Finalmente, el Juzgado de Sentencia de San Vicente entregó el fallo absolutorio del caso de los líderes ambientalistas de Santa Marta. El fallo determina la inocencia de los acusados de manera penal, pero los defensores alertan que con “la responsabilidad civil en abstracto» abre una posibilidad de iniciar un proceso civil en contra de los líderes.
Por Redacción
Después de varias suspensiones, el Juzgado de Sentencia de San Vicente entregó el fallo absolutorio del caso de los líderes comunitarios y ambientalistas de Santa Marta el pasado 30 de enero.
En el fallo son declarados inocentes. El tribunal, por mayoría, determinó que no existieron pruebas y absolvió penalmente a los acusados. Sin embargo, los jueces condenaron la responsabilidad civil “en abstracto” a algunos de los líderes, lo que abre una posibilidad de iniciar un proceso civil en contra de los acusados.
“¿Cómo es posible obligar a alguien a pagar por los daños de un delito que no ha cometido?”, cuestionaron las organizaciones y comunidad de Santa Marta en su comunicado.
Luis Rivera, abogado defensor, señaló que el daño no fue probado en el juicio, por lo que el tribunal no tuvo que dejar la responsabilidad civil. Con esto, la comunidad de Santa Marta queda a la espera del cierre definitivo del proceso judicial, ya que, a partir de la entrega del fallo, la Fiscalía General de la República y la defensa tienen 10 días hábiles para presentar una apelación.
Señalaron que el “delito” de los líderes fue defender el agua, el medioambiente, la salud y la vida amenazadas por proyectos extractivistas, y alertaron la posible persecución a más personas de la comunidad de Santa Marta, debido a la presencia de investigadores en la zona.
Además, denunciaron que el caso representó una manipulación de lo que implica la justicia restaurativa y transicional, ya que, en lugar de investigar las violaciones a derechos humanos cometidos por el ejército y grupos paramilitares en contra de la comunidad, que tuvo que exiliarse en Honduras durante ocho años para evitar el exterminio, la Fiscalía General de la República decidió acusar a los líderes de Santa Marta de un hecho que no cometieron.
El caso de los líderes de Santa Marta logró demostrar su inocencia; ahora, la comunidad de Santa Marta en Cabañas está a la expectativa de nuevas amenazas de persecución y de la futura explotación minera. “El reto va a ser defender cuando la presencia de la maquinaria esté en territorio con el tema minero; eso viene probablemente días después de las elecciones de 2027”, comentó Peter Nataren, de ADES Santa Marta.
La comunidad de Santa Marta hizo el llamado a mantener la resistencia comunitaria, como el caso de Tecoluca y MILPA que se encuentran en la defensa de sus territorios, y a la comunidad internacional a estar pendientes de los casos de persecución en contra de personas defensoras de derechos humanos.
