Mediante una reforma al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, se creó la Secretaría de Valores, una nueva entidad que será dirigida por un secretario nombrado por el presidente Nayib Bukele. Según lo publicado en el Diario Oficial el 29 de julio, esta institución será la “autoridad en materia de consejería ética, moral o espiritual” de la Presidencia.
Aunque en apariencia se trata de una instancia para fortalecer la integridad y la convivencia social, el movimiento feminista advierte que puede convertirse en un instrumento para institucionalizar una visión moralizante y conservadora que atente contra derechos ganados por mujeres, personas LGBTIQA+ y otras poblaciones históricamente marginadas.
Por. Redacción
La reciente creación de la Secretaría de Valores en El Salvador ha despertado preocupación entre organizaciones feministas y defensorxs de derechos humanos. Según el decreto presidencial, esta nueva institución será la «autoridad en materia de consejería ética, moral o espiritual de la Presidencia de la República» y tendrá la misión de «promover a nivel nacional aquellos principios y valores sociales que transmiten a sus habitantes y futuras generaciones».
Para representantes de la Asamblea Feminista, cualquier política estatal que hable de principios y valores debe estar explícitamente alineada con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, la igualdad de género, la no discriminación y por sobre todas las cosas, la autonomía de las personas.
Aseguran que la promoción de valores sin un marco explícito de derechos humanos e igualdad tiende a reproducir visiones conservadoras y patriarcales. Estas han justificado la desigualdad de género, la subordinación de las mujeres, la exclusión de la diversidad sexual y la homogeneización cultural.
Los valores no son neutrales y eso también hay que tenerlo claro. Pueden ser una herramienta para fortalecer una cultura de respeto, equidad, de libertad y de no discriminación o por el contrario, para imponer modelos únicos de familia, roles dirigidos de género y visiones que limitan la libertad individual”, agregaron.
Históricamente, en El Salvador y en otros países de la región, los discursos sobre «valores familiares» han servido para justificar leyes restrictivas contra el aborto y reforzar modelos de maternidad obligatoria y sumisión femenina. El movimiento feminista teme que esta Secretaría actúe como un brazo ideológico del gobierno para frenar los avances en cuanto a derechos de las mujeres y niñas.
Según el Movimiento por una Cultura Laica, la creación de la Secretaría de Valores en El Salvador refleja un patrón internacional. En Estados Unidos, por ejemplo, existe la “Oficina de la Fe” en la Casa Blanca, controlada por pastores evangélicos y sectores ultraconservadores, especialmente durante los gobiernos de Donald Trump. Esta oficina asesora al Ejecutivo en asuntos morales y espirituales, influyendo en políticas públicas desde una perspectiva religiosa.
Por ello, señalan que la actitud de Nayib Bukele, al mostrarse alineado con la Casa Blanca, sugiere un intento de replicar este modelo en El Salvador.
La estrategia no es inédita en la región: en Honduras, durante el inicio del mandato de Juan Orlando Hernández, se documentó la influencia de la organización Capital Ministers, fundada en 1996 por el pastor ultraconservador Ralph Drollinger, que busca incidir en diputados, ministros y otros líderes políticos para que gobiernen conforme a principios bíblicos.
El medio independiente Contra Corriente, de Honduras, publicó en 2019 la investigación “Bendición y Poder Militar”, en la que analiza cómo el gobierno de Hernández estuvo influenciado por representantes de un sector muy poderoso de la iglesia evangélica, desde la legislación hasta la toma de decisiones en áreas clave como salud, educación y seguridad.
El texto señala que este poder se ejerce de manera cotidiana, manteniendo a poblaciones vulnerables en un estado de desesperanza, lo que la lleva a creer que su salvación depende de lo que dicta la cúpula religiosa. Esto se traduce en la aceptación de las decisiones que la iglesia impulsa a los gobernantes.
