El incumplimiento de las obligaciones del Estado para garantizar el derecho a la identidad de género y la debilidad de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales para las personas trans ha sido la piedra de tropiezo para la comunidad trans que sigue buscando respuestas a sus demandas hacia un Estado que les desconoce. Esta invisibilización se agudiza con las recientes decisiones del gobierno marcadas por ideas conservadoras y falsas respecto al género.
Por: Eugenia Olán
Cada 31 de marzo se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, que busca visibilizar y denunciar públicamente la discriminación que las personas trans sufren en todo el mundo. Amnistía Internacional define Transgénero como un término paraguas que refiere a las personas cuya identidad de género y/o expresión de género no coincide con las expectativas convencionales relativas al género y al sexo que se les asignó al nacer. Este concepto engloba, aunque de forma no excluyente, a personas que se identifican como transgénero, transexuales, travestis, género queer, agénero, variantes de género, no conformes con el género, género no fluido o con cualquier otra identidad de género que no cumpla con las expectativas sociales y culturales con respecto al mismo. En El Salvador, celebrar la visibilidad trans se convierte en un reto, cuando el Estado ha incumplido con una serie de medidas que garantizarían sus derechos.
FOTOGRAFÍAS: Reiny Ponce
En 2012, la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género, conformada por seis organizaciones de la sociedad civil: Comcavis Trans, ASPIDH arcoíris trans, Colectivo Alejandría, DIKE, Generación Hombres Trans y FESPAD, trabajaron el anteproyecto de la Ley de Identidad de Género y, desde entonces, han solicitado que el Estado reconozca el derecho a la identidad de género de las personas trans, mediante la aprobación de instrumentos de índole legal, jurídico y/o administrativo, que permitan adecuar el nombre propio, sexo y género en sus documentos legales. Esta propuesta fue presentada en 2018 a la Asamblea Legislativa, pero durante esa legislación, el estudio no avanzó.
Cuatro años después, el 27 de agosto de 2021, la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, colocó en agenda el expediente de ingreso de dicho anteproyecto. Sin embargo, la propuesta fue archivada junto a otros 29 expedientes, tras considerarlos obsoletos y «no acordes a la realidad».
Por otra parte, la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, en febrero de 2022, declaró inconstitucional que en el artículo 23 inciso 2 de la Ley del Nombre, ya que no se incluye el cambio de nombre por razones de identidad de género y ordenó a la Asamblea Legislativa crear un mecanismo para reformar dicha ley, otorgándoles un año para elaborarlo para que las personas trans puedan cambiar su nombre en los documentos. Hasta la fecha la Asamblea Legislativa no ha cumplido dicha orden.
FOTO: Reiny Ponce / ARCHIVO: Ley del Nombre
Las organizaciones han reclamado la creación de dicha normativa para tratar de reducir los niveles de discriminación y erradicar la violencia que enfrentan, pero la Asamblea Legislativa no ha tomado en cuenta las peticiones.
En medio de este incumplimiento de mandatos que buscan garantizar derechos a las personas trans, el gobierno de El Salvador ha tomado otras decisiones que se llevan de encuentro los derechos del resto de la población LGBTIQ, los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la educación e información del resto de la población. El pasado 27 de febrero, el Ministerio de Educación anunció que se había retirado de las escuelas todo uso o rastro de la ideología de género, así lo expresó el Ministro de Educación, José Mauricio Pineda, en su cuenta oficial de “X”.
También, el Ministerio de Salud ordenó retirar formularios y materiales en las Unidades de Salud que hicieran alusión a la diversidad sexual. Se conoció que en las clínicas Vigilancia Centinela y Control de las Infecciones de Transmisión Sexual (VICITS), se retiraron los folletos educativos que brindaban información y atención especializada sobre el VIH.
Estas acciones se producen luego que el presidente Nayib Bukele diera declaraciones durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Estados Unidos, donde aseguró que en El Salvador no se permiten ideologías en las escuelas y colegios. Agregó que considera importante que los padres de familia estén informados acerca de la currícula académica de sus hijos y aseguró que “hay quienes quieren meterles a los niños cosas contrarias a la naturaleza”.
Mientras que, en septiembre de 2022, Canal 10, el medio de comunicación Estatal finalizó el acuerdo con el Instituto de Formación Docente (INFOD), ante el incumplimiento de los estándares educativos que debía contener la franja educativa “Aprendamos en casa”. La decisión se dio luego de que grupos conservadores se quejaron que durante esta franja se abordó el tema de orientación sexual en la asignatura de Estudios Sociales.
Ante todas esas acciones, el Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, en un comunicado publicado el 01 de marzo, mencionaron que estas medidas lideradas por el Ejecutivo legitiman estigmas y odio en contra de la lucha por la dignidad humana.
Decisiones gubernamentales sobre falsas premisas
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, en un space en “X”, abordó los impactos en las infancias y juventudes al negarles información sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos.
Morena Herrera, de la Colectiva Feminista, explicó que la teoría de género y la categoría en concreto tiene una función descriptiva de cómo van ocurriendo las desigualdades y cómo se han expresado en una sociedad.
“La categoría género tiene una función política, que es transformar esas realidades injustas, esas desigualdades injustas para las mujeres y diversidades. Las identidades de género, que son el vínculo que estas formas de organización social tienen con el mundo de la sexualidad. Estas son herramientas para luchar contra las desigualdades y son un aporte de los movimientos feministas para explicar por qué ocurren esas desigualdades”.
De igual modo, agregó que estas medidas de eliminar la ideología de género, es un discurso en contra de lo que se ha avanzado de los derechos de las mujeres, específicamente contra el reconocimiento internacional que data desde los años 90 en las Conferencias Internacionales de Naciones Unidas. En 1993, la Conferencia de Viena reconoció que la violencia contra las mujeres era una violación de derechos humanos; en 1994 Conferencia de Población y Desarrollo se reconocen los derechos sexuales y reproductivos; en el año de 1995 se dió la IV Conferencia Mundial de la Mujer donde se abordó la categoria de género como un tema de poder y sobre la importancia de cambiar las desigualdades.
En cuanto a las consecuencias de la implementación de las medidas tomadas en el MINED y MINSAL, Karla Guevara, de la Colectiva Alejandría, mencionó que es un retroceso a 10 años al trabajo que las organizaciones realizan con acciones de sensibilización y segregación de datos para la atención de personas LGBTIQ+ en las unidades de salud. Además, se estaría incumpliendo la Ley y Reglamento de Prevención y Control de la Infección provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, vigente desde 2016, pero que no se puede aplicar porque aún no se ha elaborado el reglamento, ni la política.
Dentro de los impactos que mencionaron durante el space, está la gravedad que genera el discurso del Presidente Nayib Bukele al “dar la orden” de eliminar todo documento o información de ideología de género, que ha creado acciones en contra de defensoras y defensores de derechos de personas LGBTI+ y la negación de los derechos humanos.
La representante de la Colectiva Alejandría agregó que en los últimos días acompañaron el caso de una joven trans estudiante de bachillerato que fue obligada a cortarse el cabello para no ser expulsada, porque según el director de la institución el Presidente a dado una orden de que no se debía tener ideología de género en las escuelas. “Casos como estos generan un amedrentamiento a las personas LGBTI+ que lo hemos enfrentado desde hace mucho pero con estas medidas se van agravando”.