En el día destinado a la niñez desaparecida en El Salvador, la Asociación Pro-Búsqueda y familiares de infancias desaparecidas durante el conflicto armado, resaltaron la importancia de honrar la lucha de las familias y concientizar sobre la vulnerabilidad de los menores frente a la violencia y las desapariciones forzadas.
Por: Eileen Díaz
“Quiero que se me escuche como el dolor profundo que llevamos nosotros como víctimas, llevamos 30 años de búsqueda de justicia, de saber la verdad, seguimos todavía crucificados”. Con estas palabras, José Laínez, padre de una persona reencontrada en los 90’s, expresó su descontento ante el manejo que se le está dando de parte del Estado a la desapareciendo de la niñez desaparecida en el conflicto armado. “Créanme que me da mucho dolor cuando visitó a madres que han perdido sus hijas, sus hijos y revienta en llanto cuando las visitó, ellas creen que yo le voy a dar una noticia de aliento, pero parece ser que el Estado no ha puesto énfasis en esto, ya llevamos 30 años de venir pidiendo esa justicia, esa paz”, agregó.
Pro-Búsqueda recordó un hito significativo en la búsqueda de verdad y justicia: la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso «Operación Limpieza», más conocida como «Guinda de Mayo», en Chalatenango, que condenó al Estado salvadoreño por desapariciones forzadas de niñas y niños. Esta sentencia estableció el 29 de marzo como el «Día Nacional de la Niñez Desaparecida», para dar a conocer los hechos, concientizar a la sociedad y poder buscar respuestas a todos estos casos que todavía están sin resolver.
Pero esta sentencia también contempló otras medidas como la creación de un banco genético, así como la investigación penal para tratar de ubicar y juzgar a los presuntos responsables de los hechos. A años de la sentencia, aún no se tiene información actualizada sobre el reglamento a la Ley del Banco de Datos Genéticos aprobada en 2021, en donde se tomen en cuenta los estándares y peticiones hechas por Pro-Búsqueda para que respete la dignidad de las víctimas y que sea una herramienta para la identificación de personas para casos del conflicto como los actuales.
A pesar de los avances legales, la implementación de medidas concretas sigue pendiente. La falta de acceso a los archivos militares y la falta de aplicación de la ley del Banco de Datos Genéticos son obstáculos que dificultan el camino hacia la verdad y la reparación para las víctimas y sus familias.
Ana Julia Escalante, integrante de Pro-Búsqueda, comenta que una de las mayores limitantes para la búsqueda de las personas desaparecidas es el acceso a la información. “Las instituciones de sociedad civil tenemos un límite, una gran barrera, un gran muro que superar, pero se esperaría que las instituciones del Estado pudieran tener el acceso a la información dentro de su facultad, porque la tienen”.
Las familias ya dijeron lo que tenían que decir, ya dieron los indicios hasta donde ellos conocían, ya dieron las pruebas que ellos tenían, ahora lo que resta es que el Estado retome dentro de su responsabilidad el continuar la búsqueda”.
En última instancia, Pro-Búsqueda hace un llamado para retomar las reuniones sostenidas en el año 2022 entre la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con las organizaciones de víctimas, que se permita acceder a los archivos que contengan información de utilidad y que actualicen la ley y reglamento del Banco de Datos Genéticos.
Con 577 casos aún en gestión, Pro-Búsqueda subraya que se deben reconocer las necesidades de quienes sufrieron las desapariciones, tanto en su niñez como en la actualidad. Afirmaron que, desde su fundación, se han enfrentado a diferentes períodos y en cada uno han identificado la falta de respuesta de los diferentes gobiernos en turno. Reconocen que los niños y niñas desaparecidos -ahora personas adultas- también necesitan reparación, ya que son personas que se les quitó la oportunidad de desarrollarse junto a sus familias.
En su comunicado se reafirma el compromiso de Pro-búsqueda con las familias de las víctimas y su lucha incansable por la verdad y la justicia. La asociación recalca que la paz y la justicia solo pueden alcanzarse a través de la memoria y el reconocimiento de los crímenes del pasado.
José Laínez agregó: “El Estado salvadoreño está sumergido a seguir desangrándose porque si no se hace justicia estaremos sometidos toda la vida a cosas muy dañinas para el pueblo salvadoreño, porque para mí que se diera justicia en este país sería como irle cortando alas a la impunidad, para que todos los casos no queden impunes”.