salvador, despenalizar el aborto, garantizar la protección y acceso a los derechos de la población LGBTIQ+, pueblos originarios, niñez y adolescencia.
Asimismo, recomendaron la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la firma de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas.
Fueron 74 países los que participaron para brindar recomendaciones a El Salvador. Alrededor de 64 recomendaciones fueron relacionadas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 12 fueron sobre educación, 24 sobre derecho a salud, salud sexual y reproductiva, 3 sobre alimentación, derecho humanos al agua y 8 sobre derechos culturales y pueblos indígenas.
“Lamentamos que muchas veces la postura de El Salvador se queda en una posición bastante retórica sin adoptar ni profundizar en la problemática que está existiendo actualmente. Tenemos una crisis de derechos humanos bastante profunda y que no se reconoce”, afirmó Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA)
El pasado 27 de enero, las organizaciones que conforman el Colectivo EPU DESC señalaron que la intervención de la delegación salvadoreña no abordó la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La narrativa que presentaron fue con base en la reducción de violencia, tomando como indicador la reducción de homicidios y dejando a un lado las violaciones a derechos humanos que diversas organizaciones han registrado en los últimos años.
“Hace falta un espacio de interacción entre el ejecutivo y la sociedad civil para realmente hacer un examen de cómo estamos como país. El informe que presentó el Estado de El Salvador dice cosas bastante generales, pero no habla de la realidad de la población salvadoreña”, indicó Luis González de la Mesa Nacional Frente a la Minería parte del Colectivo EPU DESC.
Asimismo señalaron que existen retrocesos a los derechos a través de la aprobación de la minería metálica, el despojo de tierras a la población indígena y campesina, el desalojo a vendedoras en el centro de San Salvador y el despido de personas trabajadoras.
Las organizaciones solicitan que el Estado acepte las recomendaciones y genere acciones necesarias para el cumplimientos de los derechos de la población, con un mecanismo participativo, que pueda darle seguimiento y monitoreo a los compromisos adquiridos.
El Salvador debe entregar una respuesta donde indique cuáles las recomendaciones serán aceptadas, lo que representa que el país toma la responsabilidad de su cumplimiento.
