En el marco del Día Mundial de la Tierra, las comunidades de El Salvador y Guatemala realizan la 4ta Caminata acuática para exigir el cierre de la mina Cerro Blanco por los daños causados a la naturaleza y la obtención irregular de permisos medioambientales, por medio de la empresa Elevar Resources. Además, solicitan a los gobiernos involucrarse en un diálogo que proteja las cuencas transfronterizas.
Por. Eugenia Olán
El proyecto minero Cerro Blanco ha contaminado por 16 años las aguas con arsénico y metales pesados al Río Ostúa, ubicado en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, Guatemala. El río verte su cauce en el Lago de Güija, el cual llega al Río Lempa, fuente de agua que abastece al Área Metropolitana de San Salvador y aproximadamente a 5 millones de habitantes . El proyecto minero extrae agua termal y expulsa las aguas residuales cargadas de metales pesados que afecta la cadena alimenticia del lago como los peces, caracoles y otros animales que habitan en él y que son parte de la alimentación y economía de las mujeres que se dedican a la recolección y venta para obtener ingresos para sus familias.
Las organizaciones ambientalistas mencionan que es preocupante la escasez hídrica que genera la contaminación porque afectan el día a día de las mujeres en los territorios.
Acá en El Salvador se vieron las afectaciones que estos proyectos mineros tienen con nuestros territorios. Con el proyecto minero de Pacific Rim, vimos como se estaba dañando la salud de nuestros pobladores de Cabañas y es algo que no queremos repetir. Fueron años de lucha para que el Gobierno tomara cartas en el asunto, hubo persecución para defensoras y defensores, que todavía las estamos viendo con nuestros cinco líderes”.
Las mujeres activistas de Guatemala y El Salvador junto con organizaciones sociales han trabajado durante años en la lucha por el cierre del proyecto minero Cerro Blanco, que se ha implementado desde 2007 por la empresa canadiende. En noviembre de 2021, dicha empresa solicitó al Gobierno de Guatemala transformar el proyecto subterráneo en una mina a cielo abierto, siendo esto un riesgo ambiental que afecta tanto a las comunidades aledañas a Asunción Mita, en Guatemala, como a El Salvador.
Ante esta medida, las comunidades realizaron el 18 de septiembre de 2022, una consulta sobre la presencia de proyectos mineros en su territorio, este proceso se encuentra avalado en el artículo 64 del Código Municipal de Guatemala, con ello se busca que los resultados sean vinculantes entre municipalidades e indicativo para que el Gobierno Central realice el cierre del proyecto. Más del 90% de la población de Asunción Mita votó en contra de estos proyectos.
La empresa Elevar Resources, el Ministerio de Energía y Minas y el ex Presidente Alejandro Giamattei atacaron la legalidad de la consulta ante la Corte Constitucional.
En una entrevista a Ruda medio de comunicación feminista de Guatemala, la recién designada Ministra de Ambiente, Ana Patricia Orantes, anunció que da la razón a las demandas expresadas por las comunidades desde 2007 y que una de sus primeras acciones como nueva ministra en el gobierno de Bernardo Arévalo será revisar los estudios de impacto ambiental, los mecanismos existentes para el uso transparente de los recursos asignados y, de no existir, los fortalecerá.
Las autoridades de Ambiente del gobierno de Bernardo Arévalo informaron que auditarán el proyecto para verificar que cumpla con las medidas de mitigación. Ahora, Orantes asumirá este desafío, ya que las peticiones de los pueblos originarios sobre el cese de proyectos extractivos, entre ellos la mina Cerro Blanco, no han sido tomadas en cuenta.
Mientras que, en El Salvador, el movimiento ecofeminista junto a defensoras y defensores del medio ambiente han solicitado al Gobierno involucrarse en un diálogo para proteger las cuencas transfronterizas y garantizar el derecho al agua de las personas de ambos países. La canciller Alexandra Hill sostuvo el 21 de enero de 2024 un encuentro con el Embajador de Guatemala en El Salvador, Ruben Estuardo, donde externó la preocupación por parte de las autoridades con respecto al proyecto Cerro Blanco y se comprometió a elevar un diálogo bilateral para externar su preocupación y priorizar la vida de los salvadoreños. Sin embargo, hasta la fecha ninguno de los dos gobiernos se ha reunido para hablar específicamente sobre este proyecto minero.
