Organizaciones de la sociedad civil presentaron una serie de recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU por medio del foro “El Salvador bajo la lupa”. Las propuestas abordan la situación de los derechos humanos en el país, incluyendo el derecho a la educación, el medio ambiente, la protección de personas defensoras, periodistas, la comunidad LGBTIQ+, así como los derechos de la niñez y adolescencia.
Por. Eugenia Olán
Este mes, El Salvador será evaluado por la ONU en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). Diversas organizaciones de la sociedad civil han presentado informes que abordan temáticas como la seguridad pública y el régimen de excepción, vigente desde hace 31 meses. Este régimen ha suspendido garantías constitucionales e implementado reformas legales contrarias a estándares internacionales, resultando en la detención de más de 82,000 personas.
Desde su instauración, El Salvador presenta una tasa de más de 1,700 personas privadas de libertad por cada cien mil habitantes, la más alta a nivel mundial. Además, registros de organizaciones han documentado 6,000 denuncias de violaciones a derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, falta de debido proceso y tratos crueles e inhumanos. También se reportan 313 muertes de personas bajo custodia del Estado.
Ante estas situaciones, las organizaciones recomiendan garantizar el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia y la representación legal para todas las personas detenidas, así como el acceso a servicios de defensa pública de calidad. Además, instan a asegurar la aplicación de las Reglas Mandela para las personas privadas de libertad, incluyendo el respeto a su derecho a la salud y a una alimentación adecuada.
Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), expuso retrocesos en la defensa de los derechos humanos en El Salvador y enfatizó en que eso se debe a que las instituciones del Estado no están haciendo su labor.
“La falta de imparcialidad y que los órganos no están haciendo realmente su rol de control, ni una Sala de lo Constitucional, ni una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y en general si las instituciones no realizan su labor constitucional o legal vamos a estar siempre en esta situación donde los derechos se están irrespetando de manera cotidiana”, mencionó.
En cuanto a los derechos de las personas LGBTIQ+, el país enfrenta un grave retroceso debido a la ausencia de un marco legal integral y la falta de políticas públicas inclusivas. La propuesta de Ley de Identidad y la Ley contra la Discriminación fueron archivadas por la Asamblea Legislativa, que las calificó como «obsoletas y no acordes a la realidad». La ausencia de información segregada
Entre 2019 y 2023, se registraron más de 30 asesinatos de personas LGBTIQ+ y 641 casos de desplazamiento forzado por violencia. Según el estudio Desafiando el odio y el silencio: Informe sobre derechos LGBTIQ+ en El Salvador, el 44.7% de las personas percibe que sus derechos son poco respetados, mientras que la mayoría de los crímenes no son judicializados de manera adecuada.
Por otra parte, el Ejecutivo y varios funcionarios públicos han adoptado discursos de odio y prácticas intimidatorias contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a quienes han señalado como cómplices de grupos criminales. En 2021, la Asamblea Legislativa intentó aprobar la “Ley de Agentes Extranjeros”, que imponía sanciones económicas desproporcionadas y penas de prisión contra trabajadores y representantes de ONG.
En cuanto a la violencia discursiva y digital proveniente de diversas fuentes estatales, estas narrativas se han caracterizado por el acoso, el descrédito y los ataques hacia defensores de derechos humanos y miembros de la prensa. Las organizaciones han documentado que, entre octubre de 2023 y enero de 2024, se registraron más de 40 insultos diarios en la red social X, de los cuales casi el 60% corresponden a expresiones de violencia de género.
“Desde la Red Salvadoreña de Defensoras y la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, contabilizamos al menos 498 agresiones y donde lamentablemente la mayoría de los casos se identifica que son autoridades públicas los perpetradores de estas agresiones. Preocupa que haya un contexto y un uso del sistema de justicia para criminalizar y detener arbitrariamente a defensores como el caso de los cinco líderes ambientalistas de Santa Marta y a pesar de que ya tenían una sentencia de sobre seguimiento el caso nuevamente se ha reabierto”, enfatizó Alejandra Burgos representante de la Red Salvadoreña de Defensoras.
El informe de Escucha Digital de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró, entre enero y junio de este año, un total de 14,840 agresiones en la red social X, realizadas en el marco de la campaña electoral y elecciones presidenciales.
El Salvador incumple compromisos del EPU anterior
El Salvador asumió el compromiso de investigar y sancionar las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado. Sin embargo, hasta la fecha, estos crímenes no han sido resueltos en los tribunales nacionales, lo que ha perpetuado la impunidad y dejado pendientes las acciones necesarias para la reparación de los daños causados.
Esta situación se agravó recientemente cuando, en la primera sesión de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Legislatura 2024-2027, y bajo el argumento de ser expedientes que no están acordes a las exigencias de la nueva comisión, se archivaron cuatro iniciativas de ley, entre ellas la Ley de Justicia Transicional. Esta normativa buscaba garantizar justicia y reparación para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.
Por ello, las organizaciones recomiendan garantizar el avance de las investigaciones penales de los crímenes del conflicto armado atribuidos a ambas partes, asegurando el debido proceso en las investigaciones y diligencias, así como un trato digno y participación activa de las víctimas y sus representantes.