Ante ese posible patrón en El Salvador, el movimiento feminista advierte que se abre la puerta a políticas regresivas, especialmente en derechos sexuales y reproductivos, educación integral en sexualidad, reconocimiento a la diversidad sexual y la protección frente a la violencia basada en género.
"En El Salvador básicamente solo nos quedaba la protección frente a la violencia basada en género, porque claramente a este gobierno inconstitucional, y en su periodo constitucional, decidieron eliminar cualquier forma de educación integral en sexualidad, que poco nada existía, pero que cerró toda esa posibilidad de ir reduciendo poco a poco las políticas en en derechos sexuales y reproductivos. Lo que hemos visto últimamente también es la negación de los feminicidios”, enfatizan.
Un recurso para imponer visiones conservadoras y limitar derechos
Entre las 12 atribuciones de la nueva Secretaría se incluye “promover a nivel nacional aquellos principios y valores que transmiten los más altos estándares de respeto al prójimo, solidaridad, convivencia, tolerancia, honestidad, participación, fe y armonía social”.
Para las feministas, este tipo de redacciones ambiguas y cargadas de connotaciones espirituales erosionan lo que quedaba del Estado laico. “La experiencia regional demuestra que, cuando la moral o la espiritualidad se convierten en parámetros oficiales para tomar decisiones, se rompe el principio de separación entre Iglesia y Estado”, subrayan.
El Salvador, cuyo Estado comenzó a incorporar principios laicos de manera progresiva desde la Constitución de 1883 —lo que implica separar las creencias religiosas de las decisiones políticas—, enfrenta el riesgo de diluir esa garantía y permitir la influencia de agendas ideológicas en la vida pública.
Para el defensor de derechos humanos, Alberto Romero, integrante del Movimiento por una Cultura Laica, el riesgo es claro: estas llamadas “Secretarías de Valores” pueden convertirse en plataformas para que el Estado imponga visiones conservadoras bajo el disfraz de principios morales. Agregó que, lejos de promover un debate plural, estas iniciativas buscan uniformar el pensamiento, vulnerando derechos fundamentales como la libertad de pensamiento y de creencias.
De la censura de las EIS al control moral desde el Estado
Durante 2024, en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), en Estados Unidos, Nayib Bukele afirmó en una entrevista que su gobierno estaba en contra de impartir contenidos de “ideología de género” en las escuelas. A partir de esa declaración, el Gobierno salvadoreño anunció la “eliminación” de la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) en la currícula escolar, a pesar de que nunca existió como un enfoque estructurado en el sistema educativo.
Esta onda expansiva alcanzó al Ministerio de Salud, que al mismo tiempo ordenó eliminar lineamientos de atención, modificar formularios y retirar material sobre diversidad sexual, prevención de ITS y VIH. Esta decisión ha hecho que la atención deje de ser integral, porque al no respetar las orientaciones e identidades de género, se vulnera el derecho a recibir atención digna y se desconocen los derechos de las personas LGBTIQA+ a una vida libre de violencia y discriminación.
Con la creación de la Secretaría de Valores, que otorga carácter de autoridad oficial, esta postura se refuerza. Lo que antes era una opinión o declaración presidencial sobre la EIS, se convierte ahora en un marco legal respaldado por el gobierno.
Promover principios, valores, ética y fe puede transformarse en una instancia de control sobre lo que se considera ‘correcto’ moralmente, ampliando el impacto de estas políticas más allá del ámbito educativo y consolidando una autoridad que influye directamente en la sociedad”. agrega Romero.
Por ello, hacen un llamado a una vigilancia activa sobre las funciones de esta nueva Secretaría de Valores. Temen que, bajo el discurso de los «valores», se justifique la censura, la exclusión de grupos disidentes y el retroceso en políticas de igualdad de género.
Además, alertan que el enfoque espiritual o moral no puede sustituir el enfoque de derechos. “Este tipo de instancias estatales deben ser escrutadas públicamente. El Salvador necesita políticas basadas en evidencias, no en creencias”, concluyen.
