El Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque declaró sobreseimiento definitivo para los 5 líderes comunitarios de Santa Marta, afirmando su inocencia y libertad. Fueron 22 meses que la comunidad de Santa Marta y organizaciones del movimiento social persistieron en la defensa de los líderes comunitarios, afirmando que su captura era una acto de criminalización por su activismo ambiental.
Texto y fotografías: Ana Gómez
“¡Que vivan las comunidades organizadas!”, gritaban afuera del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, en Cabañas, las y los habitantes de la comunidad Santa Marta y organizaciones populares que celebraban el anuncio de libertad para los 5 líderes comunitarios, el pasado 18 de octubre. El Tribunal declaró el sobreseimiento definitivo, afirmando su inocencia y libertad definitiva.
Esta victoria es producto de la lucha persistente de las organizaciones que duró 22 meses, donde denunciaron la captura, persecución y judicialización de los líderes, hasta lograr su libertad.
Ese mismo día se hizo efectiva su liberación: Antonio Pacheco, Pedro Laínez, Miguel Gámez, Alejandro Laínez y Saul Rivas, se encontraron con sus familiares, con la comunidad Santa Marta y todas las personas que apoyaron su inocencia.
Los 5 líderes agradecieron a la comunidad de Santa Marta y a las organizaciones del movimiento social nacional e internacional que respaldaron su inocencia y denunciaron su criminalización por ser defensores ambientales.
Saul Rivas, uno de los 5 líderes de Santa Marta señaló la importancia de que las organizaciones se unieran para su defensa, “necesitamos más que nunca que las organizaciones del movimiento social se mantengan unidas”.
En medio de la celebración, afirmaron que esta victoria es un paso más para continuar con la defensa de los territorios y bienes naturales de los intereses extractivistas. Además, señalaron como simbólico el día que lograron su libertad, el 18 de octubre, que mundialmente se conmemora el Día de la Protección de la Naturaleza.
“Una vez más Cabañas, con la frente en alto, dice aquí estamos, seguimos avanzando en la defensa colectiva por la vida, por nuestros derechos humanos y por nuestros bienes comunes”, reaccionó Vidalina Morales, lideresa de Santa Marta, al conocer la sentencia del tribunal.
Desde la captura de los líderes, el 11 de enero de 2022, las organizaciones y la comunidad Santa Marta denunciaron que esto se debía a una persecución y criminalización debido a su activismo como defensores ambientales que se oponen a los intentos de reactivación minera en el país. Además, afirmaron que la Fiscalía no tenía pruebas de las acusaciones que tenían en contra de ellos: asesinato y agrupaciones ilícitas.
Fueron 22 meses de reiterada lucha para lograr la libertad de los defensores, hasta llegar a la vista pública donde lograron un fallo favorable. La audiencia inició el 8 de octubre en el Juzgado de Sensuntepeque, Cabañas, donde durante seis días la comunidad Santa Marta defendió la inocencia de los líderes y exigieron una sentencia apegada a la legalidad.
Durante la audiencia, la comunidad denunció malos tratos hacia los líderes por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) en el traslado a sus domicilios y al juzgado. Al finalizar el primer día de la audiencia, amenazaron a Antonio Pacheco de llevarlo a bartolinas, desobedeciendo la orden del arresto domiciliario.
Los agentes, cuando se encontraban en el domicilio de Antonio Pacheco, quisieron entrar a su casa sin ninguna justificación. “Hay un nivel de presión de querer debilitar la moral de los compañeros en este caso”, señaló Alfredo Leiva, de la Comunidad Santa Marta.
Morena Murillo, del Foro Nacional de Salud, solicitó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) intervenir por el respeto a los derechos de los líderes comunitarios, “que vele por el respeto a la salud de los compañeros, no pueden estar los policías o la Fiscalía abusando de los compañeros”.
La audiencia se realizó en las mismas fechas del 37 aniversario del Primer retorno al cantón Santa Marta, el 10 de octubre de 1987. El éxodo masivo se dió debido al conflicto armado, donde toda la comunidad tuvo que abandonar sus hogares debido a la represión del Estado. Su primer retorno fue hace 37 años.
“El caso de la detención de los cinco es una revictimización en sí mismo, porque Santa Marta ha denunciado las últimas masacres que sufrió durante el conflicto y ni siquiera han querido investigarlas”, mencionó Alfredo Leiva.
La comunidad también denunció a organismos internacionales sobre la criminalización de los defensores ambientales. El 7 de octubre entregaron una actualización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el rechazo del recurso de apelación por parte de la Cámara de lo Penal de Cojutepeque. Este informe se sumó a la petición que Tutela Legal entregó el 11 de julio de 2023, para que la CIDH realice una investigación sobre la captura y criminalización de los líderes comunitarios.
Alejandra Burgos de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos mencionó que el caso de los líderes comunitarios era un ejemplo de las agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos en el contexto de Régimen de Excepción, con el objetivo de silenciar sus voces.
Asimismo, observadores internacionales confirmaron estas agresiones y vulneraciones a los líderes durante la audiencia de vista pública. Mencionaron las acciones de la Fiscalía en redes sociales, desobedeciendo la orden de reserva, y que el acceso a la prensa independiente fue hasta el tercer día de la audiencia, pero sin permitirles tomar fotos o grabar en el recinto del tribunal.
Las organizaciones exigieron una justicia restaurativa y transicional verdadera con la búsqueda de los autores materiales e intelectuales de graves violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado. Asimismo, señalaron que la Fiscalía debería retomar los casos de crímenes en contra de ambientalistas que participaron en la lucha contra la implantación de proyectos mineros en el país.
Los líderes de Santa Marta se dirigieron a la población e hicieron el llamado a que se organicen para defender e investigar los daños que provocan los proyectos extractivos al país. A pesar de esta victoria histórica, la comunidad de Santa Marta continuará la defensa de los bienes naturales, “vamos a seguir insistiendo a este gobierno con intereses corporativos que somos una comunidad legítima, dueña de nuestros territorios”, dijo Vidalina Morales.